El CGPJ en prórroga ha nombrado al 93% de los cargos judiciales por unanimidad o por 3/5

Un análisis de los 59 nombramientos de altos cargos judiciales realizados por el Consejo General del Poder Judicial desde que hace dos años entró en prórroga de mandato da como resultado que el 93% de las designaciones se han efectuado por unanimidad o por una mayoría cualificada de tres quintos. El balance pone de manifiesto que los candidatos eran incuestionables para todos los vocales o que lograron un significativo apoyo de más de 13 votos (de un total de 21).

Pese a ello, efectuar nombramientos es la competencia nuclear del CGPJ que el PSOE y Unidas Podemos pretenden suprimir cuando el órgano de gobierno de los jueces esté en prórroga, a tenor de las dos propuestas de reforma sucesivas que han presentado el 13 de octubre y el 2 de diciembre pasados. En contra de las advertencias de la Comisión Europea, los socios de gobierno quieren acometer esa modificación sin escuchar la opinión de la institución cuyo estatuto y facultades constitucionales se van a ver afectadas.

El actual CGPJ terminó su mandato de cinco años en diciembre de 2018, sin que PSOE y PP hayan alcanzado un acuerdo para su renovación. Desde enero de 2019 ha efectuado 59 nombramientos de cargos judiciales discrecionales frente a los 32 que hizo durante su prórroga el CGPJ presidido por Francisco Hernando, del que formó parte el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y que estuvo en funciones un año y 11 meses.

Respaldo

Del total de nombramientos, 19 han sido en el Tribunal Supremo, 8 en la presidencia de Tribunales Superiores de Justicia, 14 en presidencias de Sala de TSJ, 16 en presidencias de Audiencias Provinciales y dos en la Audiencia Nacional (su presidente, José Ramón Navarro, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Eduardo Menéndez Rexach, ambos por unanimidad).

El 30,5% de ellos han sido aprobados de forma unánime, pero ese porcentaje se eleva a 9 de cada 10 nombramientos si el parámetro es la mayoría cualificada de tres quintos.

En diciembre de 2018, el Gobierno socialista cambió la ley para volver a introducir la necesidad de efectuar por tres quintos la elección de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de TSJ. Pero el CGPJ que preside Carlos Lesmes ha realizado por tres quintos también los nombramientos discrecionales que no requieren esa mayoría: presidentes de Sala de TSJ y de Audiencias Provinciales.

De hecho, sólo tres del conjunto de nombramientos realizados durante la prórroga han salido adelante por la mínima (11 votos). Se trata de las Audiencia Provinciales de Lérida, Valencia y Valladolid. La primera recayó en una candidata progresista y las otras dos, en candidatos conservadores.

El actual CGPJ está constituido por once vocales propuestos por el PP, a los que se suele sumar el presidente Lesmes; siete por el PSOE, uno por PNV y otro por IU. De los nombramientos efectuados en los dos últimos años, el 62% ha sido favorable a candidatos conservadores.

Pero esa preponderancia no se ha cumplido en el Tribunal Supremo, al que han sido promocionados más aspirantes progresistas que conservadores. Sólo en el pleno del 30 de septiembre hubo seis nombramientos en la cúpula judicial -tres de ellos en la Sala Penal- que favorecieron a cuatro candidatos progresistas y a dos conservadores.

Sólo el 32% magistradas

En cambio, de los ocho presidentes de TSJ elegidos durante los dos últimos años siete han sido conservadores y uno progresista. Las presidencias de Sala de TSJ están casi equilibradas (ocho conservadores y seis progresistas), mientras que en las presidencias de las Audiencias Provinciales se ha situado a 12 aspirantes conservadores y cuatro progresistas. Ocho de ellos, no obstante, tuvieron un apoyo unánime: Jesús Pérez Serna en la Audiencia de Zamora; Cesáreo Miguel Monsalve en Albacete; José Manuel Marco Cos en Castellón; José Manuel Sanchez Siscart en Soria;  María Félix Tena en Cáceres; Francisco Javier Menéndez en Pontevedra; Ignacio Pando en Segovia y Francisco de Paula Sánchez Zamorano en Córdoba.

Existe una notable desproporción, sin embargo, entre hombres y mujeres. De los 59 nombramientos realizados, sólo 19 (el 32%) han recaído en magistradas. Hay que indicar que hubo algunas plazas, sobre todo de presidencias de Tribunales Superiores, para las que hubo un único candidato magistrado (Aragón, Baleares o Navarra) y otras en las que había varios aspirantes pero ninguno era una magistrada (Cantabria).