El CGPJ pide al Congreso que le escuche antes de aprobar la nueva reforma de sus competencias

La modificación, que tramita el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley del Grupo Socialista, levanta la prohibición de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato, aunque sólo podrá elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.

El Gobierno quiere renovar cuando antes el TC con la designación de esos dos nuevos jueces y los dos que nombrará el propio Ejecutivo. Con ello logrará el vuelco de la mayoría del tribunal, que pasará de manos conservadoras a progresistas.

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Sin embargo, la proposición mantiene el veto al resto de nombramientos discrecionales que competen al CGPJ. Esta situación está causando serias dificultades para el funcionamiento del Tribunal Supremo, que ya acumula 14 vacantes que no pueden ser cubiertas.

10 votos a favor

En una reunión extraordinaria celebrada este lunes, el CGPJ ha aprobado la propuesta final presentada por ocho vocales propuestos por el PP: José María Macías, Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, María Ángeles Carmona, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán y Nuria Díaz Abad.

A ellos se han unido el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el vocal Wenceslao Olea, propuesto por el PP.

Los consejeros Vicente Guilarte y Enrique Lucas, propuestos por el PP y el PNV, respectivamente, se han abstenido.

Han votado en contra los siete vocales propuestos por el PSOE e IU: Álvaro Cuesta, Roser Bach, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Mar Cabrejas y Clara Martínez de Careaga. Han anunciado un voto particular discrepante.

El acuerdo

El acuerdo aprobado consiste en "solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la proposición de Ley Orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional".

"Solicitar", asimismo, al Congreso de los Diputados "que, en relación con la misma iniciativa legislativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)".

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De la propuesta se ha eliminado un inicial apartado consistente en enviar la proposición de ley a la Comisión Europea.

Fuentes del CGPJ han señalado que este apartado, que suscitaba desacuerdo, se ha considerado innecesario porque está a punto de difundirse un informe de la Comisión Europea sobre la valoración del Estado de Derecho en España "en el que estamos seguros de que se va a pedir que se cumplan los estándares europeos".

El acuerdo aprobado explica que, según la exposición de motivos de la proposición de ley, su finalidad es evitar las dificultades que la norma vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales.

"Tal justificación resulta contradictora e incoherente", afirma el CGPJ. "Tan órgano constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial".

"El grave perjuicio que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido puesto de manifiesto con reiteración por este órgano constitucional, particularmente en relación con el Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno adoptó un acuerdo el pasado día 27 de junio de 2022 en el que se denuncia su situación actual", añade. Este acuerdo será enviado también al Parlamento.

Estándares europeos

El CGPJ destaca que el Derecho de la Unión Europea "impone que, cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio Consejo".

"El cumplimiento de los estándares europeos", añade, "pasa por que el CGPJ pueda informar sobre la iniciativa legislativa a la que se refiere el presente acuerdo, y que puedan hacerlo también las restantes instituciones y sectores implicados, señaladamente, y conforme a las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho".