Sánchez cuela en sus cesiones a Junts y ERC artículos del Estatut que anuló el Constitucional por crear "estructuras de Estado"

El Gobierno de España, encabezado por el líder socialista, se comprometió al "amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006". 

Es decir, a recuperar los artículos declarados nulos por la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, en la que el Tribunal Constitucional (TC) determinó, que de los preceptos del Estatut, hasta 14 eran inconstitucionales, en todo o en parte, y otros 27 debían ser sometidos a "interpretación" para que su literalidad pasara el filtro constitucional.

De momento, el Gobierno ya ha cumplido en, al menos, tres aspectos: 

Uno. El TC rechazó que la Generalitat pudiera exigir a las demás comunidades autónomas "un esfuerzo fiscal similar" como condición para que el Gobierno catalán realize el ajuste de sus "recursos financieros" (artículo 206, apartado 3).

Esa misma expresión, "esfuerzo fiscal similar", está incluida en el acuerdo del PSC y ERC para que Salvador Illa sea president, en el epígrafe de la "financiación singular" [consulte el documento en PDF].

Dos. El fallo del Constitucional declaró nulo el inciso "puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales" del apartado 2 del artículo 218, que se refiere a la autonomía y competencias financieras de las haciendas de los gobiernos locales.

Pero el PSOE ya se ha comprometido con los republicanos y también con Junts a traspasar a la Generalitat "la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña".

Y tres. Si el TC declaró inconstitucional que el catalán fuera la lengua "preferente" de las Administraciones Públicas (artículo 6, apartado 1), algunas de las consecuencias de la cesión de las políticas de extranjería podrían saltarse también este precepto. 

El texto de la proposición de ley asegura a Cataluña no entrar en los cupos anuales de extranjeros contratados en origen, gracias a los "deberes lingüísticos" que podrá imponer a los inmigrantes. Es más, el PSOE se aseguró de blindar esta concesión tres meses y medio antes de anunciar el acuerdo con el partido de Puigdemont, tal como desveló EL ESPAÑOL este sábado, cuando introdujo en un decreto del pasado noviembre la potestad de imponer a los inmigrantes saber catalán.

La "inmigración" y el TC

Las competencias "integrales" en inmigración son el último ejemplo de este proceso.

El compromiso se lo arrancó Junts al PSOE en enero de 2024, mediante un acuerdo de última hora en el Congreso, para que sus siete diputados permitieran la convalidación de los tres primeros reales decretos ley del nuevo Gobierno de coalición de Sánchez. Han tardado 14 meses en convertirse en proposición de ley.

El acuerdo se plasmó el martes en una Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Catalunya de competencias en materia de inmigración, registrada por PSOE y Junts en el Congreso de los Diputados. 

En una rueda de prensa ofrecida por videoconferencia junto a Jordi Turull y Míriam Nogueras, Carles Puigdemont presumidó de que su partido acababa de "lograr una competencia propia de un Estado" para la Generalitat.

Y efectivamente, esto es así.

Lo estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 sobre el Etatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. El fallo determina, en su fundamento jurídico 83,  que "el art. 138 EAC, cuya rúbrica es 'Inmigración' [...] sería claramente inconstitucional si, como parece deducirse de su enunciado, pretendiese atribuir a la Comunidad Autónoma competencias en dicha materia". Porque "es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado ex art. 149.1.2 CE".

Sin embargo, la sentencia no incluyó este precepto entre los 14 artículos anulados, porque según argumentó "admite una interpretación conforme con la Constitución si se entiende [...] que las potestades en él recogidas no se traducen en la atribución a la Generalitat de competencia alguna en materia de inmigración".

Según el fallo, el artículo 138 del Estatut "ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la 'inmigración' no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado, sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma" (como la atención e integración social de los inmigrantes).

Sólo "interpretado en esos términos", el precepto "no es contrario a la Constitución", concluye ese apartado de la sentencia.

Es curioso que Puigdemont, fugado de la Justicia española desde octubre de 2017, tras el intento de secesión que lideró desde la presidencia del Govern, utiliza al TC como fuente de autoridad. El mismo TC al que atribuyen, él y su partido, el origen del actual "conflicto político". 

