Anulada. La subasta que iba a entregar por 10.000 euros a la china Tzaneen Internacional la pista de aterrizaje, la torre de control y la terminal del Aeropuerto de Ciudad Real (el equivalente a la mitad de los activos del aeródromo) ha sido declarada nula por el Juzgado de Primero Instancia número 4 de lo Mercantil de Ciudad Real. 

El magistrado Carmelo Ordóñez Fernández, que pasó a encargarse del caso hace unos meses convirtiéndose en el cuarto juez encargado del proceso, ha buscado en la jurisprudencia la fórmula para amarrar un auto de nulidad que le permita cumplir con el objetivo que se planteó desde que se hizo con el caso: repetir el proceso y que el aeropuerto se venda todo junto. Desde que un informe solicitado a Aviación Civil por el magistrado defendió que "todas las superficies, instalaciones y edificaciones (del aeropuerto), independientemente de quien ostente su titularidad, deben destinarse al uso aeroportuario", Ordóñez hizo suyo el argumento de que vender por separado carecía de sentido.

El magistrado ha encontrado, para empezar, defectos de forma en el modo en que se abrió el proceso de subasta pública "segregando la unidad productiva unitaria" (por un lado las citadas pista, torre de control y terminal y por otro el aparcamiento y los terrenos aledaños. Ambos lotes estaban tasados cada uno en 40 millones de euros. Al introducir cambios en el Plan de Liquidación, explica el auto dictado hoy por el juez, debía haberse hecho mediante un auto y no mediante una providencia, dando traslado antes a la empresa concursada y a los acreedores para formular las alegaciones oportunas. Al no haberse dado estos pasos, considera el magistrado que ya hay causa de nulidad. 

Además, el cambio sustancial en el Plan de Liquidación implicaba contar "con las preceptivas autorizaciones administrativas (estatal y regional) y legales (modificación del Plan Director del Aeropuerto y del Proyecto Singular)". Ninguna de ellas se produjo.

Para finalizar, explica el auto, no se definió qué era lo que se estaba subastando. Carecía la subasta de toda determinación "sobre terrenos, fincas, parcelas, inmuebles y bienes muebles lo que hacía imposible el dictado de una resolución adjudicando el pretendido objeto e incluso la inscripción registral posterior en el registro de la propiedad". 

El juez considera que ahora, una vez anulado el polémico proceso de subasta, no hay tiempo que perder. Por eso ha ido recibiendo durante estas semanas ofertas por la totalidad del aeropuerto e incluso ha recomendado a la administración concursal que estudie alguna de ellas (la efectuada por Grupo Orden 12). Además, en el auto dictado hoy insta a la administración concursal a reabrir en un día el proceso de venta. 

El proceso en cualquier caso se había convertido en un sainete. Después de la oferta de los 10.000 euros de la empresa china se dio una segunda oportunidad de mejorarla en un proceso de nuevas pujas que debían alcanzar al menos el 70% del valor de tasación y que llegó a tener hasta seis ofertas. La que habría sido la clara ganadora, la de la empresa británica Eca Program, alcanzó los 80 millones de euros. El oferente aseguraba que pretendía utilizar el aeropuerto para aparcar y realizar las labores de mantenimiento de cazas de combate que decía utilizar para jugar el papel del enemigo en los entrenamientos de ejércitos de países OTAN. Decía también que ya había tenido contactos con el Ministerio de Defensa español para lograr el contrato pertinente, extremo que fue negado a EL ESPAÑOL en su día por el ministerio que dirige, ahora en funciones, Pedro Morenés. Tras el proceso, Eca ni presentó las garantías pertinentes. 

En vista de que era probable que el juez anulase la venta, Tzaneen pretendió ofrecer 40 millones de euros (esta vez el máximo por el que se había tasado) por la parte del aeropuerto por la que no había pujado, es decir, que en total ponía sobre la mesa 40 millones y 10.000 euros. Si de verdad está interesada tendrá ahora que reformular esa oferta. 

Historia de un fiasco

La primera vez que se habló de la intención de ubicar un aeropuerto gestionado por empresas privadas en Ciudad Real, el pronóstico de inversión se dio en pesetas. Era allá por 1998 cuando la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha creaban una sociedad en cuyo capital iban a dar entrada a socios privados para que aterrizasen el sueño del aeropuerto en la tierra de Don Quijote.

Como primeros socios eligieron a las grandes aliadas de las aspiraciones megalómanas de políticos españoles en las últimas décadas: las cajas de ahorros. En concreto, la que terminaría siendo la primera entidad intervenida en la presente crisis financiera, Caja Castilla-La Mancha; y la sevillana El Monte, que fue integrada en Cajasol, luego en Banca Cívica y, después de mil patadas hacia adelante, entregada a Caixabank en 2012.

El aeropuerto no fue capaz de estar operativo hasta 2008 y menos de dos años después, la sociedad propietaria, CR Aeropuertos, era declarada en concurso de acreedores, con una deuda de 290 millones de euros, a demanda de uno de esos acreedores en los juzgados. La mayor damnificada fue Caja Castilla-La Mancha, a la que se adeudaban 158 millones, aunque también lo sufrieron otras empresas como la constructora Isolux Corsan.