Álvaro García se apoya en precedentes del Consejo Fiscal para no paralizar los nombramientos

Los vocales de la AF afirman en un escrito dirigido este martes al fiscal general que "razones de ética, transparencia, responsabilidad y respeto institucional" aconsejan paralizar los nombramientos discrecionales que el Consejo Fiscal convocado para el próximo 8 de junio tiene previsto informar. Entre ellos están, además de las dos plazas de fiscales de Sala mencionadas, las de los fiscales superiores de Navarra y Baleares y las de los jefes de las Fiscalías provinciales de Guadalajara, Valladolid y Pontevedra.

La AF critica que pretenda nombrarse para el 'generalato' de la carrera a personas "que son de la confianza actual del fiscal general pero que puede que no compartan razones de política criminal con el próximo fiscal general". En la misma línea, la APIF sostiene que esos nombramientos deben dejarse a "un fiscal general con cuatro años por delante de mandato".

[La Asociación de Fiscales y APIF piden al nuevo fiscal general que cambie la política de nombramientos]

Ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni el Reglamento de la carrera, que regulan la provisión de destinos, prevén la paralización de la provisión de los destinos a causa de una convocatoria electoral, contestan desde la Fiscalía General.

Precedentes

De otro lado, el fiscal general cesa legalmente con el Gobierno que le designó, lo que sucederá cuando se constituya el nuevo Ejecutivo tras los comicios del 28-J. Pero hasta entonces la ley no limita el ejercicio de ninguna competencia al responsable del Ministerio Público.

Hay, además, un error de partida en la petición de paralización de los nombramientos, basada en que los anteriores fiscales generales no habrían hecho designaciones de carácter discrecional una vez disuelto el Parlamento.

No es así: el Consejo Fiscal celebrado bajo la presidencia de María José Segarra el 13 de marzo de 2019, nueve días después de la disolución de las Cortes, informó los nombramientos de la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce, de Luis del Río como fiscal superior de Canarias, de José Francisco Ortiz como fiscal jefe de Valencia y de Enrique Pera como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Aragón.

Los cuatro nombramientos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2019. Del Río tomó posesión del cargo el 8 de abril, cuatro días antes del comienzo de la campaña electoral. José Francisco Ortiz apuró más: su toma de posesión tuvo lugar 24 horas antes del inicio de la campaña.

El criterio del Consejo

El Consejo Fiscal no sólo informó con naturalidad esos nombramientos sino que también debatió si convenía o no sacar a concurso en ese momento -tras la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril de 2019- otras plazas pendientes de cobertura.

El Consejo Fiscal adoptó un criterio que avala la realización de los nombramientos del próximo día 8, aunque no sacar a concurso las plazas que dejen los que sean nombrados.

Así quedó reflejado en el acta del Consejo del 13 de marzo de 2019. En ella se indica que la fiscal general, María José Segarra, explicó que los cuatro nombramientos sometidos a informe "se trajeron a este Pleno porque las plazas fueron publicadas [en el BOE] y están pendientes desde antes de la comunicación de la fecha de las próximas elecciones". Éste es también el caso de las plazas incluidas en el orden del día de la reunión del Consejo del día 8, cuyos concursos están completamente tramitados.

A continuación, el acta señala que "para evitar interpretaciones equívocas", Segarra quiso oír a los vocales del Consejo "sobre el criterio de prudencia" que, a su parecer, debía seguirse con plazas aún no convocadas. Citó, en concreto, la vacante de fiscal de Sala dejada por Antolín Herrero, recientemente jubilado.

"La fiscal general señala que en la Junta de Coordinación decidieron no sacarla y quiere ser prudente. La vocal electiva sra. Talón [Concepción Talón, de la Asociación de Fiscales] dice que ya lo han hablado y han sostenido criterios distintos. La sensación es que mayoritariamente es más prudente que no se saquen plazas. Este criterio de prudencia es asumido de forma unánime por todos los vocales”, indica el acta.

Ningún miembro del Consejo Fiscal planteó objeciones a que sí fueran cubiertas las plazas sacadas a concurso antes de la convocatoria electoral.

Fuentes de la Fiscalía General señalan que el criterio adoptado por el anterior Consejo Fiscal será el que siga García Ortiz.

Según las mismas fuentes, el fiscal general quiere alejar de la cita electoral los nombramientos pendientes y por eso ha adelantado al día 8 el Consejo, inicialmente previsto para el 19 de junio. Se pretende, así, ganar tiempo para enviar las propuestas el Ministerio de Justicia, que éste eleve los nombramientos al Consejo de Ministros, se publiquen en el BOE y los tribunales concernidos fijen las fechas de las tomas de posesión, todo un conjunto de trámites que implican a diversas instituciones y que suele requerir más de un mes.

Es previsible que para la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática García Ortiz designe a Dolores Delgado, su antecesora en la Fiscalía General y a la que promovió a la primera categoría de la carrera a los 64 días de cesar como máxima responsable del Ministerio Público.

Solo cuatro meses después, el fiscal general la designó "fiscal de Sala delegada para la garantía y defensa de los derechos humanos", una delegación hasta ese momento inexistente. El movimiento fue interpretado como un anticipo del nombramiento de Delgado para el puesto que ambiciona desde hace tiempo: fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

No se prevé que sea un nombramiento pacífico. Tampoco lo fue el de fiscal de Sala de lo Militar, que se produjo pese al informe en contra del Consejo Fiscal y ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo por otro candidato.