Funcionarios denuncian a una fiscal por acoso laboral y logran que el fiscal general la sancione

Fueron precisamente los funcionarios los que denunciaron los hechos inicialmente a un sindicato, lo que dio lugar a la incoación de un expediente gubernativo, luego a actuaciones disciplinarias y, finalmente, a la imposición de la sanción a la fiscal.

Ésta renunció al puesto que ocupaba y pidió otro destino cuatro semanas después de que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, diera cuenta de los hechos a la Fiscalía General.

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Los funcionarios mantuvieron su denuncia durante la tramitación del expediente por parte del Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria, Manuel Moix, que consideró acreditados los hechos y propuso a García Ortiz la sanción acordada por éste.

Según el decreto del fiscal general, conocido por EL ESPAÑOL, la fiscal sancionada "ha tratado a los funcionarios de la sección de manera despectiva y peyorativa, en el tono y en las formas", utilizando "expresiones irrespetuosas o desconsideradas, hablando
siempre muy alto y de forma agresiva e hiriente".

La fiscal se dirigía a la gestora de la sección tildándola de "inútil" o diciéndole que "tendré que darle órdenes por escrito si es que sabe leer''. Asimismo, era frecuente que la amenazase con que le iba a abrir un expediente y le hablaba a gritos.

En una ocasión, la echó de su despacho "dando puñetazos en la
mesa y pataleando con los pies en el suelo, gritando 'salga de aquí, no la quiero ver'". Este episodio fue presenciado por otro funcionario.

A los demás les decía que "desde la pandemia no les llegaba el riego al cerebro'' o que "parecía que venían de trabajar en un supermercado".

La fiscal ponía en las carpetillas frases como "no he podido asistir al juicio por culpa de la gestora" o "el recurso no se ha podido realizar porque la gestora no me ha dado el informe completo".

Hablando por teléfono, en tono audible, manifestaba a sus interlocutores que los funcionarios de la sección eran unos "inútiles" o "chapuceros". En alguna ocasión les amenazó con dar cuenta a la jefatura para abrirles un expediente disciplinario.

Depresión y ansiedad

A consecuencia de este trato, reiterado durante meses, la gestora tuvo que acudir al médico y se la declaró afectada de incapacidad laboral transitoria a causa de una depresión, por lo que recibió tratamiento.

Esta funcionaria trató de conseguir otro destino y, al no lograrlo, concursó a una plaza de tramitadora, que es de inferior categoría a la suya, para poder salir de esa sección de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Otra funcionaria sufrió ansiedad y tuvo que tomar ansiolíticos. Se jubiló anticipadamente "por el estrés derivado del trato que recibía".

Durante la tramitación del expediente, la fiscal negó haber dirigido a los funcionarios expresiones irrespetuosas y dijo no entender la razón por la que la habían denunciado.

Afirmó que las discrepancias surgidas se debieron a cuestiones de trabajo -por no haber hecho bien las funciones encomendadas- o porque los funcionarios tuvieron que modificar las vacaciones.

Las cuatro fiscales sustitutas que prestaban servicios bajo su dirección, llamadas a declarar ante el Promotor, aseguraron que no habían escuchado a la fiscal dirigir frases irrespetuosas a los funcionarios.

Tanto el fiscal promotor como el fiscal general han considerado que estos testimonios no son exculpatorios, porque las fiscales sustitutas admitieron que normalmente se encontraban en juicio, por lo que no solían estar en la sección. De este modo, su versión "no es incompatible con que se produjesen los hechos narrados por los funcionarios en días y horas en los que las fiscales sustitutas estaban fuera".

Credibilidad

Según el decreto, la acreditación de los hechos dimana de las
declaraciones testificales de los funcionarios, cuya credibilidad se basa, en primer lugar, en que todos ellos son coincidentes. 

En segundo lugar, en la inexistencia de motivos espurios o de animadversión de dichos funcionarios hacia la fiscal.

En tercer término, en la persistencia de las declaraciones de todos los funcionarios de la sección, desde la denuncia inicial a las diligencias informativas y el expediente disciplinario, ofreciendo "un relato firme prácticamente lineal, sin contradicciones ni inexactitudes".

Finalmente, se acreditó que la gestora se tuvo que dar de baja por una depresión a consecuencia de los hechos, siendo sometida a tratamiento farmacológico, mientras que otra funcionaria tuvo que tomar ansiolíticos.

"Grave menosprecio"

"Además del tono y modales empleados por la fiscal, ya de por sí contrarios a las más elementales reglas de la cortesía y urbanidad", señala el fiscal general, "las expresiones y calificativos que dirigió a los funcionarios de la sección tienen, en cualquier contexto y circunstancias, un indudable significado de grave menosprecio hacia su dignidad profesional y personal".

"Calificarles de 'inútiles' o 'chapuceros' es, literalmente, cuestionar su
profesionalidad y, además, decirles que debían avergonzarse de ello", añade.

Es una conducta "impropia de quien ejerce las funciones constitucionalmente asignadas al Ministerio Fiscal y actúa en
representación de dicha institución", además de utilizar expresiones y calificativos "absolutamente innecesarios para el desempeño de la labor" de la fiscal.

"En definitiva", concluye, "estamos ante un trato degradante que constituye un atentado frontal y radical a la dignidad humana, generando una humillación a quienes lo padecen".

Las faltas graves de desconsideración están sancionadas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con una multa de 300 a 3.000 euros. La sanción impuesta, 1.500 euros, puede ser recurrida al Tribunal Supremo.