“Moción por la que se insta al Gobierno de la Nación a ejecutar las inversiones previstas en La Comarca así como a estudiar el impacto de la industria metalúrgica en la biodiversidad de Isengard”. 

“¿Qué piensa hacer el Gobierno para evitar la despoblación creciente de Mordor?”.

“¿Va a tomar alguna medida el ministro del Interior, Sr. Grande-Marlaska, para paliar la ola de delitos contra la propiedad que se está produciendo en la Región de los Trolls?”.

“Firmado, Ander Gil, presidente del Senado de Tierra Media”.

Ahí lo tienen. Ejemplos de redacción del tipo de textos que podrían ser perfectamente legales en la Cámara Alta según el criterio de su presidente, el de su partido (el PSOE) y el de otra formación experta en mitos y leyendas como es el PNV.

Nunca lo admitirán, pero no existe ninguna diferencia, ni legal ni real, entre la geografía de El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien y la de lo que llaman los Países Catalanes. Sin embargo, este último es un término que, junto al de País Valenciano o el de Principado (para referirse respectivamente a la Comunidad de Valencia y a Cataluña), puede ser utilizado en el Senado.

Esa es la noticia, pero déjenme hacerles una aclaración que probablemente se ha pasado por alto. No sé si ya ocurría con anterioridad, pero puedo asegurarles que en la X Legislatura (2011-2015) esas expresiones ya se utilizaban oralmente y por escrito sin que ni el presidente de la Cámara (Pío García Escudero), ni ningún grupo político, ni nadie de los servicios jurídicos del Senado levantase una ceja.

Para alguien como yo, que se estrenaba en las Cortes Generales en esa legislatura (la primera y la última) y que representaba un territorio (Mallorca) en el que esos Países Catalanes, lejos de ser una trivialidad, eran la expresión del deseo de una unión política independiente de España y de subordinación a Cataluña, el hecho no carecía de importancia.

Mucho menos con el hartazgo acumulado de toda una trayectoria laboral en la que el único ecosistema posible (para una historiadora, para cualquiera que tuviera relación con la cultura) era el catalanismo.

La excusa siempre fue la discutida unidad lingüística y cultural, pretexto inapelable con el que ir tejiendo la unidad política desde el independentismo.

Es cierto que los mismos que lo defienden saben que no se trata de una idea demasiado popular. Por eso, en las más de dos décadas en que algunos hemos denunciado que lo que había detrás de la “unidad de la lengua” y de esos pretendidos Países Catalanes tenía que ver poco con la cultura y mucho con el pancatalanismo político, se nos ha tachado de alarmistas, mentirosos y, finalmente, de fachas.

Por eso también cuando algunos oíamos a senadores como Carles Mulet de Compromís o a muchos de los senadores del PSC utilizando el término País Valenciano, y veíamos que se permitía; o cuando una senadora de ERC, Esther Capella, presentaba las enmiendas a los Presupuestos Generales en nombre de los Países Catalanes, y nadie le exigía que rectificase; sólo podíamos llegar a la conclusión de que en el resto de España no se estaba entendiendo nada.       

Pero llegó el golpe de Estado en Cataluña y, con bastante retraso, se empezó a comprender que lo que parecían particularidades folclóricas o excentricidades de grupos minoritarios formaba parte del andamiaje sobre el que se sustentaba el desafío separatista. Y se empezó a mencionar con algo de preocupación (tampoco demasiada).

La noticia no es que a partir de ahora en el Senado se permita tramitar mociones, presentar enmiendas o pretender legislar en nombre de los Países Catalanes. Tampoco que el PSOE o el PNV expresen su consentimiento por escrito. La noticia es que por fin es noticia. Aunque no dure más de un día.