El juez exculpa a los jefes de ETA del asesinato sin resolver de dos policías en los 'meses del Titadine'

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha archivado la investigación contra varios jefes de ETA al no poderlos implicar en un atentado sin resolver cometido por la banda terrorista.

Concretamente, el que tuvo lugar en 2003 en la localidad navarra de Sangüesa y en el que fueron asesinados, mediante la explosión de un coche-bomba, dos policías: los agentes Julián Embid Luna y de Bonifacio Martín Hernández.

Tras examinar un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Francisco de Jorge, ha optado por concluir esta instrucción sin procesar a ninguno de los etarras investigados. Y así se lo ha comunicado a la Sala de lo Penal, que debe aún autorizar esta decisión, al tratarse de un sumario.

Además de la cúpula de ETA, el juez De Jorge investigó si dos militantes etarras habían ejecutado el atentado, que forma parte de los 378 crímenes por los que todavía no ha sido condenada ninguna persona, ni como autor material ni como ideólogo.

"Procede aceptar la valoración que hace el informe de inteligencia de la Comisaría General de Información de 13 de septiembre de 2023 en el sentido de que no puede atribuirse participación material de Arruarte Santa Cruz y Lorán Lafourcade", expone el magistrado en un auto, fechado a inicios de enero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también rechazó implicar a estos dos etarras en los asesinatos y señalar a la cúpula de la banda por los mismos. Tal y como relata el juez, las dos víctimas de esta acción armada fueron miembros de la Policía, "colectivo que, desgraciadamente, se erigía como víctima habitual de las acciones de la organización terrorista ETA".

Por ello, al no tratarse de "objetivos especiales", como sí era el caso de políticos, la cúpula de la banda no intervino de forma activa para seleccionarlos ni contribuyó en su planificación ni se encargó de proveer a los autores materiales los recursos para llevar a cabo el ataque. Y así lo refleja el magistrado en su auto, avanzado por ABC y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

No obstante, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, la que presentó la querella contra la cúpula etarra que inició este procedimiento, ya avanza que recurrirá esta decisión del juez, aún pendiente de que la autorice la Sala de lo Penal, la instancia superior al Juzgado.

En esta causa han sido investigados los jefes etarras Juan Fernández Iradi (alias Susper), Gorka Palacios Alday (Andoni), Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Aitzol Iriondo Yarza (Gurbitz), Félix Ignacio Esparza Luri (Navarro), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo) y María Soledad Ipaguirre (Anboto).

También lo fueron, como posibles autores materiales de los dos asesinatos, Garikoitz Arruate Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade, de cuya participación la Policía no encontró pruebas.

Además de la muerte de los dos agentes, el atentado —cometido con una bomba lapa adosada a los bajos de un vehículo— dejó graves heridas a un tercer agente, Ramón Rodríguez, y a un trabajador de la empresa Telefónica, Carlos Gallo.

Tal y como relataba la querella de Dignidad y Justicia, "si a otro periodo de la banda se le dio en llamar los años de plomo [por los ataques cometidos con arma de fuego], aquel segundo semestre de 2003 fueron los meses del Titadine".

El Titadine (o Titadyn) era un tipo de explosivo utilizado por ETA. El atentado de Sangüesa fue cometido mediante una fiambrera-bomba rellena de dos kilos de este material.

Entre los años 2003 y 2004, la banda terrorista se encontraba acorralada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cometió varios atentados empleando este explosivo.