Pedro Sánchez elige para suceder a Dolores Delgado a un fiscal que se enfrentó al PP y a Núñez Feijóo

García Ortiz fue tajante. Dudó del carácter intencionado de la mayoría de los incendios y desmintió a Feijóo: "No hay evidencias de la existencia de ninguna trama". Era más una cuestión de medios.

García Ortiz (Salamanca, 1967) era en aquel momento fiscal delegado de medio ambiente en Galicia, comunidad en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera, entre 2002 y 2020, y donde destacó como fiscal del caso Prestige. La réplica a Feijóo con ocasión de los incendios no sería su único encontronazo con el PP gallego.

En diciembre de 2019, los dirigentes de esa formación política le reprocharon públicamente su "falta de neutralidad" después de que García Ortiz participara en un evento organizado por el PSOE sobre el tema Una Galicia sostenible.

Para entonces Álvaro García, dirigente de la Unión Progresista de Fiscales, había alcanzado cierto protagonismo nacional por sus severas críticas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a la ley de 2015 que estableció plazos para la instrucción penal.

Llegó a pedir la dimisión del ministro del PP por considerar que había protagonizado una "intromisión intolerable" al cuestionar a las fiscales del caso Púnica, partidarias de  imputar al entonces presidente popular de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de sus superiores.

A la misma época corresponden las críticas al entonces fiscal general, José Manuel Maza, cuya dimisión reclamó García Ortiz por haber nombrado a Manuel Moix fiscal jefe anticorrupción.

Reclamó que Maza diera explicaciones por ese nombramiento: "Me gusta la figura de un fiscal general activo, accesible a los ciudadanos y a los medios de comunicación y que explique las decisiones de la Fiscalía General. Yo creo que sería no solo deseable, sino que sería un síntoma de salud democrática", declaró a eldiario.es.

"Transparencia, motivación, control público y, en definitiva, democracia. También en la Fiscalía", escribió en el mismo medio.

Pronto tendrá ocasión de pasar de las musas al teatro y asumir esos postulados desde el cargo de fiscal general, para el que ha sido propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez después de que Dolores Delgado haya dejado el puesto alegando motivos de salud.

García Ortiz era el recambio lógico si se busca la continuidad. De trato afable, entregado al trabajo, negociador correoso, desde que en marzo de 2020 llegó a la Secretaría Técnica de la mano de la fiscal general, ha sido el alter ego de Dolores Delgado, brazo ejecutor de las decisiones e incluso el cerebro de muchas de ellas, según la opinión general.

Toma de posesión de Álvaro García como jefe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía, en marzo de 2020./ fiscal.es

Inteligente activista asociativo, su conocimiento de la carrera fiscal ha sido clave en la política de nombramientos. Delgado lo ha enviado a negociar iniciativas legislativas con el Gobierno (la ley de memoria histórica o la ley de enjuiciamiento criminal) y lo ha puesto a controlar los asuntos más delicados para la Fiscalía General, desde la investigación al rey emérito (García Ortiz compartió el criterio de archivarla) al controvertido caso Stampa, en el que tuvo un papel determinante para retrasar el archivo de las diligencias.

Aquel Consejo de 2018

La aventura, no obstante, había empezado antes. Delgado y García Ortiz fueron juntos en la lista que la Unión Progresista de Fiscales presentó al Consejo Fiscal en las elecciones de 2018.

Álvaro García fue el más votado. Logró 877 votos, por encima de Concepción Talón, la más respaldada de la mayoritaria Asociación de Fiscales. Dolores Delgado fue la que menos votos sacó (658), pero entre todos la UPF sacó el mejor resultado de su historia: cuatro de los nueve vocales electos del Consejo Fiscal.

Tres de esos cuatro vocales de la UPF han llegado a ser fiscales generales: María José Segarra, nombrada por Dolores Delgado cuando ésta era ministra de Justicia; Delgado, que pasó del Ministerio al palacete de Fortuny sin solución de continuidad, un pecado original que la ha lastrado desde el comienzo; y, finalmente, Álvaro García Ortiz.

En marzo de 2020, dos meses después de cesar como fiscal general, Segarra fue promovida por Delgado a la primera categoría y designada fiscal de Sala para la protección de personas con discapacidad. En la Fiscalía se da por hecho que Delgado, que también ascendió a la primera categoría a García Ortiz, será recompensada ahora por éste con esa misma categoría y el nombramiento como fiscal de Sala de memoria histórica, una plaza de nueva creación que fue inspirada por ambos a la exvicepresidenta Carmen Calvo cuando la ley de memoria histórica empezó a redactarse.

La eventual promoción de Delgado tendrá que pasar, sin embargo, por un Consejo Fiscal que ahora es muy distinto a aquel de 2018. Seis de los nueve vocales electos proceden de la lista de la Asociación de Fiscales, que barrió en las elecciones del pasado 4 de mayo.

La UPF ha bajado de cuatro consejeros a dos, un serio toque de atención que ha sido consecuencia -según la interpretación más extendida- de una política de nombramientos que ha venido favoreciendo a los ideológicamente afines, a la falta de logros tangibles en la mejora de las condiciones de trabajo de los fiscales y a la ausencia de medidas concretas de autonomía institucional pedidas no sólo por la carrera fiscal sino también por la propia Comisión Europea. El último informe sobre el Estado de Derecho en España incidía en el respeto a "las normas europeas sobre la independencia y la autonomía de la Fiscalía". La actuación de García Ortiz estará, por todo ello, en el punto de mira.