La funcionaria que negoció los contratos con Luceño asume la responsabilidad de la gestión

Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que negoció los contratos de mascarillas, guantes y test antiCovid con el hoy imputado Alberto Luceño, ha asumido ante el juez la responsabilidad de esa gestión.

No obstante, ha confirmado que "reportó" al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que estaba negociando estos encargos. Pero es lo mismo que hizo con otros tantos, de los que también informó, según ha asegurado en el Juzgado.

En todo momento, ha negado que algún otro cargo o funcionario municipal la dirigiera en esta actuación ni le diese órdenes o indicaciones. Y ha subrayado que, al inicio de la pandemia, decidió dar "un paso al frente" para encargarse de las compras sanitarias, a pesar de su labor habitual está vinculada a los Recursos Humanos.

Elena Collado, este viernes, a su salida del Juzgado. Javier Corbacho

Así lo confirman varias fuentes presentes en la declaración a EL ESPAÑOL. En sus casi cuatro horas de interrogatorio, Elena Collado también ha asegurado al juez instructor que, cuando alertó de que se sintió estafada, creyó que había sido culpa de la proveedora del material —la empresa malasia Leno—, que había engañado tanto a los intermediarios como al consistorio.

Como hasta ahora, la trabajadora municipal ha confirmado que pensó que los hoy investigados —Luceño y su socio Luis Medina—, al ofrecer material antiCovid al consistorio, tenían una intención ciertamente colaboradora, pese a que pudieran embolsarse por ello una cantidad de dinero. No conocía a ninguno de ellos, no gozaron de un trato de favor y nunca imaginó comisiones tan abultadas como las que finalmente, a espaldas del Ayuntamiento, ingresaron.

Entre los motivos que ha alegado para justificar que la Administración eligiese la oferta de Luceño y Medina se valoró que ambos eran españoles, tenían otras empresas dedicadas a compraventa, parecían fiables y pensaron que la calidad de los artículos iba a ser la deseada. Finalmente, no fue así y las condiciones de los materiales no eran las esperadas.

Asimismo, el juez le ha preguntado por el precio de los productos. Collado ha recordado que ninguno de los consejeros de la funeraria municipal —la empresa pública que encargó los guantes, test y mascarillas— alertó de que su coste era alto o excesivo.

En el consejo de la funeraria se sientan técnicos, funcionarios y concejales de varios partidos; entre ellos, del PSOE y de Más Madrid. Todos ellos avalaron la firma del contrato con Luceño y Medina. Ambas formaciones están personados en la causa como acusaciones populares.

El abogado de los socialistas ha estado dos horas preguntando a Collado, que también ha tenido que responder a las preguntas de la Fiscalía, el Ayuntamiento, Más Madrid, el Grupo Mixto y Podemos.

Negociar con Luceño

Este viernes, Collado ha acudido a los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla para declarar, como testigo, en el denominado caso Mascarillas, en el que se investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio en estas compras.

Ante el fiscal del caso, cuando fue interrogada en abril de 2021, Collado aseguró que desconocía que los hoy investigados Luis Medina y Alberto Luceño pretendían cobrar una abultada comisión por su intermediación. "Si hubiera oído la palabra comisión, voy a la Policía", indicó.

Collado fue quien negoció por WhatsApp los contratos con Alberto Luceño que ahora investiga el juez. Así consta en las transcripciones obrantes en el sumario del caso Mascarillas. Tanto Luceño como Medina están imputados por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. En reiteradas ocasiones, el juez instructor, Adolfo Carretero, ha insistido en que no hay "ni el más mínimo indicio" de que Collado participara en los supuestos delitos.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto de Elena Collado a Luceño, con la que éste negoció desde entonces y, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.