La Comisión Europea ha lanzado este jueves una cruzada contra los países como Alemania, Francia o España que prohíben o restringen de forma injustificada nuevos servicios como Uber o Airbnb. La prohibición absoluta de cualquier actividad debe ser una medida “de último recurso”, avisa Bruselas en las directrices que ha publicado para regular la economía colaborativa. El objetivo tiene que ser, defiende el Ejecutivo comunitario, facilitar al máximo el desarrollo de estos nuevos negocios y reducir en lo posible las cargas burocráticas.

Las empresas del sector han acogido con entusiasmo las recomendaciones de Bruselas. "Los beneficios que genera la economía colaborativa deberían estar al alcance de todos. Europa tiene el potencial para liderar este movimiento y la guía publicada por la Comisión es una herramienta muy valiosa", ha dicho Airbnb. Para Uber, el Ejecutivo comunitario "ha dejado claro que las leyes europeas protegen a los servicios de economía colaborativa de las restricciones desproporcionadas e insta a los estados miembros a revisar las regulaciones que atentan contra su desarrollo".

La clave para Bruselas está en el impacto económico de los nuevos servicios y sobre todo su enorme potencial de crecimiento. Los ingresos generados en la UE por plataformas colaborativas alcanzaron los 28.000 millones de euros en 2015. Aunque la cifra todavía es modesta, supone duplicar la del año anterior. Cinco son los sectores clave: el alquiler de vivienda por periodos cortos, los servicios de transporte, los servicios para el hogar, los servicios profesionales y técnicos y las finanzas colaborativas.

“El próximo unicornio de Europa podría venir de la economía colaborativa”, ha asegurado el comisario responsable de Inversión, Jyrki Katainen. “Nuestro papel es fomentar un entorno regulatorio que permita a los nuevos modelos de negocio desarrollarse y a la vez proteger a los consumidores y garantizar condiciones de empleo y tributación justas”, ha resaltado. De momento, las grandes plataformas como Uber o Airbnb son estadounidenses.

Las directrices publicadas este jueves por la Comisión pretenden acabar con el mosaico de regulaciones diferentes e incluso contradictorias desarrolladas por los diferentes estados miembros o incluso por distintas regiones o ciudades dentro de un mismo país. Esta fragmentación regulatoria crea inseguridad jurídica para todos, alega Bruselas: para los nuevos servicios pero también para los operadores tradicionales e incluso para las autoridades públicas.

Si embargo, el Ejecutivo comunitario no propone reglas concretas, sino simples orientaciones. En cada uno de los problemas que afectan a los nuevos modelos de negocio (acceso al mercado, responsabilidad, protección de los consumidores, impuestos o condiciones laborales), Bruselas se decanta por las soluciones que supongan una menor regulación. Y pone de modelo a los países que ya dan las máximas facilidades a la economía colaborativa. Estas son las principales recomendaciones de la Comisión.

¿Se debe exigir licencia a los nuevos negocios?

Los proveedores de servicios sólo deben ser obligados a pedir licencia o autorización cuando sea “estrictamente necesario para cumplir objetivos relevantes de interés público”, según Bruselas. Tampoco se debe exigir licencia a las plataformas cuando actúan únicamente como intermediarias entre los consumidores y los que ofrecen el servicio, por ejemplo de transporte o alojamiento.

La Comisión pide además a los Gobiernos nacionales que diferencien claramente entre los ciudadanos individuales que prestan un servicio de forma ocasional y los profesionales. Para ello, apuesta por establecer umbrales mínimos por debajo de los cuales una actividad económica se considerará como no profesional y por lo tanto no se le aplicarán las mismas exigencias reglamentarias. Estos umbrales deben fijarse sector por sector, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se presta el servicio y los ingresos que genera.

Por ejemplo, en el sector del alojamiento, algunas ciudades permiten la existencia de alquiler a corto plazo sin autorización ni registro siempre que no sobrepasen un determinado número de días al año (por ejemplo 30 o 60 días). Otras diferencian entre la primera vivienda de una persona y otras propiedades, ya que asumen que la residencia principal de una persona sólo puede alquilarse de forma ocasional. Para Bruselas, este es el modelo a seguir.

¿Quién es responsable si se plantea un problema?

Las plataformas colaborativas pueden quedar exentas de responsabilidad por la información que almacenan por cuenta de los que ofrecen un servicio, recomienda la Comisión. No obstante, sí que son responsables de cualquier servicio que presten ellas mismas, como los servicios de pago. En todo caso, Bruselas pide a las plataformas colaborativas que adopten medidas voluntarias para combatir todos los contenidos ilegales online y para aumentar la confianza.

¿Cómo se aplican las normas de protección de los consumidores?

También en esta cuestión, Bruselas pide a los gobiernos un “enfoque equilibrado” que garantice un alto nivel de protección a los consumidores pero “sin imponer obligaciones desproporcionadas sobre ciudadanos particulares que no son comerciantes pero que ofrecen servicios de forma ocasional”. La legislación de protección de los consumidores de la UE se aplica cuando las plataformas y los proveedores de servicios actúan como comerciantes. Los ciudadanos que sólo ofrecen servicios de forma ocasional no deberían ser considerados como comerciantes, según la Comisión.

¿Cuándo se considera que hay una relación laboral en la economía colaborativa?

Una de las cuestiones más difíciles es cómo determinar si las personas que ofrecen servicios a través de plataformas colaborativas deben o no considerarse empleados de estas plataformas. Por ejemplo, si los conductores de Uber son o no sus empleados. Esto es fundamental para saber si se les aplican las normas de protección de los trabajadores. Tampoco en este punto ofrece la Comisión respuestas definitivas. Corresponde decidirlo a las autoridades nacionales, analizando caso por caso. Bruselas pide que se tengan en cuenta tres criterios: si las personas actúan bajo la dirección de la plataforma (es decir, si la plataforma es la que decide la actividad, la remuneración y las condicione laborales), si el trabajo es regular y si está remunerado.

¿Quién debe pagar impuestos?

La Comisión deja claro que las plataformas y servicios de la economía colaborativa deben pagar impuestos (el de la renta, el de sociedades o el IVA) al igual que cualquier otro participante en la economía. Y deben colaborar plenamente con las autoridades tributarias para registrar la actividad económica y facilitar la recaudación fiscal. No obstante, Bruselas pide a los gobiernos que simplifiquen y aclaren la aplicación de las reglas tributarias a la economía colaborativa.

Además, el Ejecutivo comunitario admite que puede haber excepciones en el caso del IVA. “En la práctica, puede haber dificultades a la hora de evaluar las obligaciones en materia de IVA de los participantes en la economía colaborativa”, señala la Comisión. Es más, muchos participantes en la economía colaborativa no tienen que pagar IVA porque su volumen de negocios anual estará por debajo del umbral para registrarse.