Juan Carlos I mostró a la Agencia Tributaria su disposición a "una revisión completa y exhaustiva"

Así consta en el escrito que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dirigió a las autoridades fiscales de Liechtenstein pidiendo información sobre la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans-Borbón.

El primo del rey emérito le financió vuelos en jets privados entre 2006 y 2018. Sólo a partir de 2914, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser inviolable, el importe de esos desplazamientos ascendió a ocho millones de euros, que fue la cantidad regularizada en febrero.

"Su representante [del rey emérito] explicó que la finalidad de las citadas declaraciones fiscales complementarias era pagar los impuestos correspondientes a las plusvalías no declaradas que había obtenido. En los años mencionados se benefició de viajes pagados por la Fundación Zagatka. Los ingresos correspondientes (prestaciones en especie) no habían sido declarados a las autoridades fiscales como ganancias de capital en las declaraciones de impuestos originales", explicaba la comunicación de la ONIF a Liechtenstein, conocida por EL ESPAÑOL.

"Poner orden"

El escrito informaba de que se está llevando a cabo una inspección de la situación tributaria del rey emérito, "que se considera residente en España a efectos fiscales y, por lo tanto, está obligado a pagar impuestos sobre sus ingresos y activos en todo el mundo".

La ONIF daba cuenta de que las declaraciones complementarias del IRPF presentadas corresponden a los años 2014 a 2018. "Según él [Juan Carlos I], estaba dispuesto a someterse a una revisión exhaustiva con respecto a los años mencionados y, por tanto, a poner orden en sus asuntos fiscales".

"Las cantidades no ingresadas en los plazos legales, que fueron objeto de declaraciones tributarias complementarias, superan el importe de 120.000 por ejercicio fiscal fijado por la ley en el artículo 305 del Código Penal como indicio objetivo de la existencia de indicios de la comisión de un delito fiscal. Sin embargo, el propio artículo 305 del Código Penal especifica que el fraude no es punible si el contribuyente regulariza voluntariamente su situación fiscal", exponía a las autoridades de Vaduz.

"Para que la regularización voluntaria surta los efectos previstos en el artículo 305 del Código Penal", añadía, "el contribuyente debe reconocer y liquidar íntegramente las deudas tributarias objeto de la regularización".

Y, con el fin de determinar si ese "pleno reconocimiento y liquidación" de la deuda es completo y veraz, los inspectores están llevando a cabo las comprobaciones e investigaciones "oportunas".

"Si la Administración fiscal no puede establecer la existencia de un reconocimiento y una liquidación completos de la deuda, puede remitir el caso a la Fiscalía", advertía la ONIF.

"En este contexto, el caso fiscal que se examina puede constituir un comportamiento premeditado que puede ser objeto de un proceso penal", insistía.

La comunicación de la ONIF refleja que los inspectores -que en efecto están llevando a cabo una minuciosa revisión de los gastos e ingresos del anterior jefe del Estado entre 2014 y 2018- no se han dado por satisfechos con la información que los representantes de Juan Carlos I proporcionaron sobre los vuelos financiados por Zagatka. 

"En el curso del procedimiento fiscal, nuestros auditores fiscales pidieron al representante [del anterior jefe del Estado] los documentos subyacentes relativos a las citadas plusvalías y aclaraciones sobre el papel de la Fundación Zagatka. (...) Se proporcionaron algunas facturas y medios de pago. El representante declaró que ésta era la única información de que disponía, tras haberla solicitado a la Fundación Zagatka".

Según la ONIF, "a pesar de la disponibilidad de algunos datos, sigue faltando información y documentación que nuestros auditores fiscales consideran esenciales para establecer la existencia y liquidación" de la deuda.

Las autoridades fiscales de Liechtenstein han facilitado a la Agencia Tributaria española información y documentos adicionales que, de acuerdo con las fuentes consultadas, coinciden con los datos de los que ya disponían los inspectores facilitados por los representantes de Juan Carlos de Borbón.

Las mismas fuentes sostienen que de la respuesta de Liechtenstein no se desprende que Juan Carlos I sea propietario "ni de lejos ni de cerca" de la Fundación Zagatka.