El juez del "caso Villarejo" admite una querella por espionaje contra otro directivo del BBVA
El juez investiga el posible espionaje que la entidad bancaria llevó a cabo contratando al excomisario José Manuel Villarejo.
23 septiembre, 2020 15:44Noticias relacionadas
El juez del "caso Villarejo" ha admitido la querella contra el ex director del gabinete de presidencia del BBVA y actual jefe de auditoría interna de la entidad, Joaquín Gortari, presentada por un perjudicado por el supuesto espionaje que el banco encargó al excomisario José Villarejo.
En su auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acepta la querella interpuesta a principios de año por el abogado Felipe Izquierdo, que también se dirige contra el que fuera presidente del BBVA, Francisco González, y la propia entidad, si bien ambos ya habían sido imputados previamente en la causa.
Según expone el magistrado, la admisión a trámite ha contado con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, con lo que el querellante podrá figurar en el caso como acusación particular "en cuanto persona perjudicada por el delito".
Espionaje
El "caso Tándem", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
En el auto de levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".