Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, afirma que el consenso debe marcar la pauta de las políticas públicas. "Pactos, pactos y más pactos. Así es como ha progresado España y así es como lo seguirá haciendo". Se trata de una fórmula que ha sido posible en el caso del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, y que reclama llevar al campo de la movilidad y las infraestructuras.   

"Habría que plantear que el acuerdo que se produjo este martes sobre el CGPJ de los dos principales partidos constitucionalistas se extendiera también al campo de la movilidad y las infraestructuras", ha afirmado Ramírez. "Se trata de asuntos cuya ejecución y planificación afectan a varias legislaturas y a la vida de los ciudadanos más allá de lo que dura un gobierno". 

"De cómo seamos capaces de afrontar los grandes retos de la movilidad sostenible depende además nuestra prosperidad futura y calidad de vida", ha indicado el director de EL ESPAÑOL en el V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

De hecho, ha recordado que "en Wake Up, Spain! Óscar Puente, ministro de Transportes, hizo un llamamiento al pacto político en torno a la Ley de la Movilidad que está en el Congreso. "Es la ocasión para que esto se produzca. En asuntos así la ideología debe quedar apartada y las estratagemas partidistas también. Se debe llega a un acuerdo lo más amplio posible al menos entre los dos grandes partidos que representan a las dos terceras partes del electorado".

"Que se produjeran acuerdos en este ámbito mandaría una señal extraordinariamente positiva", ha afirmado. "No sólo se pacta cuando la Constitución obliga a hacerlo, sino que también se pacta cuando el interés general lo aconseja".

Un ejemplo de justo lo contrario fue lo que ocurrió hace unos meses con el pago por uso de las infraestructuras. "El ministro Puente lo planteó y el mero hecho de hacerlo llevó a un tsunami de reacciones adversas". Para Ramírez, "el PP tiene que corresponsabilizarse de lograr una solución viable para el mantenimiento y desarrollo de nuestra red de carreteras".

El director de EL ESPAÑOL ha considerado "sorprendente que de los más de 160.000 kilómetros de carreteras de España, menos del 1% tenga algún tipo de peaje. Esto representa una cantidad proporcional y en términos absolutos inferior a la de países como Francia, Alemania y Portugal".

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Por ello insiste en que esto supone "un problema de Estado. De toda la sociedad. Sólo el coste de mantenimiento de esa red viaria ya ronda los 10.000 millones. No nos deberíamos conformar con el mantenimiento. Deberíamos encontrar fórmulas para invertir en esas infraestructuras que ya tenemos y que se están quedando obsoletas". 

Ramírez ha recordado que en "este simposio vamos a hablar también del transporte por ferrocarril. De las autopistas ferroviarias, de los nódulos de interconexión con los puertos... Si conseguimos desviar una parte del tráfico pesado de nuestras carreteras al transporte ferroviario, que también lo hacemos en una proporción mucho menor que otros países, habremos avanzado muchísimo. Y esto rebajaría drásticamente las emisiones, tal y como estamos obligados a hacerlo en los parámetros que nos ha dado la UE". 

Ferrocarril y automóvil

Por otro lado, "la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril es un hecho y es un éxito pese a las polémicas y la acumulación de los retrasos medios. Los viajeros están usando en una proporción mayor el ferrocarril a precios más competitivos... Todo eso es muy positivo". 

Todo fundamental para que España cumpla el objetivo de reducción de gases para 2030, que es de un 55%. "Esto afecta naturalmente más que a ningún otro sector a la industria del automóvil, que en España ha asumido con potentes inversiones para su electrificación".

Con todo, "el Gobierno tendría que responder con inversiones o algún tipo de medidas al malestar que ha trascendido de este sector tras la dimisión de Wayne Griffiths como presidente de la patronal de fabricantes de automóviles".

Lo cierto es que "la transición al coche eléctrico en España es inquietantemente lenta. Los coches eléctricos apenas suponen un 5% del total, muy por debajo del 18%, el 15% o el 12% de los países de nuestro entorno. Da la sensación de que el Plan Moves III no ha sido eficiente en la distribución de sus dotaciones".