En una resolución conocida por EL ESPAÑOL, la Sala de lo Penal de la AN estima los recursos interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado Jaime Campaner en defensa de Luis del Rivero (expresidente de Sacyr) y Podemos, y ordena al juez instructor que continúe la investigación para determinar la responsabilidad de todos los que intervinieron en la contratación de la empresa del comisario, Cenyt.

La investigación ha arrojado indicios de que en 2011 Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero, su mujer, el jefe de seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol, accediendo a información sobre llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado presuntamente a Villarejo por Enrique García castaño, entonces jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía.

La empresa de Villarejo recibió por este encargo un total de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de Repsol y 194.700, de CaixaBank.

En una resolución dictada el pasado 20 de septiembre, el juez instructor dio por concluida la investigación y limitó la responsabilidad penal por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos a Villarejo; su número dos, Rafael Redondo; el comisario García Castaño y los exresponsables de seguridad de Repsol y CaixaBank, Rafael Araújo, Rafael Girona y Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Esa resolución ha sido revocada este lunes por la Audiencia Nacional, que, además, ha vuelto a dar la condición de investigados a cuatro directivos o exdirectivos de Repsol y CaixaBank a los que el juez instructor había exonerado. Se trata de Luis Suárez de Lezo, exdirector general de Repsol y actual secretario del consejo de administración; Joaquín Uris, director corporativo de gestión patrimonial de Repsol hasta 2015; Juan de Amunátegui, exdirector corporativo de servicios en Repsol; y Antonio Masanell, exdirector general de medios de CaixaBank. 

Los presidentes

La decisión de la Sala es consecuencia de una anterior resolución, dictada el 7 de febrero, por la que volvió a incluir en el proceso como investigados al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, que también habían sido exculpados por el juez instructor. 

La resolución del pasado 7 de febrero -recuerda ahora el tribunal- hacía referencia a la existencia de "indicios de que la contratación de Villarejo se produjo por iniciativa del presidente de Repsol, siendo materializada por Rafael Araújo en su condición de director de seguridad corporativa de dicha compañía, por orden del secretario general, Suárez de Lezo".

"Se decía en dicha resolución", añade, "que el expresidente de CaixaBank había reconocido haber transmitido a su director del área de seguridad, Miguel Ángel Fernández Rancaño, la noticia de la contratación por Repsol del grupo Cenyt,  encomendándole que se reuniera con su homólogo en Repsol para abordar el asunto, y que había recibió información directamente de Fernández Rancaño sobre los resultados de las gestiones de Cenyt".

"Todo ello había sido confirmado por las declaraciones de Fernández Rancaño, quien dijo que la orden le fue transmitida a través de Antonio Massanell", agrega la Audiencia.

La Sala explica que la falta de diligencias ya constatada en febrero impide dar por concluida la fase de instrucción, que deberá continuar.

Además, aprecia un "acervo indiciario común" respecto a los directivos que fueron exonerados, con datos incriminatorios que ponen de manifiesto que "todos ellos intervinieron en la contratación de Cenyt o en el proceso de abono de su facturación".

Así, Luis Suárez de Lezo "pudo haber intervenido en la transmisión de la orden de la presidencia de Repsol a Rafael Araújo Bernabé y haber sido informado del resultado de las gestiones".

"De modo análogo pudo ocurrir en CaixaBank con Massanell, transmisor al director del área de seguridad Miguel Ángel Fernández Rancaño del encargo de la presidencia de reunirse con su homólogo en Repsol", señala.

Por su parte, Juan Amunátegui y Joaquín Uris "participaron en el proceso de abono de los servicios, haciéndolo directamente el primero de ellos en la validación de una de las facturas".

Indicios "más débiles"

La Sala afirma que, aunque en esos cuatro casos los elementos incriminatorios "son considerablemente más débiles", sí son "suficientes para calificar como prematuros los sobreseimientos acordados" por el juez instructor en septiembre "habida cuenta de las diligencias que faltan por practicar".

De este modo, la valoración definitiva respecto a la presunta responsabilidad de estos directivos "debe deferirse al momento de la conclusión de la instrucción".

Por las mismas razones, la Audiencia Nacional rechaza archivar el proceso respecto a los exresponsables de seguridad de CaixaBank y Repsol -Miguel Ángel Fernández Rancaño, Rafael Girona y Rafael Araújo- ya que hay indicios de que "tomaron parte directa en la contratación de Cenyt o se unieron a ella en la fase inicial de realización del encargo de gestiones".

"Por lo general", explica la Sala, "el sobreseimiento requiere una instrucción acabada que haya esclarecido completamente los elementos inicialmente incriminatorios y permita descartar su existencia o su suficiencia para sustentar una acusación íntimamente fundada".