El informe de los indultos culpa al PP de la deriva en Cataluña por su "renuncia al diálogo político"

Una parte común a todos los informes justificadores de la medida de gracia analiza La opción de no conceder el indulto. En ella se sostiene que el Ejecutivo "también tiene obligaciones en negativo" consistentes en que "debe no solo huir de la inacción política sino también abstenerse de emprender toda acción que pueda empeorar o agravar aún más la situación".

En este sentido, considera que una decisión denegatoria del indulto traería consigo la "agravación" y "cronificación del conflicto". Lo argumenta así: "Gran parte de la sociedad catalana -incluso no independentista- no entendería, en un momento como el actual, cuando se inicia una nueva etapa política en Cataluña, que el Gobierno central permaneciera inactivo. No entendería que no se hiciera uso de un mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política allí existente y para encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento".

En definitiva, la denegación de los indultos "obstaculizaría seria y gravemente" ese "nuevo escenario político e institucional que está empezando a surgir, pudiendo abocarlo nuevamente a una vía muerta", defiende la Moncloa.

A partir de aquí el documento aprovecha la justificación de la medida de gracia para criticar al PP. "Existen antecedentes históricos que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo", afirma.

"De hecho", añade, "la historia reciente de las relaciones entre Cataluña y el resto de España está marcada por el desencuentro y la judicialización derivada de la inacción del Gobierno de España del momento".

Tras el Estatut

El informe, conocido por EL ESPAÑOL, recuerda que el último gran acuerdo político transversal en Cataluña se remonta a hace 15 años con la aprobación del Estatut. Ese nuevo marco jurídico alcanzó un 74% de votos favorables en Cataluña, "algo que hoy parece impensable", remarca el Gobierno. No cita, sin embargo, que el Estatuto catalán de 2006 sólo fue votado en referéndum no vinculante por el 48,85% de los catalanes.

En los años siguientes "se produjo un aumento importante del sentimiento independentista y una clara radicalización de las posiciones de una parte de la sociedad catalana", añade.

"Son años de manifestaciones multitudinarias, de confrontación constante entre Gobiernos nacional y autonómico y de progresiva polarización", resume el documento.

La judicialización

A lo largo de ese proceso, "el diálogo político se vio progresivamente sustituido por
la confrontación institucional. El Gobierno central eludió cualquier acción política y dejó en manos de la Justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas, que fueron creciendo en intensidad".

A su juicio, ese planteamiento "sirvió para mostrar la fortaleza del Estado de Derecho, pero no para restaurar la desafección de una parte muy importante de la sociedad catalana".

Para apoyar esta afirmación, el informe se remite a los sondeos demoscópicos del Centre d'Estudis d'Opinión, entidad dependiente de la Generalitat. De acuerdo con esos barómetros, en 2006 el independentismo contaba con un apoyo del 14% de la población catalana. [Entre 2006 y 2008 gobernó Cataluña José Montilla, del PSC]

A partir de ese año, se produjo un incremento del independentismo que llegó a un apoyo del 49% en 2013 [con Artur Mas, de Convergencia Democrática de Cataluña, en la presidencia de la Generalitat].

A partir de ese año se inicia una tendencia descendente y en 2017 el independentismo contaba con un apoyo de 35% de los catalanes. En el último barómetro, realizado este año, el respaldo al independentismo se cifraba en el 44,9%.

"Todos estos hechos confirman que la renuncia al diálogo político trae graves consecuencias para la convivencia y la paz social en nuestro país", afirma el Ejecutivo de Sánchez.

"Es un camino que ya se ha probado y no queremos repetir. Sin diálogo no puede haber futuro en común", concluye.