El denunciante de la mujer de Sánchez pide ejercer como perjudicado en el juicio a BBVA y Villarejo

Bernad, además, en nombre del sindicato, fue quien interpuso la denuncia que originó el llamado caso Begoña, en el que consta como investigada la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. También hizo lo mismo con la querella contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, también investigado en otro procedimiento judicial.

Ahora, en un escrito fechado este miércoles, el secretario general de Manos Limpias, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que le ofrezca personarse "como perjudicado por las actividades de la trama corrupta" en torno a la que gira la pieza 9 del llamado caso Villarejo. Ya pidió exactamente lo mismo en diciembre de 2019, pero Bernad asegura que no ha obtenido ninguna respuesta.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL la pasada semana, García-Castellón ha propuesto juzgar a Villarejo, al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otros exdirectivos del banco —ya desvinculados de la entidad— por los encargos, supuestamente ilegales, encomendados al excomisario entre 2004 y 2016. En dicho periodo, el agente aún era policía en activo.

El argumento que esgrime Bernad para justificar su petición son los diez meses que pasó en prisión provisional por el llamado caso Ausbanc, que, según su versión, se originó con una "denuncia falsamente anónima" detrás de la cual estaba el comisario Villarejo, quien la habría interpuesto "por orden" de la antigua dirección del BBVA, ajena a la actual. Bernad fue condenado por la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo anuló aquel fallo y decretó recientemente su absolución.

Sucedió lo mismo con Luis Pineda, el líder de la plataforma de afectados Ausbanc que dio nombre a dicha causa. En su caso, además, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, ultima una reclamación patrimonial contra el Estado, por los meses que también pasó en prisión provisional. Además, Pineda también se ha personado hace unos días en la pieza del caso Villarejo sobre el BBVA, con la diferencia de que lo hizo antes de que el juez finalizase la instrucción.

En su escrito dirigido a García-Castellón, Bernad señala que, a consecuencia de las actividades de Villarejo, el sindicato Manos Limpias fue "prácticamente aniquilado". "Aunque usted interprete que no hubo por parte de la trama corrupta investigada intervención ilícita contra Manos Limpias o mi persona, lo cierto y verdad es que, a causa de dicha denuncia, pasé diez meses de prisión indebida y el sindicato no pudo tener actividad en estos años, lo cual nos convierte, se mire como se mire, en víctimas del actual ilegal del comisario Villarejo", le indica al juez.

El 'caso Ausbanc'

En julio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a cuatro años de cárcel a Miguel Bernad y al doble, ocho años, a Pineda.

Según dicho tribunal, ambos extorsionaron a bancos y grandes empresas para recibir dinero a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

Pero ambos recurrieron ante el Supremo y, tres años después de aquel fallo, el pasado 11 de marzo, el Alto Tribunal les exoneró. En la sentencia absolutoria, de 149 folios, la Sala Penal del Alto Tribunal relataba que, en efecto, Pineda, como director de Ausbanc, presentó demandas y querellas a través de dicha entidad. En ocasiones, de acuerdo con Bernad.

Y, además, negoció con algunos de los demandados o querellados, que solían ser bancos, acuerdos para retirar las acusaciones, que solían incluir el compromiso de Pineda de no iniciar nuevos procedimientos judiciales en su contra y fomentar una imagen positiva de las compañías.

Ahora bien, el Tribunal Supremo concluyó que esta forma de negociación, por censurable que pudiese parecer desde un punto de vista ético, no lo es bajo la óptica penal. Es decir, no son hechos de una entidad suficiente para ser calificados como extorsión.

Tal y como recalca el Supremo, "varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35 y todas ellas, al tiempo de producirse los hechos, constituían entidades financieras de significada magnitud económica".

Estas "potentes sociedades" disponían de servicios jurídicos especializados, además de "suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarles, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales".