El mayor Trapero y el nuevo jefe de los Mossos, apercibidos penalmente

La impugnación por el Gobierno del decreto de la Generalitat que fija las normas para el desarrollo de la votación independentista el 1-O solicita al Tribunal Constitucional que la suspensión de esas disposiciones se notifique personalmente a 62 cargos de la Administración catalana que pueden intervenir de alguna forma en la preparación o celebración del referéndum.

Entre ellos figura el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, que accedió a este cargo el pasado 17 de julio después de que Albert Batlle presentara su dimisión en desacuerdo con la deriva independentista.

"Votaremos el 1 de octubre, no lo podrán evitar", escribió Soler el 4 de julio en Twitter, desde donde se ha dedicado a descalificar a España con expresiones como "Espero que nos vayamos ya, porque me dais pena todos los españoles".

Ahora Soler ha sido apercibido de forma personal de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" la suspensión de los decretos sobre el referéndum, ya que el TC ha aceptado la petición del Gobierno de que el director de los Mossos sea notificado de las resoluciones dictadas por el tribunal este jueves, con expresa advertencia de la responsabilidad penal en que puede incurrir si no las acata.

En la misma situación están Josep Lluis Trapero, comisario jefe/mayor de los Mossos,; Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central; Luis Fernando López Navarro, comisario jefe de Coordinación Territorial, y Emilio Quevedo, comisario general técnico de planificación de la seguridad.