La ministra Llop frena el envío al Congreso del proyecto que da al fiscal la investigación penal

El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020 y desde entonces se encuentra pendiente de informes que son preceptivos, como el del Consejo General del Poder Judicial.

Su contenido, elaborado por un equipo dirigido por el prestigioso magistrado Juan José López Ortega, que también intervino en el anteproyecto de 2011, supone una completa revolución en el modelo de Justicia penal español. 

De acuerdo con el anteproyecto, el fiscal no sólo seguirá siendo, como hasta ahora, el responsable de ejercitar la acción penal pública sino que asume la dirección de los procedimientos de investigación criminal en sustitución de los jueces de instrucción, que desaparecen.

El fiscal tendrá a la Policía Judicial a sus órdenes, determinará a quién investigar y a quién no y decidirá la duración del proceso, aunque el anteproyecto le somete a la vigilancia del nuevo juez de garantías, que tendrá "la misión específica de evitar que se violenten los derechos que asisten al sujeto investigado".

Se reservan al juez de garantías la autorización, a petición del fiscal, de las diligencias que afecten a derechos fundamentales (interceptación de comunicaciones, entradas y registros, etc.) y la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva.

La iniciativa comenzó a ser desarrollada al principio de la actual legislatura con el fin de que diera tiempo a una detenida tramitación parlamentaria. Sin embargo, la introducción de esa inusual "comisión interinstitucional" para reevaluar el anteproyecto antes de remitirlo a las Cortes ha introducido dudas sobre la viabilidad de su aprobación durante la XIV legislatura.

Otros datos abonan esa incertidumbre: desde el Ministerio de Justicia se ha indicado al Consejo General del Poder Judicial que "no hay prisa" en la emisión de su dictamen, sin el cual el texto no puede volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley.

El texto ya ha sido informado por el Consejo Fiscal y también por la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación. Habitualmente esos dictámenes, junto al del órgano de gobierno de los jueces, son suficientes para la reelaboración del anteproyecto en el Ministerio de Justicia antes de su nuevo envío al Consejo de Ministros. 

"Nueva valoración"

La "comisión interinstitucional" estará integrada por representantes del CGPJ, la Fiscalía, la Abogacía, los procuradores y las universidades, entre otros.

Desde el Ministerio de Justicia ya se han dirigido a estas instituciones para informarles de que la comisión, de "composición plural", tiene por objeto "efectuar una nueva valoración técnica" del anteproyecto, "de la que podría resultar la introducción de modificaciones en el texto actual".

El CGPJ designó el pasado 30 de septiembre a sus dos representantes, la letrada del Consejo Cristina Amich y la magistrada María Dolores Hernández.

Es usual que, durante la tramitación de los más relevantes proyectos legislativos, el Congreso cite a comparecer a expertos y representantes de organismos concernidos por la iniciativa, pero es infrecuente que eso se haga durante la fase prelegislativa.

Desde el Ministerio de Justicia se sostiene que, si se logra el consenso de los operadores jurídicos en esa comisión, la aprobación de la iniciativa será más factible.

Pero otras fuentes ministeriales admiten que va a ser "muy difícil" poner de acuerdo a instituciones con puntos de vista e intereses tan diferentes, cuando no enfrentados, y rememoran la frase atribuida a Napoleón: "Si quieres que algo sea hecho nombra un responsable, si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión".