El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Supremo el pasado 29 de enero.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Supremo el pasado 29 de enero. Europa Press

Tribunales

El CGPJ investiga ya la queja del fiscal general por la inclusión de sus datos personales en informes de la UCO

García Ortiz presentó una reclamación al haberse entregado esos informes, sin ninguna cautela, a las partes que intervienen en el procedimiento que el Supremo tramita contra él.

Más información: Marlaska amplía la protección del fiscal general tras incluirse datos privados como su dirección en informes de UCO

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La Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial ha acordado iniciar actuaciones previas tras la reclamación realizada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la puesta a disposicion de sus datos personales a las partes que intervienen en el procedimiento en el que se le investiga, precisamente, por revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El organismo del CGPJ encargado de la protección de datos recibió el pasado viernes una queja por escrito del fiscal general en relación a la entrega a las partes de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el tráfico de llamadas del fiscal general en las fechas en las que se filtró a la prensa información sobre el expediente por fraude tributario abierto al empresario Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso.

El informe de la UCO incorporaba varios anexos an los que aparece el tráfico de llamadas del fiscal general y la identificación del titular de la línea telefónica a la que él llama o desde la que le llaman, junto con el dato de las direcciones particulares de todos ellos.

Figura, así, en esos anexos al informe de la UCO el domicilio de García Ortiz. Pero también el de los titulares de los números de teléfono a los que el fiscal general ha contactado o que le han contactado a él, incluido el de su propio jefe de escoltas.

Esta situación llevó a García Ortiz a pedir a Interior un aumento de su protección, que ya ha sido acordado.

Además de García Ortiz, también ha formulado una queja la fiscal de Sala de memoria democrática Dolores Delgado, exfiscal general, al ser una de las personas cuyo teléfono móvil y dirección particular aparecen en los anexos del informe de la UCO.

El CGPJ ha informado este miércoles de que la Dirección de Supervisión y Control de Datos llevará a cabo "las actuaciones que resulten oportunas" a la vista de los escritos de García Ortiz y Delgado, sin especificar cuáles.

Las funciones propias de las autoridades de protección de datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los Juzgados, Tribunales y las oficinas judiciales corresponden, con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial.