Raúl Morodo, exembajador en Venezuela, junto a su hijo Alejo, este lunes, en la Audiencia Nacional.
Raúl Morodo, exembajador en Venezuela, acepta 10 meses de cárcel por fraude fiscal en los negocios de su hijo con PDVSA
- Alejo Morodo también pacta con la Fiscalía Anticorrupción y asume durante el juicio una pena de dos años de cárcel.
- Más información: Anticorrupción pide 3 años y medio de cárcel para el exembajador Morodo y multa de 3,7M para su hijo
Raúl Morodo, quien fuera embajador en Venezuela cuando José Luis Rodríguez Zapatero presidía el Gobierno de España, ha aceptado una pena de 10 meses de prisión y una multa de cerca de 90.000 euros por defraudar a Hacienda.
Así lo ha verbalizado el propio Morodo, de 89 años de edad, este lunes, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De esta forma, el exdiplomático se ha conformado con la petición de la Fiscalía Anticorrupción en su contra. El Ministerio Público le acusaba de, en resumen, haber colaborado con su hijo Alejo para defraudar al fisco a través de los negocios de éste con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Todo ello, a través de la interposición de empresas pantalla, a fin de evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), más beneficioso.
Por su parte, Alejo Morodo ha aceptado un total de dos años de cárcel por dos delitos de fraude fiscal. A ambas penas, las del padre y las de su hijo, se les ha aplicado las atenuantes de confesión y de reparación del daño. Ambos acusados han pagado ya más de 1,4 millones de euros. La fiscal Ana Cuenca llegó a solicitar más de tres años de prisión para el exdiplomático.
Hugo Chávez y Raúl Morodo, entonces embajador de España en Venezuela.
En enero de 2023, el entonces juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal propuso juzgar a Raúl, Alejo y a Ana Catarina Varandas, esposa del último.
El magistrado explicaba en un auto fechado entonces que el hijo del exdiplomático se había dedicado a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y de consultoría. Y que, para defraudar a Hacienda, decidió interponer tres sociedades para evitar el pago del IRPF.
"Estas empresas carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios que, de acreditarse su efectiva prestación, sólo ejecutaría Alejo", subrayó el juez Abascal.
Su acceso a PDVSA, además, se habría producido gracias a las relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela, donde ejerció de embajador entre 2004 y 2007.
