La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la Cámara Alta.
El PP logra sacar al lobo del listado de especies protegidas con apoyo de Junts y PNV, en otro revolcón para el Gobierno
El Senado ha aprobado una enmienda del PP que tendrá que ser ratificada por el Congreso. Se evita así el bloqueo a una ley del PP en la Cámara Baja.
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El Gobierno ha visto este miércoles como dos de sus socios parlamentarios clave, Junts y el PNV, se han vuelto a aliar con el PP. Esta vez ha ocurrido en el Senado, donde las tres formaciones han votado a la par para que se deje de considerar al lobo una especie especialmente protegida.
Si bien la exclusión del lobo aún no ha terminado todo el trámite parlamentario, la semana que viene irá al Congreso de los Diputados y lo previsible es que los grupos voten igual, lo que hará que sea efectiva y que se publique en el BOE. Con este movimiento, el PP conseguiría sortear el bloqueo del Congreso a una norma idéntica.
La alianza entre las tres formaciones es un asunto especialmente sensible para el Gobierno, no sólo por el hecho de que se estén explorando continuamente mayorías alternativas a la de investidura, sino porque hay posiciones encontradas en el seno del Ejecutivo en torno al lobo y la ganadería y ese tipo de debates pueden hacer mucho daño a la izquierda.
El PP ha conseguido esta victoria tras presentar una serie de enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario del propio Gobierno. En una de ellas, se abogaba por sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Lespre).
Esta enmienda ha sido aprobada por el PP, Junts y PNV, entre otros grupos, y según fuentes parlamentarias populares "si los grupos mantienen su coherencia de voto en la Cámara Baja, estas enmiendas se incluirían definitivamente en la ley y el lobo saldría del Lespre en cuanto se publicase dicha norma en el BOE".
El cambio viene después de que la Comisión Europea aprobara, el año pasado, cambiar la situación del lobo en Europa para pasar de ser una especie salvaje especialmente protegida a una especie salvaje protegida. El cambio entraba en vigor el pasado 7 de marzo de este año y, básicamente, se debía a que el estatus que tenía el animal había permitido el aumento de su presencia.
La nueva directiva da a los gobiernos nacionales más flexibilidad para regular las poblaciones del lobo, pudiendo permitir la caza controlada. El Gobierno de España, sin embargo, no ha entrado de lleno en el debate hasta el momento y ha estado bloqueando iniciativas en ese sentido.
De hecho, el Congreso de los Diputados votó a favor el año pasado de una proposición de ley para sacar al lobo del Lespre. Contó con el voto favorable del PP (que presentó la proposición), PNV y Junts, entre otros grupos pero lleva desde mayo de 2024 paralizada por la Mesa, presidida por la socialista Francina Armengol. La norma ha sufrido 30 ampliaciones del plazo de enmiendas, a pesar de que hay una mayoría evidente para que salga adelante.
Los recelos del Gobierno para abordar este debate se deben a dos motivos. El primer motivo es que dentro de la coalición y también dentro del propio PSOE conviven varias voces contradictorias entre sí. Por un lado, están los animalistas que no quieren rebajar el estatus del lobo y, por otro, los ganaderos y agricultores que sí quieren hacerlo.
Los animalistas están presentes en formaciones como Sumar, pero también en parte del PSOE. Sin embargo, los socialistas también tienen una importante base de ganaderos y agricultores (un sector de la población muy importante a nivel electoral) que están en contra de que el lobo tenga tanta protección.
Lo encarnizado que puede ser el debate entre estos dos sectores se vio la pasada legislatura con los perros de caza en la Ley del Bienestar Animal. La tramitación de la norma abrió una enorme brecha entre el PSOE y Unidas Podemos y protagonizó una de las principales crisis entre los dos socios la pasada legislatura.
El segundo motivo para evitar el debate en el Congreso de los Diputados, es que el Gobierno está mostrando una tendencia a bloquear normas de la oposición, ante la imposibilidad de aprobar las suyas propias. La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez hace que la Mesa no siga tramitando normas para las cuales hay una clara mayoría alternativa.
