La Fiscalía niega que haya "directrices políticas" tras su nuevo criterio en el 'caso Miguel Ángel Blanco'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional niega que haya "directrices de ningún tipo, y menos de carácter político" detrás de su nuevo criterio en el caso Miguel Ángel Blanco. 

¿Qué nuevo criterio? El Ministerio Público no acusará la mayor parte de los jefes de ETA que han sido recientemente imputados por ordenar, supuestamente, el secuestro y asesinato del concejal del PP en 1997.

Este jueves, cuando se produjo el interrogatorio a dos de estos investigados, el Ministerio Público manifestó por primera vez que, a su juicio, los hechos estarían prescritos para ambos investigados.

Ello supuso un golpe de timón con la postura que había defendido hasta entonces el fiscal del caso, Vicente González Mota, quien no acudió a los interrogatorios del jueves al discrepar con esta directriz, emanada de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En su lugar, acudió Pedro Rubira.

Fuentes presentes en las declaraciones confirman a EL ESPAÑOL que éste se pronunció a favor de "mantener vivo" el procedimiento para que las víctimas "sepan la verdad", aunque culminó con un alegato a favor de la prescripción de los hechos para los dos interrogados, en línea con el criterio establecido por Jesús Alonso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ninguno de los dos interrogados, ni Mikel Antza ni Anboto, quisieron declarar.

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Este cambio de parecer del Ministerio Público —y de fiscal en el caso— ha coincidido en el tiempo con el anuncio del nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de la exministra Dolores Delgado. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional niega que haya habido influencias políticas detrás de su nueva postura.

En un comunicado hecho público este sábado, este organismo insiste en que los criterios por los que se rige son "legales" y "jurisprudenciales". "Y siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura [de este caso]", añade el escrito.

La prescripción

Asimismo, el Ministerio Público recuerda que "el cómputo" de la prescripción de unos hechos delictivos, como marca la ley, comienzan cuando éstos se cometen y "se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra persona concreta mediante acto de imputación".

González Mota sí consideraba que este plazo, de 20 años, no se inició hasta una vez que los etarras hoy investigados fueron detenidos. Y en el caso de Mikel Antza y de Anboto, los dos etarras que declararon este jueves, ello no ocurrió hasta 2004, por lo que, a juicio del fiscal que hasta entonces llevaba este caso, los hechos no estarían aún prescritos. Y no lo estarían hasta 2024.

En su nota informativa, para justificar el anuncio efectuado por Rubira el pasado jueves, la Fiscalía subraya que la prescripción "se ha de declarar en el momento procesal oportuno" y "no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional, cuyas reaperturas, no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Público".

En el caso Miguel Ángel Blanco —conluye el escrito—, "como en todos los que se llevan ante este tribunal, la Fiscalía ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico nos confieren: promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social, con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad".

El juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, a la hora de citar como investigados a los miembros de la cúpula de ETA, consideró que los hechos estarían prescritos tan sólo para Ignacio Miguel Gracia Arregui (Iñaki de Rentería), antiguo jefe del aparato militar de la banda terrorista, ya que fue detenido en el año 2000, hace hoy más de 20 años.

La semana pasada, el entonces fiscal del caso, González Mota, firmó un recurso contra esta decisión del juez. De esta forma, trató de que Rentería también fuese imputado, al igual que lo han sido Mikel Antza, Anboto y Kantauri.