Pero es menos llamativo si se tiene en cuenta que el PSOE también le atribuye al Constitucional esa culpa. El pacto por escrito signado con Junts para la investidura de Sánchez ya lo sostenía así: "Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010".

Y un poco más adelante, añadía: "La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía".

Así iniciaba el texto [consulte el documento en PDF] un prolijo relato que asumía todo el relato de justificaciones del separatismo, para exponer la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre como consecuencia de que "los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de [las] propuestas [de las mayorías independentistas en el Parlament], hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada".

Otra sentencia del TC, ésta del año 2016, tumbó "por unanimidad" la Ley 3/2015 de acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de ese año. El Constitucional anuló las disposiciones de esa norma que creaban la Agencia Tributaria de Cataluña y otras "estructuras de Estado" referidas a ámbitos como las infraestructuras y la energía.

Este punto también está avanzando en los últimos meses.

La llamada "financiación singular", la condonación de una gran parte de la deuda de Cataluña con el Estado y la "cesión del 100% de los tributos" que se pagan en Cataluña fueron incluidos en el ya citado pacto de PSC y ERC para que los independentistas de izquierdas le aseguraran la investidura a Salvador Illa.

El 'Acuerdo de Bruselas'

Cuando Santos Cerdán viajó a Bruselas a intentar cerrar el pacto de investidura de Sánchez con Junts, Félix Bolaños ya había firmado el acuerdo con el republicano Oriol Junqueras. En él, se avanzó en estos puntos económicos y financieros, y se añadió el compromiso de reabrir una comisión de investigación en el Congreso sobre la llamada Operación Cataluña y el presunto espionaje del CNI a los líderes independentistas.

Esta misma semana, el expresidente Mariano Rajoy tuvo que comparecer en ella.

Puigdemont nunca recibió al secretario de Organización del PSOE, y le obligó a negociar a distancia, con intercambios de cocumentos y sesiones telemáticas, a pesar de estar ambos en Bruselas. Cuando, finalmente, cerraron el pacto para que Junts asegurara con sus siete votos la reelección de Sánchez, el expresident huido en Waterloo (Bélgica) lo bautizó así, como el Acuerdo de Bruselas.

Fuentes de Junts explican que tal nombre no era sólo descriptivo de dónde se había tenido que negociar la investidura del presidente del Gobierno de España. Sino que pretendía ser un recordatorio de la "anomalía democrática" española. "Lo que dure la legislatura, dependerá del cumplimiento de ese texto", apuntaba entonces uno de los negociadores.

En la parte dispositiva de ese documento, de apenas cuatro páginas [consúltelo aquí en PDF], independentistas y socialistas, esencialmente acordaban dos cosas.

La primera, la elaboración de una Ley de Amnistía "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Y la segunda, reconocer sus "profundas discrepancias" y la conciencia mutua "de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender".

Ese acuerdo en estar en desacuerdo comprendía dos grandes apartados: "La superación de los déficits y limitaciones del autogobierno" y "el reconocimiento nacional de Catalunya". 

Prometido y cumplido

En el primero de los puntos, Puigdemont advertía de que su intención sería "de entrada, una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que establezca una cláusula de excepción para Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña".

Esto ya se está negociando: la Generalitat gesitonará el IRPF a partir de 2026 y, de hecho, hace sólo dos semanas que la comisión económica bilateral acordó ceder el Impuesto de Matriculación y que los funcionarios de la Agencia Tributaria de Cataluña "participen" en la campaña de la Renta de 2024, a punto de comenzar.

Por su parte, Sánchez opondría su propuesta de solución. Es decir, "apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña".

Es decir, la quita de deuda y a "financiación singular" fuera del régimen común, el llamado cupo catalán.

En este ámbito, el socialista ofrecía también "abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".

De momento, el Banco Sabadell, la Fundación La Caixa y Criteria ya han anunciado su regreso, al "no darse las circunstancias" que motivaron su salida en 2017. 

El segundo de los puntos de "profunda discrepancia", el del "reconocimento nacional", se explicaba del siguiente modo: Junts propondría "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución".

Y de su lado, el PSOE defendería "el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya".

Dicho y hecho: las cesiones de Sánchez a ERC y Junts ya han colado tres medidas del Estatut que anuló el Constitucional por crear "estructuras de Estado".