El Consejo Fiscal expresa su apoyo a todos los anticorrupción, sin un amparo específico a los denunciados

El Consejo Fiscal ha acordado esta mañana transmitir su apoyo a todos los fiscales que integran la Fiscalía Especial Anticorrupción -incluido su nuevo jefe, Manuel Moix- por el trabajo que realizan. El órgano de representación de los fiscales ha zanjado de esta manera la petición de los tres miembros de ese órgano -José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa- que solicitaron el amparo expreso del fiscal general y del consejo tras ser denunciados por un empresario que ha declarado contra la familia Pujol y que tiene la condición de investigado por un delito de blanqueo de fondos de la mafia china.

El pasado 28 de marzo el empresario Rafael Pallardó presentó una denuncia contra Grinda, Bermejo y Rosa, a los que atribuye presiones para que declarase contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia por los fondos que ocultaron a partir de 2010 en la Banca Privada de Andorra, donde el denunciante trabajó.

La denuncia fue remitida por el jefe de la Fiscalia Anticorrupción, Manuel Moix, a la Fiscalía de Barcelona (donde el 30 de octubre de 2014 se celebró la reunión entre Pallardó y los fiscales) para que sea investigada. 

Grinda, Bermejo y Rosa reaccionaron solicitando el amparo del fiscal general, José Manuel Maza, con el que se reunieron la pasada semana para entregarle un escrito en el que afirman que la reunión con Pallardó fue autorizada por el entonces fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, y  sostienen que el ahora denunciante "nos solicitó el pago de fondos reservados para dar la información" sobre los Pujol. "Se le dejó meridianamente claro que eso no era posible, que la Fiscalía no pagaba", añaden en el escrito en el que reclaman amparo, firmado por todos sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción.

Los tres fiscales afirman sentirse "perturbados e inquietados en el ejercicio imparcial de nuestras funciones" por esa denuncia, que vinculan a otra presentada contra Grinda por el exdirectivo de la BPA Santiago Roselló y a una supuesta operación de desprestigio orquestada por los propietarios de ese banco, Ramón e Higini Cierco, lo que éstos niegan.

Durante el Consejo Fiscal se ha puesto de manifiesto que cualquier denuncia que se dirige contra un fiscal debe ser objeto de consideración, por lo que Moix no ha actuado incorrectamente al dar trámite al escrito de Pallardó para que el órgano competente se pronuncie.

Reclama "respeto"

Los representantes de la carrera fiscal han acordado expresar su apoyo a todos los fiscales que luchan contra la corrupción, sin una alusión específica al amparo pedido por Grinda, Rosa y Bermejo. El comunicado señala textualmente que "la lucha contra la corrupción es una necesidad y una exigencia de la sociedad española que involucra sin duda a todos los profesionales que integramos con orgullo el Ministerio Fiscal español".

"Todos los componentes de la Fiscalía Anticorrupción", añade, "desarrollan un trabajo difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidas con cualquier finalidad para condicionar su actuación. El Consejo Fiscal reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto y que se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función.

De otro lado, a la falta de algunos informes, el Consejo Fiscal ha aplazado el dictamen que debe emitir sobre la propuesta de Moix de que sean los fiscales anticorrupción de Barcelona, en lugar de Grinda y Bermejo, los que asuma la representación del Ministerio Público en el caso 3%.

En concreto, los consejeros quieren que el fiscal jefe explique las cargas de trabajo de los diferentes fiscales anticorrupción y que Grinda y Bermejo aclaren si su criterio es plantear una cuestión de competencia para que ese procedimiento, que ahora tramita un Juzgado de El Vendrell, se traslade a la Audiencia Nacional, lo que creen que les permitiría seguir llevándolo.

Rechazada la remoción de Moix

Por otra parte, el Consejo Fiscal ha rechazado, por nueve votos frente a tres, la petición de los consejeros de la Unión Progresista de Fiscales (Sofía Puente, Eduardo Esteban y Fernando Rodríguez Rey) de que el fiscal general remueva de su cargo a Moix, nombrado jefe de Anticorrupción el pasado febrero.

Estos tres vocales, que no apoyaron ese nombramiento, sostienen que las conversaciones interceptadas al expresidente del Gobierno madrileño Ignacio González, en las que indicaba que Moix "es un tío bueno", "dañan la credibilidad del fiscal jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad".

"Al mismo tiempo", añaden, "la forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como fiscal jefe, su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso Lezo y el trato dado a uno de los fiscales encargados del asunto tras la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal reflejan una concepción de la jefatura que no solo no compartimos sino que rechazamos".

Los vocales se refieren al hecho de que Carlos Iáñez, encargado de la operación Lezo, sometiera a la junta de fiscales anticorrupción sus discrepancias jurídicas con Moix anunciándole que, tras esa reunión, presentaría su renuncia a la comisión de servicio que le permite estar en la Fiscalía Especial en vez de en su plaza de fiscal de Granada (comisión de servicio que le había sido prorrogada por Moix). Posteriormente Iáñez se arrepintió de lo dicho y, cuando el fiscal jefe le recordó que tenía que "cumplir su palabra", le contestó que el anuncio de que iba a renunciar había sido "un calentón".