Por qué Begoña Gómez gana con su querella contra el juez Peinado, a diferencia de su marido

Esta pinza penal del matrimonio Sánchez-Gómez, artillería pesada contra el instructor, es un hecho insólito en la historia judicial española. Tan insólito como tantas cosas en este proceso, en el que el juez insistió en personarse en el palacio de la Moncloa para interrogar al jefe del Gobierno.

Ese empeño de Peinado en tener frente a frente a Pedro Sánchez, tan espectacular como estéril dada la dispensa que la ley garantiza a un testigo citado a declarar sobre su cónyuge, es la base de la querella que el presidente del Gobierno registró contra el juez pocos minutos después de que saliera de la Moncloa.

Pero es una querella a la que en los ámbitos jurídicos se concede un escaso recorrido. La citación del jefe del Ejecutivo al amparo de un precepto (el artículo 413 de la ley procesal penal, que establece la declaración presencial) o de otro (el artículo 412, que prevé que la autoridad pueda testificar por escrito) es una cuestión lo suficientemente interpretable como para descartar que pueda hablarse de una resolución patentemente arbitraria, que no admite ninguna interpretación acorde con el Derecho y que, además, fue adoptada por el juez a sabiendas de su injusticia.

El pronóstico general es que la querella de Sánchez no será admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (órgano competente para decidir sobre la responsabilidad penal de los jueces de esta comunidad autónoma), deteriorando el prestigio de la Abogacía del Estado y convirtiendo a Peinado en la "víctima" de un "ataque" del Ejecutivo, estima una fuente jurídica conocedora del llamado 'caso Begoña'.

"Cruzada" del juez contra Begoña

La querella de la mujer de Sánchez es otra cosa. Primero porque, al margen de su consistencia en cuanto al fondo, es innegable que Peinado ha protagonizado actuaciones extrañas al normal comportamiento judicial. La querella enumera más de una docena de ellas: desde la imprecisión del objeto el procedimiento a la amenaza de detener a Begoña Gómez si no acudía a presenciar la declaración de un testigo o la ignorancia de los informes de la UCO de la Guardia Civil, que no aprecia ni siquiera irregularidades -no ya indicios delictivos- en los contratos sobre los que Peinado sigue acordando diligencias.

A ello se suma que, pese a haber declarado el secreto reforzado de las actuaciones, de manera que solo las podía conocer el fiscal, el instructor facilitó a las acusaciones populares (entre ellas, Vox y Manos Limpias) las primeras declaraciones testificales que se produjeron en la causa y diversa documentación, mientras mantenía a la defensa al margen de esa información.

Creó, así, un "secreto a la carta, sin amparo legal y en contra de los derechos fundamentales" de la investigada, que se iba enterando por los medios de comunicación de lo que ocurría en la causa que le afectaba.

La querella se detiene en la "casualidad" de que algunas de las decisiones más adversas para Gómez y su marido "irrumpieron en la campaña electoral" al Parlamento Europeo o coincidieron con actos políticos del PP.

La citación de Begoña Gómez como investigada se conoció el 3 de junio -en la recta final de la campaña electoral europea- pese a que la comparecencia fue fijada para más de un mes después.

Y la citación de Sánchez como testigo se notificó el 22 de julio, "mientras se reunía la Junta Directiva del Partido Popular,
en una perfecta coordinación, para hacer balance del año antes de las vacaciones estivales, lo que obviamente aprovechó su líder para hacer de esta citación el centro de sus declaraciones pidiendo la dimisión del presidente".

La querella dibuja a un juez que lleva a cabo una instrucción "perversa y prospectiva", plagada de decisiones "rocambolescas" que "aparecen como injustas y arbitrarias", denotando su "hostilidad y sobreactuación en su papel como instructor".

Peinado está "en una cruzada personal" contra Begoña Gómez, llega afirmar la querella, que acusa al juez de buscar el "impacto mediático y social" de sus decisiones, "siendo el objetivo claro erosionar o deteriorar la figura del presidente del Gobierno".

La vara de medir de la Justicia

La querella basa la imputación de un presunto delito de prevaricación continuada en esa "hostilidad" de Peinado contra la investigada que  hace que tome decisiones "estrambóticas" contra ella.

Pero añade otros dos delitos: la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y/o la revelación de secretos de un particular por parte de un funcionario.

Esta última imputación presenta un evidente paralelismo con otro caso recientemente tramitado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM ha visto indicios de revelación de secretos de un particular -el novio de la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP- por parte del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid.

Si en el caso del empresario González Amador la querella se centra en una nota informativa de la Fiscalía autorizada por Álvaro García Ortiz, en el caso de la empresaria Begoña Gómez la querella menciona dos notas informativas del gabinete de prensa del TSJM autorizadas por Peinado y en las que, afirma, se dieron datos de la causa (los delitos que se investigan, los testigos citados) cuando estaba bajo secreto reforzado.

El paralelismo que traza la querella no es inocente. Si el TSJM no la admite a trámite, apuntalará el discurso del "peligro" que representan unos "jueces conservadores" que aplican una distinta vara de medir cuando el asunto afecta al PP que cuando concierne al Gobierno y para los que "todo vale" con tal de perjudicar a Pedro Sánchez.

La otra opción es que el Tribunal Superior de Madrid decida investigar los hechos denunciados por la defensa de Gómez. En esa hipótesis, la instrucción contra ella proseguiría, pero no a cargo del juez Peinado, que debería apartarse.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece como causa de abstención -o de recusación, si el juez no se abstiene "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal".