La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU ha acelerado en la última semana la tramitación de importantes casos en los que lleva tiempo trabajando, abriendo incluso nuevos expedientes como la reciente acusación de fraude contra Fiat Chrysler por trucar unos 104.000 vehículos para engañar en las pruebas de emisiones de motores diésel, caso similar al de la alemana Volkswagen, sobre la que también estos días ha trascendido que deberá pagar otros 4.300 millones de dólares por el 'dieselgate' o escándalo de las emisiones.

Los medios de comunicación estadounidenses recogen y subrayan la diligencia mostrada en las últimas semanas por este organismo a falta de pocos días de la entrada del nuevo gabinete republicano de Donald Trump, lo que ha llevado a algunos analistas a abrir el debate sobre si esta circunstancia puede variar el rumbo la política norteamericana sobre los controles a la industria del motor, haciéndola menos estricta o menos costosa para los infractores.

Hasta ahora, el presidente electo se ha referido mayoritariamente a estas empresas exclusivamente en términos de creación de empleo, centrando sus esfuerzos en conseguir frenar la deslocalización de sus plantas hacia México, bajo la amenaza de establecer altos aranceles comerciales, e incluso animando al regreso de alguna de las factorías que ya se marcharon.

De hecho, la misma Fiat Chrysler que ahora es denunciada por las autoridades medioambientales, era mencionada positivamente por Trump en su última rueda de prensa, después de que el presidente ejecutivo de la compañía, Sergio Marchionne, afirmara que cerraría sus plantas en el país vecino y volvería a EEUU si los aranceles que prevén los republicanos son demasiado elevados.

El mismo Marchionne salía este jueves al paso de las acusaciones de la EPA, muy disgustado por la denuncia que podría costar a su grupo una multa de más de 4.600 millones de dólares -sin contar el descalabro bursátil del 18% que sufrieron el jueves sus acciones-, contestando que sus vehículos respetan la normativa y que su empresa “colaborará con la administración Trump para presentar sus propios argumentos y resolver la cuestión de modo correcto y justo”.

Un escéptico del cambio climático

Quizá aquí está la clave de la cuestión. Este empresario italo-canadiense no tendrá que lidiar con la administración Obama a partir del 20 de enero, sino con un nuevo director de la EPA, Scott Pruitt, apodado por algunos Polluting Pruitt, un escéptico del cambio, antes fiscal general de Oklahoma, que ha hecho carrera de la lucha contra las salvaguardas de la agencia ambiental que ahora dirigirá. De hecho, llegó incluso a asegurar que este organismo no fue concebido como regulador ambiental de la nación, algo que levantó en armas a los movimientos ecologistas.

El Washington Post recogía en diciembre su nombramiento por parte del equipo de transición de Trump, que destacaba su conocimiento del impacto de las regulaciones sobre el medio ambiente y la economía. "Durante demasiado tiempo, la Agencia de Protección Ambiental ha gastado los dólares de los contribuyentes en una agenda antienergía fuera de control que ha destruido millones de puestos de trabajo, al tiempo que ha socavado a nuestros agricultores y muchos otros negocios e industrias", dijo entonces el presidente electo, que añadió que Pruitt "invertirá esta tendencia y restaurará la misión esencial de la EPA de mantener nuestro aire y nuestro agua limpia y segura". "Mi administración cree firmemente en la protección del medio ambiente y Scott Pruitt será un poderoso defensor de esa misión al tiempo que promoverá empleos, seguridad y oportunidades ", agregó.

En el currículum de Pruitt, quien manifestó sobre la implicación humana el cambio climático que es un debate que está "lejos de ser resuelto", destacan aspectos como que batalló legalmente para demandar el Plan de Energía Limpia de la EPA, dirigido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También llevó a los tribunales, junto con otros fiscales generales del estado, los reglamentos de esta agencia para reducir las emisiones de metano del sector de petróleo y gas.

Ahora, tras el último movimiento de la administración Obama, los republicanos tendrán que retratarse nada más comenzar el mandato con el caso Fiat Chrysler, sobre el que se han hecho públicas todas las supuestas irregularidades. En concreto, la EPA indicó esta semana que Fiat Chrysler Automobiles y su filial estadounidense, FCA US, cometieron diferentes violaciones de la Ley del Aire Limpio al instalar -sin informar de su existencia- un software de gestión del motor en sus modelos Jeep Grand Cherokee y Dodge Ram 1500 con el propulsor diésel de 3.0 litros vendidos en el país entre 2013 y 2016. Este dispositivo provoca un aumento de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NOx) en 104.000 vehículos, una cifra importante pero no equiparable a la del 'dieselgate' de Volkswagen, que afectaba a 11 millones de coches en todo el mundo, 600.000 en EEUU.

"Limpiando sus cajones"

Un trato diferente o más flexible por parte de las autoridades podría, además de levantar una polvareda mediática, generar suspicacias entre otros afectados por las sanciones del trucaje diésel, como la alemana Volkswagen, a la que su caso le ha costado ya miles de millones de dólares.

El Financial Times publica un artículo este viernes en el que analiza por qué los agentes de seguridad del Departamento de Justicia y de la EPA están ‘limpiando sus cajones’ a toda prisa antes de que Trump llegue, sugiriendo que la nueva administración quizá no va a estar tan interesada como la demócrata en castigar a los bancos -capítulo aparte, pero otro de los caballos de batalla de la etapa Obama con acusaciones de falsificación de hipotecas que se remontan al período previo a la crisis financiera de 2008- y los falseamientos en las emisiones de gases.

Según este rotativo, desde el 22 de diciembre, ambos organismos han resuelto casos de larga duración con Credit Suisse, Deutsche Bank y Volkswagen por un montante de 16.800 millones de dólares, además de iniciar acusaciones contra Barclays y Fiat Chrysler pidiendo miles de millones más. Esta semana, además, los fiscales de EEUU también presentaron casos penales contra seis ejecutivos de Volkswagen con sede en Alemania y tres comerciantes de divisas basados en el Reino Unido, como parte de lo que las autoridades norteamericanas describen como un esfuerzo para responsabilizar a individuos por las infracciones corporativas.

Hasta ahora, a juicio de este medio, a las compañías afectadas por este tipo de denuncias les podía convenir llegar a tratos con los responsables de estos departamentos gubernamentales, a fin de seguir adelante con sus negocios evitando costosos y largos procesos. Pero en los casos recientes como el de Barclays y Fiat Chrysler la dinámica ya ha cambiado, y estos grupos han optado por la estrategia de discutir y negar las acusaciones de las instituciones demócratas, probablemente a la espera de encontrarse nuevos directores menos duros en la era republicana.

En Francia, Renault

Curiosamente este viernes la Fiscalía de París ha abierto una investigación judicial sobre otro posible caso de fraude por ocultación de emisiones contaminantes en los vehículos diésel de la francesa Renault. De momento, sólo se trata de una investigación impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque en caso de que acabe en juicio, la crisis del ‘dieselgate’ podría comenzar a ser una amenaza global para buena parte de la industria del motor.

En el caso galo, no hay por ahora a las puertas del Elíseo un nuevo gobierno entrante más sensible con el sector automovilístico como ocurre en EEUU, donde la inesperada victoria de Trump el pasado 8 de noviembre ha obligado a la administración Obama a trabajar a marchas forzadas casi hasta el último día a fin de garantizar que algunos de sus logros perduren tras el desembarco republicano. Queda por ver es si este esfuerzo demócrata durará más allá del 20 de enero y si a cambio del regreso de las factorías, las industrias pueden conseguir algo más que ahorrarse unos aranceles.