El ala dura de la Comisión demanda una multa simbólica a España por el déficit

El culebrón de la multa a España y Portugal por el desvío del déficit todavía no se ha cerrado. La Comisión Europea ha vuelto a discutir este miércoles a puerta cerrada cuál debe ser el castigo a los dos países por haber incumplido el año pasado las metas presupuestarias marcadas por la UE y el debate ha puesto de relieve que persisten divisiones internas sobre la política económica a seguir tras el brexit y la ralentización mundial.

La posición dominante sigue siendo que la multa -que en el caso español se fijaría de forma predeterminada en 2.000 millones de euros- debe reducirse a cero para no dañar la confianza y poner en riesgo la recuperación. Pero los comisarios más duros en materia de disciplina fiscal sostienen que esta solución socava la credibilidad de las reglas presupuestarias de la UE y reclaman fijar una sanción mínima, aunque sea meramente simbólica.

La decisión final sobre la multa será aprobada por el Ejecutivo comunitario el próximo 27 de julio, durante su última reunión antes de la pausa estival. Sin embargo, Bruselas ha aplazado de nuevo la segunda parte de la sanción a España por el déficit: la suspensión de parte de las ayudas europeas de 2017.

La cantidad a congelar ya estaba decidida: 1.300 millones de euros, según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. Pero la Eurocámara ha reclamado ser consultada, lo que obliga a retrasar la decisión a después del verano, dado que la mayoría de parlamentarios ya se han ido de vacaciones.

Alegaciones convincentes

El vicepresidente de la Comisión responsable del euro, el conservador letón Valdis Dombrovskis, ha sido el encargado de abrir el debate en el colegio de comisarios. Ha recordado que, según las reglas de la UE, la multa se sitúa por defecto en el 0,2% del PIB, pero que Bruselas también puede reducirla o cancelarla.

A continuación ha intervenido el comisario de Asuntos Económicos, el socialista francés Pierre Moscovici, que ha defendido que la sanción “tiene que ser cero, no hay otra posibilidad”. Moscovici ha sostenido que las alegaciones presentadas por España y Portugal son “convincentes” sobre los motivos que provocaron el desvío del déficit. Y ha argumentado que “hay que creer” a los dos Gobiernos y las nuevas medidas de ajuste que han propuesto. En el caso español, la más importante es pedir a las grandes empresas que adelanten 6.000 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

A favor de reducir la multa a cero se han posicionado también el español Miguel Arias Cañete, el portugués Carlos Moedas, la belga Marianne Thyssen o la búlgara Kristalina Giorgieva, según las fuentes consultadas.

Pero otro grupo de comisarios ha replicado que una multa cero dañaría la credibilidad de la Comisión, y han pedido que se imponga a España y Portugal algún tipo de sanción mínima, aunque sea meramente simbólica. Paradójicamente, la mayoría de los duros con Madrid y Lisboa pertenecen a la misma familia política que el presidente en funciones, Mariano Rajoy: el Partido Popular Europeo. Se trata del vicepresidente Dombrovskis y del comisario austríaco Johannes Hahn y el finlandés Jyrki Katainen. Entre los halcones estaba también la comisaria sueca, la liberal Cecilia Malmström.

El ridículo no mata

El debate lo ha zanjado el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que desde el principio se ha opuesto a las sanciones, aunque las reglas de la UE obligan a Bruselas a proponerlas. “Una multa cero sería ridícula, pero el ridículo no mata”, ha espetado.

Con este reparto de fuerzas, el escenario central sigue siendo que la multa a España por el déficit se reduzca a cero. Pero tampoco se puede descartar que en el último minuto se acuerde una cifra simbólica. Es lo que ocurrió el año pasado con la sanción contra la Comunidad Valenciana por haber manipulado las estadísticas del déficit. El importe máximo previsto en las reglas era de 1.000 millones de euros, pero el castigo final quedó en 19 millones de euros.

También ha sido una sorpresa que se retrase de nuevo la congelación de las ayudas europeas. El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha esperado al tiempo de descuento –el martes por la noche- para comunicar a Juncker que los diputados quieren participar en el debate. Las reglas prevén la posibilidad de que el Parlamento Europeo participe en un “diálogo estructurado” con la Comisión sobre la suspensión de los fondos, aunque no tiene poderes para cambiar o modificar la decisión.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha decidido esperar a consultar con los eurodiputados antes de presentar su propuesta de congelar 1.300 millones de euros de fondos comunitarios a España. Un miembro del equipo Juncker comparecerá ante la comisión de Política Regional de la Eurocámara durante la última semana de agosto. Y la propuesta de suspender los fondos llegará esa misma semana o ya en septiembre.

¿Prórroga de uno o dos años?

El último pilar de la decisión de Bruselas sobre España y Portugal es la nueva senda fiscal que deben seguir los dos países para situar el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad, sobre la que todavía no hay acuerdo. Las últimas previsiones presentadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), han causado alarma en el Ejecutivo comunitario. La AIReF alerta de que el déficit se desviará este año hasta el 4,1% del PIB si España cumple con rigor las medidas anunciadas, pero podría dispararse hasta el 4,7% en caso de indisciplina.

En mayo, la Comisión ya concedió a España una prórroga de un año, hasta 2017, para llegar al 3%. Y fijó como nuevos objetivos el 3,7% este año y el 2,5% el que viene, aunque fueron anulados por cuestiones de procedimiento. Pero las previsiones de la AIReF dejan claro que el nuevo Gobierno necesitará más tiempo para controlar el déficit. Por ello, el Ejecutivo comunitario sopesa dar dos años extra, hasta 2018. Esta es la posición que siempre había defendido Moscovici, pero fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, el que solicitó un solo año.

La decisión de Bruselas sobre la nueva senda fiscal es imprescindible para que el nuevo Gobierno pueda fijar el techo de gasto y elaborar los presupuestos de 2017. Lo más probable es que se adopte también el 27 de julio, aunque las fuentes consultadas no descartan que también se acabe retrasando a septiembre.