Policías nacionales a las puertas de una oficina de Correos en Melilla./

Policías nacionales a las puertas de una oficina de Correos en Melilla./ Efe

Tribunales

Detener a candidatos a pocas horas de la votación, levantar el secreto del caso Maracena: ¿era necesario?

"Se trata de presuntos fraudes masivos en el voto por correo. Había que interrumpir la comisión del delito", explican desde la Fiscalía.

30 mayo, 2023 02:33

El pasado jueves, a tres días de las votaciones, la detención de candidatos socialistas a los Ayuntamientos de Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia) por presuntos fraudes electorales en el voto por correo hizo saltar por los aires la estrategia del PSOE para el final de campaña, hasta el punto de que el propio Pedro Sánchez enmudeció ante esos escándalos. 

Las detenciones en Albudeite y Mojácar sucedían a las registradas dos días antes en Melilla, donde fueron arrestados el yerno de Mustafa Aberchán, líder Coalición por Melilla, y Mohamed Ahmed Al-lal, el número tres de esta formación, hasta ahora asociada con el PSOE en el Gobierno de la ciudad autónoma.

Para colmo, ese mismo jueves el juez que investiga el secuestro de una concejal socialista de Maracena levantó el secreto del sumario, poniendo de manifiesto los indicios delictivos existentes contra Noel López, exalcalde de la localidad granadina, secretario de Organización del PSOE de Andalucía y coordinador de la campaña electoral socialista en esa comunidad.

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El domingo, el PSOE ha sufrido significativas bajadas de voto en Maracena, Melilla y Albudeite. En Mojácar ha resistido, pero no ha logrado impedir que el PP revalide la mayoría absoluta que ya obtuvo en 2019, y ello pese a que ahora se pronosticaba un descenso de apoyo a los populares.

No es habitual que, a pocas horas de la cita con las urnas, jueces, fiscales y Policía Judicial llevan a cabo detenciones o tomen decisiones que con toda seguridad van a impactar en la campaña.

"Nosotros nos ajustamos a la práctica del Tribunal Supremo de no abordar durante las campañas electorales asuntos que puedan ser políticamente sensibles. Pero una cosa es eso y otra permitir que los delitos se consumen", afirman fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, encargada de los procesos por presunta compra de votos en Mojácar y Melilla.

Las detenciones llevadas a cabo en estas dos localidades y en Albudeite han sido ordenadas por los jueces de instrucción encargados de las investigaciones, que autorizaron diversas entradas y registros domiciliarios. Para practicar estas diligencias es necesaria la detención de los afectados, recuerdan en la Fiscalía, porque, de otra forma, existe el riesgo de desaparición de pruebas.

Tanto las detenciones como los registros fueron medidas respaldadas por los fiscales. "No podía ser de otra manera", indican las fuentes consultadas. "Se trata de presuntos fraudes masivos en el voto por correo. No podíamos dejar que llevasen las sacas a las oficinas de correos y las introduzcan en el circuito electoral. Había que interrumpir la comisión del delito precisamente para garantizar la limpieza del proceso electoral".

En alguno de los casos citados, los investigadores han encontrado un documento en el que estaban calendadas las actuaciones de introducción de los votos fraudulentos para llevarlas a cabo de forma organizada.

Fin del plazo legal

En el caso del secuestro de Vanessa Romero, concejal de Maracena, la situación era simple, explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El secreto del procedimiento, acordado inicialmente el 24 de febrero, vencía el 24 de mayo. Esta fecha no es elegida por el juez instructor, Josep Solá, sino que es la que resulta de las prórrogas decretadas mensualmente, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un auto dictado el 23 de mayo, el instructor resolvió pedir informe al fiscal sobre si "dado que el secreto de las actuaciones finaliza el día de mañana y ya constan practicadas, con la recibida el día de la fecha, todas las diligencias que justificaron su dictado por un mes y las dos sucesivas prórrogas por idéntico período, tiene algo que instar, antes de dicha expiración por transcurso del plazo, que justificara su no alzamiento".

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El fiscal pidió el fin del secreto, coincidiendo con el juez en que no había motivos que justificaran mantenerlo legalmente.

El instructor, además, ya había terminado de realizar todas las diligencias de investigación que consideró pertinentes. La última, un informe ampliatorio de los documentos urbanísticos que se encontraban en el maletero del coche de Romero cuando fue secuestrada por el novio de la alcaldesa, Berta Linares, fue recibida 23 de mayo.

Las fuentes consultadas señalan que no había ninguna razón para prorrogar las diligencias ni tampoco para retrasar el envío del procedimiento al órgano competente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Andalucía, dado que el dirigente socialista andaluz Noel López es aforado ante ella por ser parlamentario autonómico.