Pablo Lucas, en su despacho del Tribunal Supremo./
El CGPJ renueva a Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta como jueces de control del CNI pese a las críticas independentistas
- El órgano de gobierno del Poder Judicial replica al cuestionamiento de ambos magistrados por Junts y ERC ratificando su confianza en ellos con la aprobación de un nuevo mandato de cinco años.
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El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha renovado hoy por unanimidad los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta como jueces titular y suplente, respectivamente, para el control de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia relativas a la entrada en domicilios e interceptación de las comunicaciones.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que dos jueces del Tribunal Supremo -un titular y un suplente- autoricen o denieguen las peticiones de los servicios secretos de inteligencia para actuaciones que afecten a los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.
Lucas viene ejerciendo esta actividad ininterrumpidamente desde 2009, mientras que Martínez Arrieta fue elegido para suplir al primero en diciembre de 2017.
La renovación del mandato como jueces de control del CNI para los próximos cinco años es una expresión de la confianza del nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial en estos magistrados, que actualmente ejercen como presidentes en funciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y Penal del Tribunal Supremo.
Y ello pese al cuestionamiento del que ha sido objeto por parte de los partidos independentistas ERC y Junts per Catalunya a raiz del caso Pegasus, con el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez.
Lucas, un prestigioso magistrado del alto tribunal -de lo que recientemente da fe el hecho de que ha sido el candidato más votado del Supremo en las elecciones a la Sala de Gobierno celebradas el pasado 26 de noviembre- ha sido requerido en dos ocasiones por el Parlament de Cataluña para que justificara su decisión de autorizar la interceptación del teléfono del expresidente catalán Pere Aragonès.
Su incomparecencia, justificada por la exigencia legal de no revelar sus actuaciones como juez de control del CNI, hizo que el Parlament enviara el asunto a la Fiscalía, que dio carpetazo al asunto.
