El juez manda al banquillo al PdeCAT, a Convergencia y a tres de sus exgerentes por el 'caso 3%'

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral contra PDeCAT y la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por el llamado caso del 3%.

En dicha causa, se investigó la supuesta estructura de financiación ilegal de CDC a través de licitaciones de obra pública. En un auto de 24 páginas fechado este martes, Pedraz también acuerda mandar al banquillo de los acusados a los extesoreros de Convergencia Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca. Gordó fue conseller de Justicia de la Generalitat catalana desde 2012 a 2016.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a estos tres exdirigentes de los presuntos delitos de organización criminal y fraude a las Administraciones Públicas, entre otros. Para Viloca y Gordó pide las penas de prisión más altas: 21 años y 4 meses, y 18 años y 10 meses, respectivamente. Para Osácar reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad.

[Anticorrupción acusa de organización criminal a seis cargos de CDC y pide hasta 21 años de cárcel]

Otros procesados lo están por los delitos de corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Anticorrupción, a su vez, solicitó multar a Convergencia y a su sucesor, el PDeCAT, con tres millones de euros por este último delito.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acuerda la apertura de juicio oral para un total de treinta personas físicas, entre las que hay empresarios y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña.

Además de Gordó, Osácar y Viloca, los procesados son los siguientes: Francesc Xavier Sánchez Vera, Anna Dolors Benítez, Carles del Pozo, Ángel Sánchez Rubio, Constantí Serrallonga, Ernest Santolaria, Josep Antonio Rosell, Joan Lluis Quer, Sixte Cambra, Antoni Vives, Francesc Xavier Tauler, Jose Miarnau, Josep Manuel Bassols, Sergio Lerma, José María Zaragoza de Pedro, Pedro Javier del Llano, Ramón Anglada Cotcho, Joan Albert Arquez, Félix Pasquina, Juan Luis Romero, Ramón Blázquez, Joan María Pujals, Jordi Sumarroca, Antonio García-Bragado, Jordi Soler, Jordi Duran y Emilio Carpintero. Ahora, todos ellos serán juzgados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ángel Sánchez Rubio fue director general de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA); Ernest Santolaria, director técnico de esta entidad y Constantí Serrallonga fue su gerente. Josep Antonio Rosell fue el director general de Infraestructures.cat y Joan Lluis Quer, consejero delegado de esta empresa pública  de la Generalitat.

Sixte Cambra fue presidente de Autoridad Portuaria de Barcelona durante los hechos y el fiscal pide para él cuatro años y seis meses de prisión.

Antoni Vives Tomás desempeñó el cargo de teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Xavier Trías. El Ministerio Público solicita para Vives una pena de seis años y un mes de cárcel.

Pedraz también manda al banquillo a 16 personas jurídicas. En ese mismo auto, el magistrado decreta el archivo provisional parcial de la causa para Juan Antonio Carpintero.

Cuando se produjeron los hechos investigados, entre 2008 y 2015, CDC estaba presidida primero por Jordi Pujol y después por Artur Mas.

Según recoge el escrito de acusación de Anticorrupción, firmado por el fiscal José Grinda, "al menos" desde 2008, Convergencia Democrática de Cataluña implementó y mantuvo un procedimiento mediante el cual las cantidades percibidas de los empresarios en concepto de donaciones a CatDem y Forum Barcelona eran trasladadas al partido "de modo que podía beneficiarse y disfrutar de ellas".