Jueces para la Democracia frena un escrito que acusa a Pilar Llop de retrasar la investigación por el fiscal

Se trata de una de las iniciativas más relevantes del Ministerio impulsada por su anterior titular, Juan Carlos Campo, y que revoluciona el modelo de Justicia penal: los fiscales dirigirán la investigación de los delitos en lugar de los actuales jueces de instrucción y se crea la figura del juez de garantías, con la "misión específica de evitar que se violenten los derechos que asisten al sujeto investigado".

Los trabajos de la nueva ley procesal penal arrancaron nada más comenzar la legislatura con el fin de que diera tiempo a una detenida tramitación parlamentaria de una ley tan compleja y trascendental. Un equipo de expertos dirigidos por el magistrado Juan José López Ortega entregó en ocho meses un texto completo de 789 artículos teniendo en cuenta las iniciativas que se intentaron en 2011 y 2013. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 24 de noviembre de 2020.

Desde entonces el anteproyecto ha sido informado por la Fiscalía y por la Comisión General de Codificación y se encuentra pendiente del dictamen preceptivo del Consejo General del Poder Judicial.

"Revisarlo"

Tras su llegada al Ministerio en julio de 2021, el equipo de Justicia trasladó al CGPJ que no había prisa en la emisión del informe porque la nueva ministra tenía la idea de "revisarlo".

En septiembre el Ministerio anunció que iba a formar un 'grupo interinstitucional' para "mejorar el texto de la nueva norma". La constitución efectiva se produjo el 27 de octubre con representantes del CGPJ, la Fiscalía, los consejos generales de la Abogacía y de los Procuradores y del ámbito académico. 

La comisión penal de Jueces y Juezas para la Democracia -una de las más activas y potentes de la asociación- se reunió en noviembre y acordó emitir un comunicado muy crítico con la constitución de esa 'comisión interinstitucional' por considerarla innecesaria en esa fase prelegislativa, por ralentizar sin motivo la tramitación del anteproyecto y por poner en riesgo la aprobación de la iniciativa durante esta legislatura.

El comunicado fue sometido a la consideración del comité permanente de la asociación en una reunión que tuvo lugar en noviembre en Zaragoza. Allí se decidió posponer la difusión hasta enero o febrero a la espera de que para entonces estuvieran concluidos los trabajos del "grupo interinstitucional".

No ha sido así. La comisión penal de JpD acordó, por ello, en una nueva reunión celebrada el 1 de abril dar a conocer el comunicado aprobado, de forma unánime, cinco meses antes.

El secretariado, sin embargo, ha bloqueado la difusión del documento alegando que, "efectuadas gestiones con el Ministerio", los trabajos de la comisión interinstitucional "están finalizados, habiéndose fijado como fecha de la última reunión el 18 de abril".

Para el secretariado, "la emisión de un comunicado como el propuesto no ayudará precisamente a que el proyecto sea aprobado", según una nota enviada el pasado 7 de abril a la comisión penal.

La censura ejercida por los dirigentes de JpD ha levantado una ola de críticas internas al tenerse la convicción de que el comunicado ha sido prohibido para "no molestar" a Llop, que es miembro de la asociación, como se llegó a reconocer en la reunión de Zaragoza.

El comunicado

El texto vetado comienza recordando que "la urgente e inaplazable necesidad de instaurar un nuevo proceso penal, eficaz en la persecución de la delincuencia y garante de los derechos de los sujetos que en él intervienen, es una reivindicación histórica de Juezas y Jueces para la Democracia".
 
"El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que satisfacía dichos parámetros, se encontraba en un estado muy avanzado de tramitación. Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020, se sometió a información pública y al trámite de informes preceptivos, recibiéndose cerca de 200 de distintas entidades y faltando únicamente los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado para ser aprobado como proyecto de ley", añade.
 
"Desde el Ministerio se mantuvieron, además, reuniones con todas las asociaciones de jueces/zas, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Colegios de Abogados, asociaciones de víctimas, asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, asociaciones médicas, asociaciones de profesores de derecho procesal, etc, etc, etc, incorporándose al texto numerosas observaciones realizadas por dichas entidades", prosigue.
 
"De haberse seguido normal su tramitación", indica, las tareas parlamentarias habrían podido comenzar a finales de 2021. Pero, "de forma sorpresiva, la ministra de Justicia decidió paralizar su tramitación, creando una 'comisión interinstitucional' (...) para 'ajustar el anteproyecto y hacer de él un proyecto colectivo e incluyente'”.

"Sin embargo", considera la comisión penal de JpD, "nunca se ha precisado qué utilidad podía tener dicha comisión, cuál era su agenda de trabajo y cuál el plazo de mandato de la misma. De hecho, a estas alturas, entrado el mes de abril de 2022, es materialmente imposible que en esta legislatura la nueva comisión pueda proponer un nuevo texto y reiniciar de nuevo todo el proceso que ya había recorrido el anteproyecto".

"La creación de la comisión referida parece responder a la crítica realizada por el Consejo Fiscal al anteproyecto, basada en el argumento de que otorgaba demasiado poder al juez de garantías y que pretendía que la actividad investigadora del fiscal en el nuevo modelo tuviera menos controles jurisdiccionales que la del juez instructor en el modelo vigente", señala.

"Error histórico"

"En modo alguno podemos compartir esa crítica porque el anteproyecto no pretende trasladar al fiscal la 'instrucción del proceso', sino la 'dirección de la investigación'. Y porque las funciones de garantía de derechos no pueden otorgarse a los fiscales, al tratarse de funciones netamente jurisdiccionales. En todo proceso de reformas estructurales de la Administración de Justicia afloran los intereses corporativos, como ha evidenciado el informe de la Fiscalía. La habilidad de cualquier Gobierno democrático consiste en saber conciliarlos sin perder de vista el modelo que legítimamente pretende implantar".
 
Para la comisión penal de JpD, los pasos dados se han traducido en "un retraso muy relevante en la tramitación del anteproyecto que va a impedir que pueda, si llegara a ser presentado como proyecto de ley ante las Cortes, completar la fase legislativa en la presente legislatura".

"Lamentamos profundamente la pérdida de una oportunidad real e histórica para aprobar en esta legislatura un nuevo modelo procesal penal adecuado a los postulados garantistas y de progreso que siempre hemos defendido y que encontraban eco en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y mostramos nuestro descontento ante una decisión que nos parece un error histórico, político y jurídico. La ciudadanía y la sociedad del siglo XXI no se merecen un proceso penal del siglo XIX", concluía.

Retirada del CGPJ

El pasado viernes -justo un día después de que la comisión penal comunicara en los cauces internos de la asociación que iba a difundir el comunicado y de que el secretariado lo impidiera- el Ministerio de Justicia anunció el fin de los trabajos del 'grupo interinstitucional' para el próximo lunes.

Representantes de instituciones que han formado parte de ese grupo indican que aún queda por discutir la parte del anteproyecto referida a la ejecución de las sentencias. También han señalado que no existe un texto final que pueda considerarse una propuesta consensuada, sino que los planteamientos -dispares- que ha formulado cada miembro de la comisión han quedado en manos del Ministerio para que éste decida su incorporación o no al anteproyecto.

Aunque en el comunicado del Ministerio se afirma que el 'grupo interinstitucional' está constituido, entre otros, por representantes del CGPJ, lo cierto es que este órgano se retiró hace meses de esa comisión con el fin de no ver condicionada su posición sobre el anteproyecto que tiene que informar.