La Audiencia ordena citar como testigo al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, en el 'caso Koldo'

En esta causa judicial, el magistrado Ismael Moreno investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos públicos de suministro de mascarillas firmados al inicio de la pandemia de Covid-19 por la empresa Soluciones de Gestión SL. Entre los investigados, se encuentra Koldo García Izaguirre, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Dichas adjudicaciones, debido a la situación sanitaria, fueron asignadas de forma directa, a dedo, sin concurso público.

La asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en este caso, solicitó al juez, sin éxito, la citación como testigo de Hidalgo, ya que la compañía Air Europa, perteneciente al holding, se encargó del transporte de las mascarillas.

Además, Víctor de Aldama, el presidente del Zamora CF, considerado comisionista de la trama corrupta, fue asesor de Globalia hasta finales de 2019. Por todo ello, esta acusación sostenía que "existen indicios que acreditan que [la compañía] tuvo conocimiento de los hechos objeto de investigación".

Debido a esta relación entre el directivo futbolístico e Hidalgo, Aldama acudió la noche del 20 de enero de 2020 al Aeropuerto de Barajas, donde aterrizó la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez. El motivo era que el régimen chavista tenía retenidos varios millones de euros pertenecientes a Globalia. Pero Ismael Moreno lo rechazó, por lo que esta asociación recurrió esta decisión ante la instancia jerárquicamente superior al instructor.

Liberum también había pedido al juez la citación como testigo de Leticia Lauffer, la CEO de Wakalua, el hub tecnológico perteneciente al holding Globalia. La Sala, no obstante, sólo acepta la declaración de Hidalgo, pese a que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a ambas.

A juicio de la Sala, la declaración como testigo del empresario es "útil y pertinente para el conocimiento exacto de los términos en los que se han venido prestando los servicios de transporte de material sanitario, derivados, no nos olvidemos, de un contrato de adjudicación pública".

Tal y como indica el tribunal en una resolución fechada el pasado 27 de junio, el interrogatorio de Hidalgo ayudará "al esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quién se pagaron las mismas".

"Por ello, en este momento, tal actuación es útil para el esclarecimiento total de los hechos denunciados en este procedimiento, y, por lo tanto, la práctica de tal diligencia de investigación se entiende necesaria", concluye la Sala, en una ponencia de la magistrada Ana Revuelta Iglesias.

El tribunal, de hecho, reprocha los argumentos del juez para denegar la citación como testigo de Hidalgo y subraya que "la existencia de otras mercantiles relacionadas con los investigados no es óbice para no esclarecer los términos de estas transacciones vinculadas a las comisiones en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos".

En su recurso presentado ante la Sala de lo Penal, Liberum destacaba que Lauffer sí había sido citada en las comisiones parlamentarias sobre el caso Koldo. El tribunal, no obstante, rechaza estas consideraciones, al recordar que la Justicia es "ajena a tales prácticas", vinculadas al Poder Legislativo.

"El desarrollo de tales comisiones tiene otra razón o causa en el interés político, y no es vinculante para la dirección de la investigación penal, que corresponde a los tribunales y cuyo objetivo es otro bien distinto", señala la resolución.

Cuando Ábalos lo encabezaba, el Ministerio de Transportes adjudicó dos contratos a la compañía Soluciones de Gestión SL, destinados al suministro de mascarillas sanitarias FFP2 desde China. Concretamente, lo hizo a través de las empresas públicas Puertos del Estado, en cuyo Consejo Rector se sentaba Koldo García, y Adif. La primera de ellas pagó 20 millones de euros por 8.000.000 de mascarillas. La segunda, 12,5 por otra remesa de cubrebocas.

Por otro lado, Javier Hidalgo era consejero delegado de Globalia cuando el Gobierno rescató con un préstamo de 475 millones a Air Europa, perteneciente a dicho holding. Además, Soluciones de Gestión SL pagó a Air Europa por el transporte de las mascarillas desde Asia hasta España. Y, según consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen al caso Koldo, el empresario que controlaba Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, utilizó a De Aldama para intermediar con Transportes y lograr la adjudicación de estos suculentos contratos a su mercantil.