Las primeras disputas dentro del Gobierno de coalición por la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ya han comenzado. La causa son los impuestos. Unidas Podemos (UP) quiere que se mantengan los planes iniciales de subírselos a las grandes empresas y a las clases altas, mientras que la parte socialista del Ejecutivo y su presidente, Pedro Sánchez, abogan por aparcar la reforma fiscal hasta que la economía se recupere.

Concretamente, el vicepresidente morado, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que “el acuerdo de Presupuestos contemplará una revisión fiscal en un sentido progresista y redistributivo”, refiriéndose a las medidas pactadas por PSOE y UP en el acuerdo del Gobierno de coalición.

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha alertado contra este planteamiento. El ente, en su último informe, pide a los países que aparquen eventuales reformas fiscales hasta que sus economías ‘resuciten’. “Los países deben tener cuidado de no actuar de forma prematura, ya que esto podría poner en peligro la recuperación”, indica Pascal Saint-Amans, su director de Política Fiscal.

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

Así, la OCDE considera que una reforma fiscal solo será viable “cuando la recuperación esté bien encaminada”. Para ello, reclama que los estados “mantengan el tiempo que sea necesario las medidas de apoyo específicas para familias y empresas”.

Eso sí: cuando los países estén en fase de recuperación económica, la OCDE les recomienda pasar de la gestión de la crisis a reformas fiscales estructurales. “Un camino que debe priorizarse urgentemente es la reforma fiscal ambiental y las políticas fiscales para abordar las desigualdades”, indica Saint-Amans.

A esto suma la necesidad de que los países lleguen a una acuerdo para la fiscalidad digital, es decir, la tasa Google. “La cooperación será aún más importante para evitar que las disputas fiscales se conviertan en guerras comerciales, lo que dañaría la recuperación en un momento en el que la economía mundial menos puede permitírselo", alerta.

Insistencia

En cualquier caso, a pesar de la insistencia de Iglesias, lo cierto es que ahora mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no contempla aplicar la agenda tributaria que se proyectó antes de la pandemia del Covid-19… al menos en 2021.

“Desarrollaremos a lo largo de la legislatura la agenda fiscal acordada, pero hablamos del Presupuesto de 2021. La legislatura dura cuatro años. Tenemos que ser capaces de adaptar esa fiscalidad también a la capacidad de acompañar el momento económico”, indicó este jueves, en Moncloa.

De hecho, esta cuestión quedó zanjada por el propio presidente del Gobierno en la primera semana de agosto. Entonces, Pedro Sánchez dejó claro que no habría reforma fiscal hasta que recuperación económica fuera plena. “Todos los objetivos están fijados con la recuperación económica y la creación de empleo. Cuando tengamos los niveles de PIB previos a la pandemia, tendremos el contexto y las garantías para abordar una necesaria reforma estructural del sistema fiscal”, afirmó.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Moncloa

Con todo, no es el primer choque entre miembros de Unidas Podemos y la ministra de Hacienda en los últimos meses a cuenta de los impuestos. La anterior disputa surgió por la pretensión de los morados de crear un tributo a la grandes fortunas para ‘compensar’ el impacto del Covid-19 en las cuentas públicas.

Sin embargo, Montero siempre se negó a generar una figura de estas características, asegurando que había otras vías, como los impuestos autonómicos, para aumentar la aportación de las clases más altas a las arcas públicas.

Las bases

¿Cuáles son las bases que sustentan la reforma fiscal que pactaron Sánchez e Iglesias a finales de 2019? Concretamente, dos: una subida del IRPF a las clases altas (a partir de rentas de 130.000 euros anuales) y una profunda reforma del Impuesto de Sociedades, destinada a recaudar más de las grandes empresas.

Esto se pretende lograr generando un tipo mínimo del 15% para empresas que facturen más de 1.000 millones anuales, así como rebajar la exención de impuestos del 100% de los dividendos ¡de las filiales extranjeras de compañías españolas y dejarla en un 95%.