El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno aborda el futuro de prácticamente todas las políticas estatales. Entre ellas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según indica la ficha o componente correspondiente a esta prestación, creada en 2020 durante el fragor de la pandemia, antes de que acabe 2021 se tomarán medidas para aumentar su acceso e, incluso, la cuantía para las familias con hijos en riesgo de exclusión. 

"En el corto plazo (finales de 2021) se mejorarán los umbrales de renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para los hogares con menores a cargo", reza el componente 22 del Plan de Recuperación, el dedicado al 'Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión'. 

La intención del Gobierno con esta medida es, entre otras, poner coto a la pobreza infantil. Para ello, se incrementará el acceso al IMV para las familias con hijos alzando los umbrales máximos de renta que permiten percibirlo. Ello tendrá, como efecto secundario, que se eleven las cantidades que reciban los ya beneficiarios del IMV. 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cabe recordar que el IMV es una prestación que busca complementar los ingresos de los hogares o unidades de convivencia más vulnerables. Un ejemplo ficticio permite comprender mejor esta medida del Gobierno.

A día de hoy, el IMV para una unidad de convivencia formada por dos adultos y un menor está en los 751,89 euros al mes. Si se subiera, pongamos, a 850 euros, no solo más hogares tendrían acceso a la prestación sino que quienes percibieran esta ayuda la verían incrementada hasta llegar a la renta mínima de 850 euros.  

Sin embargo, este ejemplo es totalmente artificial. Todavía no hay cifras para el incremento y mejora de los umbrales de renta garantizada. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que la medida está en estudio y se están haciendo simulaciones con todos los umbrales de renta para plantear y ejecutar dichas mejoras.

Hay que recordar que hace tiempo que José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, baraja retocar los umbrales de renta para mejorar el acceso al IMV.

3.000 millones al año

Esta prestación, que cuenta con una dotación anual de unos 3.000 millones de euros, está pensada para llegar a unos 850.000 hogares, pero hasta ahora solo se han aprobado en 210.000 casos. Se han rechazado siete de cada diez peticiones, en la mayoría de las ocasiones por criterios de renta y patrimonio.

No es la única mejora que se plantea para los perceptores del IMV. El Plan de Transformación también pone sobre la mesa que las deducciones fiscales por menores a cargo se revisen y que se refuercen en la nueva Ley de Protección de Familias que también propone el Gobierno a Bruselas. 

El Ejecutivo también apuesta por que el IMV sea la base para desarrollar un nuevo modelo de prestaciones no contributivas del Estado. Para la segunda mitad de 2022 promete una reorganización, simplificación y rediseño del mismo, con una "visión integral y para mejorar los niveles de cobertura y ejecución". 

De manera paralela, en otra ficha del Plan de Recuperación, la 23 (que es la del mercado laboral), el Ejecutivo plantea una de las medidas de 'acompañamiento' del IMV más esperadas: los itinerarios de inclusión laboral.

Inclusión laboral

Con todo, lo que plantea el Gobierno en el Plan de Recuperación es la puesta en marcha de varios proyectos piloto en 2022 y 2023. Se han consignado 298 millones de euros procedentes de los fondos europeos para ello. 

Para el año se viene, se prevé la firma de ocho convenios bilaterales de colaboración con agentes relevantes para la inclusión social, entre los que se incluirán administraciones públicas subnacionales y/o el Tercer Sector de Acción Social. Para dentro de dos años, se firmarán diez convenios de este tipo. 

Al principio del año 2024, se publicará una evaluación sobre la cobertura, efectividad y éxito del IMV, incluyendo recomendaciones para aumentar el nivel de solicitud y mejorar la efectividad de las políticas de inclusión social.

El Gobierno aclara que los fondos citados se gestionarán a través de convenios con las comunidades y ciudades autónomas, las entidades locales, así como las entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

Los planes para el IMV, en este sentido, no se olvidan del sector privado. "Teniendo en cuenta la envergadura del reto que supone la inclusión social, es preciso establecer un sistema de gobernanza que, entre otros objetivos, fomente la colaboración público-privada para la inclusión social de las personas beneficiarias del IMV".

Dicha gobernanza se gestionará "a través del Sello de Inclusión Social, definido como un distintivo público que persigue el fomento de la colaboración público-privada mediante el reconocimiento otorgado a las actuaciones desarrolladas por el ámbito empresarial". Sin embargo, todavía no se han desarrollado las condiciones para recibir este sello o los incentivos para buscarlo.