Griñán asume que no se beneficiará de la reforma de la malversación y duda que el Gobierno lo indulte

A pesar de que numerosos medios han elucubrado sobre la posibilidad de que este cambio legal favoreciese al expolítico, su abogado no solicitará una revisión de la condena.

El tipo penal por el que José Antonio Griñán fue condenado —una apropiación de caudales públicos con ánimo de lucro— no ha sido modificado en la reforma penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras semanas de dimes y diretes en el debate público, así lo confirma el entorno del exministro socialista.

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Tampoco la Fiscalía ni la Audiencia Provincial de Sevilla han iniciado, de oficio, el proceso para revisar su pena de seis años de prisión por malversación.

La reciente reforma del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de diciembre, subraya que "la apropiación de caudales públicos queda castigada como en la actualidad". Fuentes de su entorno descartan "cualquier modificación" de su pena por esta vía.

No obstante, el expresidente de la Junta, de 76 años de edad, está a la espera de que el Ejecutivo de coalición analice su solicitud de indulto parcial, presentada el pasado 1 de septiembre. Por el momento, sigue sin noticias al respecto.

Una de sus esperanzas es que la medida de gracia gubernamental reduzca parte de su pena de cárcel y, una vez suceda esto, pueda solicitar la suspensión de la misma, tal y como contempla el artículo 80 del Código Penal.

Pero antes de que eso suceda —si sucede—, Griñán se aferra a que el dictamen del médico forense que ha analizado este martes su estado de salud le permita evitar poner un pie en la cárcel.

Su abogado ha alegado que el expolítico padece un grave cáncer de próstata, que sería intratable en la cárcel, ya que, entre otras cosas, requiere un seguimiento continuado y directo.

Este martes, un forense le ha evaluado. Más que un análisis estrictamente médico —no se le han tomado muestras de sangre, por ejemplo—, la prueba ha consistido en una entrevista, una evaluación de, entre otros extremos, su estado psicológico y sus circunstancias personales.

'Caso ERE'

El pasado verano, el Tribunal Supremo confirmó la condena a José Antonio Griñán por el caso ERE: seis años de prisión por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación.

El máximo órgano judicial español, en su sentencia, subrayó que Griñán, gracias a "los canales de información de que disponía", tuvo "conocimiento de las ilegalidades que se venían produciendo" en la Junta de Andalucía que él encabezaba.

Su "pasividad" hizo posible "que esta situación se prolongara". "También resulta contrario a la razón suponer que el señor Griñán no leía ningún documento, ni siquiera los que alertaban sobre ilegalidades, ni que no fuera informado por ninguna de las autoridades que estaban bajo su supervisión y que eran jerárquicamente subordinadas a él", añadía el Supremo.

El pasado septiembre, la defensa del expolítico socialista presentó un incidente de nulidad ante el Alto Tribunal para tratar de evitar la cárcel. La Sala Segunda aún lo analiza, aunque la Audiencia sevillana ha ordenado el ingreso en prisión del exdirigente andaluz sin esperar a que se resuelva esta cuestión.

Su abogado también planea interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales del expolítico. Entre otros argumentos, se sustentará en los votos particulares que dos magistradas del Supremo incluyeron en la sentencia del caso ERE.

Las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo discreparon de la postura mayoritaria del tribunal y descartaron la existencia de un "dolo directo" en el comportamiento malversador de, entre otros, Griñán.

"A pesar de los contactos personales que pudieran mantener con motivo del ejercicio de sus funciones públicas, no constan testimonios de personas que evidenciaran, con datos concretos, haber percibido que aquéllos estuvieran al tanto de que las ilegalidades procedimentales apreciadas acababan derivando en actos singulares de sujetos pertenecientes a la Consejería de Empleo que menoscababan de forma dolosa y directa el patrimonio público", señalaba el voto particular de Polo y Ferrer.

De momento, el incidente de nulidad no está resuelto. Hasta que no sea así, la defensa del expolítico no podrá solicitar el amparo del TC. La Audiencia Provincial de Sevilla ya ordenó hace semanas su ingreso en prisión. Por ello, en el entorno del exministro se preguntan: "¿Qué pasaría si Griñán entra en prisión y, posteriormente, se estima el incidente de nulidad o la demanda de amparo?".