El juez instructor del Supremo inicia la causa contra el fiscal general sobre la revelación de datos del novio de Ayuso

Hurtado ha dictado una resolución en la que incoa las diligencias previas y requiere a Álvaro García Ortiz para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.

En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento de todas ellas.

Hurtado deja pendiente el pronunciamiento sobre las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, que ejerce la acusación particular. Entre ellas está que se acceda a los correos electrónicos que se intercambió con la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también encausada, sobre la investigación realizada por presuntos delitos fiscales a la pareja de la presidenta madrileña-

También tiene pendiente pronunciarse sobre la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.

Es la primera vez que el alto tribunal abre una causa penal a un fiscal general. 

La Sala Segunda decidió, por unanimidad, iniciar el proceso contra García Ortiz tras la interposición de dos querellas por la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el sindicato Manos Limpias y de la elevación de una exposición del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena, que ha investigado una querella de González Amador y una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid.

La investigación del TSJM se centró en una nota informativa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 14 de marzo con el fin de salir al paso de noticias falsas de algunos medios, según los cuales el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a González Amador y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" con el fin de llevarle a juicio.

La realidad era que el pacto había sido ofrecido a la Fiscalía por el abogado de González Amador en un correo electrónico en el que se asumía que el empresario había cometido dos delitos fiscales.

Pero el Supremo no ve revelación de secretos en esa nota informativa. Tras mencionar los numerosos datos publicados por los medios sobre la investigación de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía al novio de Díaz Ayuso, el alto tribunal afirma que "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos".

Para la Sala Penal, la revelación de datos reservados está en la difusión de los correos electrónicos que la defensa de González Amador intercambió con el fiscal que redactó la denuncia contra él, Julián Salto. La iniciativa de ese intercambio de mensajes partió del defensor del empresario, que ofreció llegar a un acuerdo sobre la pena asumiendo la comisión de delitos fiscales por parte de la pareja de Ayuso.

"En concreto", afirma la Sala en cuanto al objeto de la causa abierta ahora en el alto tribunal, "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial, enviados por el fiscal Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa".