García Ortiz impondrá el criterio a favor de la amnistía y los fiscales se sublevarán

La malversación es el punto de discordia. Los fiscales de Sala Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza no ven obstáculo jurídico en aplicar la ley de amnistía, vigente desde este martes, a los delitos de desobediencia o incluso a algunos desórdenes públicos. Pero sostienen que la malversación escapa del ámbito definido por la propia ley, que excluye amnistiar ese delito cuando se ha producido un beneficio personal de carácter patrimonial.

En su criterio, ese beneficio resulta apreciable en el 'procés' porque los encausados despojaron a la Administración de unos fondos para atender obligaciones de pago que no se destinaron a un servicio público sino al proyecto político ilegal de los propios autores del delito, al igual que cuando se atribuye a la Administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan. 

García Ortiz no comparte que la malversación de 'procés' esté excluida del ámbito de la ley. El fiscal general recibirá esta mañana dos propuestas de dictamen firmadas por los cuatro fiscales de Sala, uno pedido por la Sala Penal y otro por el magistrado instructor, Pablo Llarena. 

Y, tal como le adelantaron ayer, los fiscales del 'procés' mantendrán su posición. Más aún, considerarán contraria a Derecho la orden del fiscal general de reelaborar los dictámenes en sentido contrario, lo que les llevaría a acudir al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.

Artículo 27

Este precepto permite a los fiscales oponerse a las órdenes de sus superiores que consideren improcedentes o contrarias a las leyes. En el caso de que la orden proceda del fiscal general, es obligado convocar a la Junta de Fiscales de Sala. No obstante, sea cual sea la opinión de ese órgano, la última palabra la tiene siempre el fiscal general.

García Ortiz tiene otra vía: apartar a los cuatro fiscales de Sala de la causa y encomendar a otros los dictámenes. Pero ese drástico procedimiento para que el fiscal general imponga su criterio es considerado por algunas fuentes "excesivo" y "poco jurídico", por lo que creen que García Ortiz preferirá oír a la Junta de Fiscales de Sala.

De izquierda a derecha, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Álvaro García Ortiz, Javier Zaragoza y Jaime Moreno./ E. E.

La última vez que se reunió este órgano, que es la máxima autoridad de la Fiscalía en materia doctrinal y técnica, fue el pasado 24 de abril. La presidió la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, dado que García Ortiz estaba abstenido en el asunto del que se trataba: la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por un supuesto delito de revelación de secretos.

La Junta de Fiscales de Sala avaló el criterio de Sánchez Conde (que era también el del fiscal general) de solicitar la inadmisión de la querella. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la admitió.

Ese mismo riesgo de quedar desautorizado corre ahora el fiscal general con el asunto de la amnistía, con la agravante de que la desautorización provendría del más alto tribunal, el Supremo, del que García Ortiz ya lleva distintos varapalos en los últimos meses. Uno de ellos estaba también relacionado con el proceso soberanista catalán: la Sala Penal abrió una causa por terrorismo a Carles Puigdemont, como "máximo líder" de Tsunami Democràtic, pese al informe contrario de la Fiscalía.

Pero la opción de asumir la inaplicabilidad de la amnistía para la malversación dejaría herida de muerte una amnistía que ha sido la principal apuesta política del Ejecutivo que renovó a García Ortiz como fiscal general hace solo siete meses. Más aún: la ley de amnistía fue el precio de la investidura del presidente del Gobierno que le reeligió al frente del Ministerio Público.

Dar luz verde a la posición de los cuatro fiscales de Sala del 'procés' no solo afectaría a los principales líderes independentistas encausados en el Tribunal Supremo. Desde luego, excluir de la amnistía el delito de malversación complicaría sobremanera el escenario procesal de Puigdemont -que sería detenido y encarcelado si vuelve a España- y dejaría a Oriol Junqueras inhabilitado hasta julio de 2031.

Pero también afectaría a los 'segundos escalones', cargos políticos que fueron muy relevantes en la articulación del referéndum del 1-O y de las llamadas 'estructuras de Estado' de la supuesta república catalana, como Josep Maria Jové o Lluis Salvadó. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene señalado el juicio contra ambos para el próximo 2 de octubre y el fiscal pide para ellos siete y seis años y medio de cárcel, respectivamente, además de la pena de inhabilitación.