Bertossa: "No se ha confirmado la sospecha de un pacto corrupto con Juan Carlos por el AVE"

"Las diligencias preliminares no han relevado sospechas suficientes de la comisión de un delito para justificar el envío de los investigados a juicio", concluye Bertossa en su acuerdo de archivo, conocido por EL ESPAÑOL.

Acuerdo de archivo de la investigación suiza./ E.E.

Bertossa ha llevado a cabo desde agosto de 2018 una investigación sobre el origen del dinero ocultado por Juan Carlos I en una cuenta en el banco suizo Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum, 100 millones de dólares procedentes de una "supuesta donación" -dice- del rey saudí Abdalá, fallecido en 2015.

El rey emérito no ha figurado nunca como investigado en ese procedimiento, que Bertossa ha dirigido por un presunto delito de blanqueo de capitales contra la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen; los gestores de la Fundación Lucum, Arturo Fasana y Dante Canónica, y contra la entidad Mirabaud.

Tras la investigación, la Fiscalía suiza ha "constatado" -indica la resolución de Bertossa- seis hechos.

El primero es que el 8 de agosto de 2008 Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares (64.884.405 euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum "de la que era el beneficiario efectivo". La cuenta de Lucum estaba en el banco Mirabaud de Ginebra.

Página del informe de apertura de la cuenta de Lucum con la mención a la donación del rey saudí. E.E.

"Esta transferencia no estaba suficientemente documentada, ya que las partes implicadas se contentaron con las explicaciones verbales de Arturo Fasana y Dante Canónica. En particular, ningún contrato de donación entre el antiguo rey de Arabia Saudí y Juan Carlos I se presentó, ni siquiera se solicitó"por los gestores del patrimonio del entonces jefe del Estado español o por parte de la entidad bancaria.

"Los investigados no llevaron a cabo ninguna verificación para determinar si esta cantidad había sido declarada a las autoridades españolas por Juan Carlos I a efectos fiscales y si debería haberlo sido".

Tampoco se verificó si el rey saudí "tenía derecho a tomar la suma de la suma de 100 millones de dólares de las cuentas públicas y donarla a Juan Carlos I".

Donación en efectivo

En segundo lugar, Bertossa ha constatado que Juan Carlos I recibió "en efectivo" 1.895.250 dólares del sultán de Bahrein, cantidad que Fasana transfirió a la cuenta de la Fundación Lucum el 7 de abril de 2010.

"Esta transferencia no estaba documentada. No se presentó ningún contrato, ni siquiera se solicitó. De nuevo, los investigados no realizaron ninguna comprobación para determinar si esta cantidad había sido declarada a las autoridades españolas a efectos fiscales por Juan Carlos I y si debería haberlo sido", indica el fiscal helvético.

En tercer término, se ha comprobado que se realizaron varias transferencias entre la cuenta de la fundación Lucum y las cuentas de Corinna Larsen en Mirabaud.

En cuarto lugar, se ha verificado que el 23 de noviembre de 2010, Larsen "recibió en su cuenta personal de Mrabaud 5.000.000 de dólares de Kuwait y el 5 de mayo de 2014, a la cuenta de su empresa Gulf Developement Iniciative, un importe de 2.000.000 dólares de Bahrein".

"Estos pagos", subraya, "se realizaron poco después de una visita oficial de Juan Carlos I a Kuwait y Bahrein. Estas transacciones no han sido suficientemente documentadas".

Las cuentas de la examante del rey emérito en Mirabaud son las que, a la postre, han hecho a la entidad acreedora de una multa de 50.000 francos suizos por violar la obligación de informar a la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Capitales.

Corinna, PEP hasta 2016

El pasado 24 de septiembre Bertossa tomó declaración como testigo a Jéróme Desponds, que se incorporó al Mirabaud como responsable de riesgo y cumplimiento normativo en febrero de 2013.

Aseguró que se enteró de la existencia de la antigua relación mantenida con la fundación Lucum a finales de ese año durante la revisión de los clientes calificados como PEP (personas políticamente expuestas) en 2012.

En el marco de esa revisión fue cuando Larsen fue considerada PEP "tras las revelaciones públicas de su relación con Juan Carlos I", dijo Desponds.

Larsen fue identificada como PEP "desde 2012 hasta 2016, fecha que marcó el fin de su relación sentimental con Juan Carlos I".

