Sanz Roldán no testificará como parte del recurso contra la sentencia que impuso 19 años a Villarejo

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado la declaración testifical del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, como parte del listado que pruebas que el excomisario José Manuel Villarejo solicitó en su recurso contra la sentencia que le impuso 19 años de cárcel.

Aquel fallo, fechado el pasado julio, fue el primero del llamado caso Villarejo y puso fin al juicio conjunto de tres piezas de esta causa, las llamadas Iron, Land y Pintor.

Ahora, el tribunal de la Sala de Apelación estudiará el recurso de Villarejo, de la Fiscalía y de otros condenados los días 7 y 14 de mayo.

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Una vez se hizo pública aquella sentencia de julio, varias partes la recurrieron. Además de Villarejo —que solicitó, entre otras cuestiones, la testifical de Sanz Roldán—, la impugnó Anticorrupción. La Fiscalía pedía sumar el delito de cohecho pasivo propio a la condena del excomisario, al que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, por unanimidad, tan sólo condenó por los delitos de revelación de secretos y falsedad documental. Resulta que el cohecho es esencial en la tesis acusatoria del fiscal contra Villarejo.

La Sala de Apelación considera que el testimonio de Sanz Roldán, con el que Villarejo mantiene una notoria enemistad, no es ni pertinente ni relevante para los hechos enjuiciados. El excomisario siempre ha acusado al CNI de su caída en desgracia y, por ello, ya solicitó en 2021 que el entonces jefe de la Inteligencia española declarase como testigo en el primer juicio de la macrocausa.

Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI. R. Valtero ICAL

El tribunal de apelación responde que "no se acierta a ver la relación que puede guardar el CNI o su exdirector con las actividades llevadas a cabo por particulares o empresas en el marco de conflictos privados y respecto de los cuales no consta la afectación de intereses públicos o la intervención del citado organismo".

Lo mismo opina del resto de peticiones formuladas por la defensa de Villarejo: que declarase el antiguo abogado de Podemos José Manuel Calvente, el magistrado Diego de Egea, el comisario José Santiago Sánchez Aparicio y dos periodistas.

No obstante, la Sala avanza que "la constante referencia (...) a las supuestas maniobras llevadas a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia, Policía o Fiscalía, para perseguir de forma indiscriminada las actividades llevadas a cabo por José Manuel Villarejo Pérez a lo largo de su vida profesional, serán objeto de detenido estudio en la sentencia que se dicte, en cuanto hayan podido incidir en una buena parte de las cuestiones previas planteadas por las defensas y resueltas por la Sala de lo Penal".

'Iron', 'Land', 'Pintor'

A finales de 2021, el excomisario se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional en la vista oral que aglutinó las tres primeras piezas que llegaron a juicio, de las más de 40 que integran el caso Villarejo.

Estas tres piezas eran las llamadas Iron, Land y Pintor, por las que el fiscal pidió para el excomisario un total de 83 años y 6 meses de cárcel. Los tres términos hacen referencia a los nombres con los que Villarejo designó los proyectos de investigación y espionaje por los que fue contratado. Se trataba de tres piezas menores, a las que, incluso, el recurso de la defensa del excomisario comparaba con "los teloneros" de un concierto.

La pieza Iron (con una petición de pena de 44 años de prisión por parte del fiscal) se refiere a un encargo hecho a Villarejo en 2013 por el bufete Herrero y Asociados para que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que se habían marchado de la firma para crear la suya propia, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.

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En la pieza Land (con una petición de pena de 38 años y 10 meses de prisión por parte de Anticorrupción) se condenó a Villarejo a tres años de cárcel por falsificación de documento mercantil y a otros nueve años como autor de tres delitos de revelación de secretos particulares al haber descubierto y revelado los datos de posicionamiento y tráfico de llamadas, entre julio y agosto de 2013, de Silvia Gómez-Cuétara, viuda de Luis García Cereceda, propietario de Procisa, de una conocida de ésta y de un empleado.

El encargo fue hecho por Susana García-Cereceda y dos de sus empleados, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente, en el marco de una disputa interna de la familia García-Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los tres fueron condenados a nueve meses de prisión por los delitos de revelación de secretos. Peñalver y Aumente, además, a un mes y 15 días de prisión por falsedad en documento mercantil.

Los tres confesaron los hechos, por lo que se les aplicó la atenuante de confesión tardía y de colaboración.

Finalmente, la Fiscalía pedía para Villarejo cinco años y seis meses de prisión en Pintor. En esta pieza, se juzgó la contratación de Villarejo por el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando Muñoz para espiar a un exsocio, Mateo Martín Navarro, y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía, con el fin de extorsionarles.

Absoluciones

En este primer juicio del caso Tándem fueron juzgadas 26 personas, además de Villarejo. Entre ellos, figura su socio Rafael Redondo al frente del Grupo Cenyt, que acabó condenado por la Sala de lo Penal a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el excomisario.

Otras nueve personas fueron condenadas a penas de entre tres meses y dos años de prisión, mientras que 16 fueron absueltas. Entre las exoneradas, figura la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. El excomisario Enrique García Castaño quedó fuera del juicio tras sufrir un ictus.

En su recurso, la Fiscalía solicitó la anulación de la absolución para Gema Alcalá. El Ministerio Público también pedía que se condene a Bonilla y a Redondo por el delito de cohecho. E insistía en atribuir varios delitos más de revelación de secretos a Villarejo.

A su vez, responsabilizaba de un delito de cohecho a Susana García-Cereceda y sus empleados Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente. Y atribuía el mismo ilícito, junto con el de revelación de secretos, a las compañías sucesoras de Procisa, que fueron absueltas.