Este jueves 10 de marzo hace exactamente un año que Andorra intervino Banca Privada d’Andorra (BPA), uno de los principales bancos del pequeño país y dueño en España del Banco Madrid, después de la denuncia de blanqueo de capitales publicada por la unidad de delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La consecuencia de todo ello fue la intervención y liquidación de BPA y de su filial Banco Madrid, que provocó que miles de inversores sufrieran un corralito bancario y buena parte de los depositantes perdieran sus ahorros. También los accionistas de la entidad, encabezados por la familia Cierco, que por su cuenta también reclama al Principado otros 366 millones por los daños patrimoniales ocasionados.

Por eso ahora, un año después de todo aquello, desde el despacho Cremades & Calvo-Sotelo han presentado una demanda colectiva, en la que están representadas 222 personas, contra el Gobierno de Andorra, al que reclaman algo más de 366 millones de euros. "El Gobierno norteamericano, el andorrano y el español tienen una responsabilidad, pero nosotros estamos demandando a quien creemos que es el responsable directo: el gobierno andorrano", ha explicado Javier Cremades.

A pesar de que en la caída de BPA también está implicado el Gobierno de EEUU, que fue quien dio la voz de alarma; y el Gobierno español, que a través del Banco de España intervino Banco Madrid, propiedad al 100% de BPA. A juicio de los abogados, "se ha arrancado un proceso de forma precipitada, dando palos de ciego, para llegar finalmente al punto de partida".

Según explica Ana Solé, una de las letradas andorranas que ha presentado la demanda, "los perjudicados en un primer momento creyeron en la transparencia de la administración, por eso hemos esperado hasta el último momento para presentar la reclamación". A su juicio, "un año es excesivamente largo para que los usuarios no tengan acceso a su dinero".

En BPA, según las investigaciones judiciales, no sólo tenían su riqueza dirigentes chavistas, la familia Pujol, defraudadores o mafiosos como Gao Ping o Andrei Petrov, presunto cabecilla de una mafia rusa. Como han querido dejar claro desde el bufete de Cremades & Calvo-Sotelo, detrás de esta demanda colectiva hay ancianos que estaban ahorrando para su jubilación, gente que había invertido su dinero en depósitos, ahorradores, etc. "Estamos para ayudar al ciudadano", ha argumentado Solé. "Aquí había millares de terceros implicados, cuyo patrimonio está ahora mismo retenido. Las cuentas están bloqueadas. Ahora mismo la gente tiene un acceso a la liquidez de 2.500 euros semanales", ha añadido.

Defensa del derecho a la propiedad privada

El presidente y fundador del bufete ha querido dejar claro que "aquí el agujero negro lo ha creado el regulador". Por eso interponen la reclamación "no contra BPA, una entidad que ya ha sido engullida, sino contra el gobierno andorrano". Los afectados siguen la misma estrategia que ya pusieron en marcha los dueños de la entidad bancaria. La familia Cierco denunció en su día la negligencia e inoperancia del Ejecutivo del Principado tras la acusación de Estados Unidos por blanqueo de capitales.

Javier Cremades considera que "aquella intervención no fue responsable y ahora va a devenir en responsabilidad". El abogado entiende que "estos clientes que no han blanqueado y que tienen depósitos en el banco deben recuperar su dinero".

Y añade: "Para eso estamos aquí, para respetar el derecho de los clientes, que estaban operando legalmente en un Estado de Derecho. De lo que estamos hablando es del derecho a la propiedad privada. No estamos hablando de proteger a criminales, sino del derecho básico a la propiedad privada".

Por otro lado, el Gobierno andorrano reveló esta semana que cerca de 1.000 clientes de la antigua BPA no han podido integrarse en el nuevo Vallbanc -la entidad que ha surgido de los activos de BPA- por ser sospechosos de blanqueo de capitales. Andorra encargó una auditoría a la consultora PwC para analizar todos estos activos.