Según Larsen, esa relación sentimental con el monarca español habría terminado en 2009, aunque son numerosos los indicios de que siguieron vinculados por negocios con posterioridad a esa fecha.

En quinto lugar, se ha constatado que el 6 de junio de 2012 se transfirieron 3.500.000 euros desde la cuenta de la Fundación Lucum a una cuenta del banco Gonet a favor de Canónica. El abogado suizo declaró esa cantidad a efectos fiscales tras la apertura del procedimiento penal y regularizó así su situación tributaria.

Finalmente, Bertossa consigna que la cuenta de la fundación Lucum se cerró en junio de 2012 y su saldo, que representaba 65.000.000, fue transferido a una cuenta de la empresa Solare en el banco Gonet-Bahamas cuya beneficiaria efectiva era Corinna Larsen.

Segunda y última página del contrato de donación./ EL ESPAÑOL

Sin justificación clara

El fiscal suizo señala que la investigación ha revelado que "la justificación de la transferencia de 100 millones de dólares a la cuenta de la fundación Lucum en el banco Mirabaud no ha podido determinarse claramente, ya que la supuesta donación realizada por el antiguo rey de Arabia Saudí desde la cuenta del Ministerio de Finanzas no se basaba en ningún contrato escrito" y las declaraciones de los investigados "no han permitido despejar las dudas".

Fasana y Canónica, "que fueron los responsables del acuerdo financiero que permitió a Juan Carlos I recibir esa importante cantidad de dinero en Ginebra, así como de la estructura que albergaba los fondos", se "acomodaron" a lo que les dijeron el actual rey emérito y el ex embajador saudí sobre el origen de los fondos en el sentido de que era una donación, "sin que ninguno de ellos haya tenido contacto directo con el presunto donante".

El banco Mirabaud, por su parte se contentó con las explicaciones de Fasana.

"El uso de una fundación, así como de empresas domiciliarias por parte de los distintos protagonistas, demuestra una voluntad de ocultación", afirma el fiscal de Ginebra.

"Los importes, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen) así como la cronología de los hechos (traspaso a favor de Juan Carlos I mientras el concurso para la construcción del tren entre Medina y La Meca ya se había puesto en marcha, los pagos a Corinna Larsen unos días después de la visita oficial del antiguo rey de España a los países donantes) son también pruebas contra los investigados", afirma.

"Sin embargo", añade, "la información recibida de las autoridades españolas no ha confirmado la sospecha de una relación entre la transferencia de los 100 millones de dólares y un posible pacto corrupto relacionado con la construcción del tren".

Bertossa envió el 16 de agosto de 2019 una comisión rogatoria a la Fiscalía española para "verificar las acusaciones de que los fondos de Juan Carlos I en Suiza estaban potencialmente vinculados a actos de corrupción" relacionados con la adjudicación de la construcción del llamado AVE del desierto.

La Fiscalía española contestó la petición del fiscal suizo en enero de 2020, proporcionándole documentos que figuran en la investigación abierta por Anticorrupción en diciembre de 2018. Bertossa ha dispuesto tanto de las cintas de Corinna -las conversaciones grabadas por el comisario Villarejo- como de una copia del
contrato entre un consorcio español y el Gobierno de Arabia Saudí para la construcción del tren. Los documentos señalan que la adjudicación fue posterior a la donación de los 100 millones de dólares a Juan Carlos I.

Sin colaboración saudí

Bertossa señala que una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre ese punto "probablemente fracasaría", ya que la obtención de pruebas en este Estado es "muy difícil".

Durante la investigación, concretamente el pasado 17 de agosto de 2021, el fiscal informó a los investigados que estaba valorando pedir una prueba pericial jurídica sobre el Derecho saudí, a lo que las partes se opusieron.

El acuerdo de archivo señala a ese respecto que "se renuncia" a "un posible peritaje jurídico para determinar si la transferencia de fondos a Juan Carlos I por parte del anterior rey de Arabia Saudí puede calificarse según la ley saudí -en concreto, la sharia- como un acto de gestión desleal de los intereses públicos". La renuncia se debe a "las dificultades para establecer y debatir el resultado de dicho peritaje".

"En vista de lo anterior", concluye, "las diligencias preliminares no revelaron sospechas suficientes de la comisión de un delito para justificar el envío de los investigados a juicio".