Sánchez se reparte el CGPJ con Feijóo, deja fuera a sus socios y no garantiza el cambio de modelo

10 vocales para los socialistas, 10 para los 'populares'. El Pacto de Bruselas incurre en aquello que el Tribunal Constitucional llamó a evitar: que "se distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos".

Esta vez el reparto ha sido completo. Todo para PSOE y PP. El nuevo CGPJ no tendrá, por primera vez, ningún vocal propuesto por los partidos nacionalistas, a los que normalmente uno u otro 'cedían' asientos.

El PSOE ha ignorado a sus socios de investidura, mientras que su 'partner' de Gobierno, Sumar, ha asumido uno de los nombres propuestos en su día por Podemos, la fiscal Inés Herreros, que ya figuraba como suplente en anteriores acuerdos frustrados.

Y a la falta de pluralidad política se suma la falta de pluralidad en la representación de las distintas sensibilidades de la carrera judicial.

Una vez más, los vocales propuestos por la Asociación Profesional de la Magistratura y por Jueces y Juezas para la Democracia copan las plazas judiciales del CGPJ.

APM y JJpD, favorecidas

La APM, con 1.413 afiliados, el 26,4% de la carrera judicial, tendrá seis vocales, el 50% de los consejeros que deben proceder de la Magistratura (12).

La segunda asociación judicial, Francisco de Vitoria, con 885 afiliados el 16,5% de la carrera, no tendrá ninguna representación.

JJpD, con 434 asociados, el 8,1% de la carrera, tendrá cuatro asientos, el 33% de los vocales judiciales. 

Tampoco estará representado el Foro Judicial Independiente, que tiene 338 afiliados.

Y el 42 por ciento de la carrera judicial que no pertenece a ninguna asociación solo podrá verse reflejado en dos vocales judiciales: el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena y la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Gemma Espinosa. Esta última fue la candidata que más avales reunió para concurrir al CGPJ, un total de 309.

El futuro CGPJ ha perdido la paridad de género con la que se constituyó el elegido en 2013. Ahora habrá más hombres (12) que mujeres (8).

Nombramientos judiciales

Los 20 nuevos miembros del Consejo, más el presidente o presidenta que elijan (pocos creen que no vayan a recibir 'sugerencias' para ello), tendrán la delicada tarea de cubrir las 25 plazas de magistrados del Tribunal Supremo actualmente vacantes y los 69 nombramientos discrecionales pendientes en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y Audiencias Provinciales. Un récord de nombramientos nunca visto, producto de la ley promovida por el Gobierno para impedir que el CGPJ en prórroga de mandato hiciera nombramientos.

El Pacto de Bruselas incluye una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía la exigencia de una mayoría de tres quintos del Pleno del CGPJ para elegir a los altos cargos judiciales.

Esa mayoría reforzada ya rige para el Tribunal Supremo y para las presidencias de los TSJ. Ahora se extiende a las presidencias de las Salas de los TSJ y a las presidencias de las Audiencias Provinciales.

También se aumenta de los 15 años actuales a 20 años (no a 25, como quería el PP) la antigüedad que deben tener los candidatos a acceder al Tribunal Supremo.

De forma saludable, se ha acordado que los jueces que hayan ocupado cargos políticos electos o de confianza no puedan regresar al servicio activo hasta pasados dos años desde el cese.

Y, en favor de la apariencia de despolitización, los vocales del CGPJ por el turno de juristas no podrán haber ejercido cargos políticos electos en los cinco años anteriores. La misma condición se impondrá al fiscal general del Estado.

Medidas ya propuestas en 2021

En realidad, todas esas medidas (y alguna más que el PP no ha conseguido introducir, como la modificación el sistema de elección del llamado 'magistrado autonómico', el que proponen los Parlamentos regionales para las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ) ya fueron planteadas a principios de 2021 por el entonces negociador del PP, Teodoro García Egea. Y el negociador del Gobierno, Félix Bolaños, las aceptó.

En aquella ocasión, el acuerdo encalló en febrero de 2021 por la insistencia de los socialistas en llevar al CGPJ a Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, entre otros motivos. 

Pero de aquella época procede también la idea de salir del bucle sobre el modo de elección de los vocales judiciales encomendando al nuevo CGPJ que haga una propuesta de reforma.

Así que el PP ha bloqueado la renovación durante los últimos tres años para acabar pactando sobre la base de las soluciones que ya estaban encima de la mesa en 2021.

Cierto es que, en el encargo al CGPJ para que en el plazo de seis meses haga una propuesta sobre el modo de elegir a los 12 vocales judiciales, se ha añadido algo que a Feijóo le permite salvar el relato: los nuevos vocales deberán plantear la participación "directa" de los jueces "que se determine".

Pero, en contra de lo que sostiene el PP, en el pacto alcanzado ayer no hay nada que comprometa al PSOE a renunciar a la designación parlamentaria en favor de la elección de los vocales judiciales por los propios jueces.

Los términos en los que, en este punto crucial, se ha redactado el acuerdo llevan la huella cautelosa de Bolaños: la propuesta "acorde con los mejores estándares europeos" (que para el PSOE son la elección parlamentaria de candidatos preseleccionados por los jueces, como se hace ahora) será trasladada al Gobierno y a las Cortes "para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación". En su caso.

La mejor prueba de que el PP ha firmado el acuerdo sin ningún compromiso de que se vaya a cambiar la elección parlamentaria de los vocales judiciales para devolverla a los jueces la dio ayer mismo Núñez Feijóo, cuando EL ESPAÑOL le preguntó si tiene garantías de que el PSOE aceptará una reforma en ese sentido. "La actitud y posición del PP será de apoyo a la propuesta que presente el Poder Judicial. La posición del PSOE la ignoro", respondió. 

De otro lado, la exigencia de que la propuesta de reforma tenga que ser suscrita por tres quintos del CGPJ (13 votos) da la llave a los vocales propuestos por el PSOE para neutralizar cualquier intento relevante de devolver a los jueces la elección directa de los vocales judiciales.

En todo caso, la sola concurrencia de voluntades para salir del 'día de la marmota' y devolver al CGPJ a la normalidad institucional ya es, en sí, una noticia alentadora después de cinco años y medio de retraso.

Y es un punto ganador para el PP que Bolaños haya aceptado a un jurista sólido y nada domeñable como José María Macías para el Tribunal Constitucional. Máxime ante la batalla de la amnistía, en la que el bloque progresista del TC ha reducido sus fuerzas a seis votos tras la abstención de Juan Carlos Campo.