Los sindicatos reclaman inversiones para evitar el cierre de térmicas

Mieres (Asturias), 6 mar (EFECOM).- Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han emplazado este miércoles al Gobierno central a que obligue a las empresas eléctricas a llevar a cabo los procesos de inversión necesarios para adaptarse a las exigencias ambientales y evitar el cierre de las centrales térmicas.

Los dirigentes sindicales, que hoy han participado en Mieres en una asamblea conjunta de ambos sindicatos, también han insistido en la necesidad de plantear una nueva forma de asignar el precio de la electricidad, ya que actualmente es un factor que resta competitividad a las empresas electrointensivas y dificulta su continuidad a largo plazo en España.

Sordo ha incidido en que el proceso de descarbonización debe ir acompañado de una transición social, ya que no puede realizarse mientras las empresas se "desentienden" del empleo.

En este sentido, ha asegurado que los sindicatos tratarán de que se mantenga el empleo y la actividad, ya que la transición energética debe ir "de la mano" de una transición social y de nuevas inversiones y puestos de trabajo.

Para ello, ha dicho que es necesaria la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva y garantizar un precio de la electricidad que permita a la industria ser competitiva.

En este sentido, Álvarez ha incidido en que España no puede mantener el precio de la energía un 27 por ciento por encima del de Alemania, ya que a la larga "es difícil" que las empresas mantengan su actividad en nuestro país.

Desde su punto de vista, es necesario un "debate a fondo" sobre el precio de la electricidad, que afecta especialmente a Asturias, donde hay muchas empresas electrointensivas, y cuyos principales problemas, "como el de Alcoa", están relacionados con el alto precio de la energía.

Respecto al proceso de cierre de centrales térmicas ha afirmado que "no es necesario" porque se puede invertir para que continúen su actividad hasta 2030.

Por este motivo, ha emplazado al Gobierno central a que obligue a las empresas a que lleven a cabo los procesos de inversión necesarios para que no cierren las plantas.