Concretamente, el compromiso expresado por María Jesús Montero obligará a España a llevar a cabo un recorte del déficit de más de 11.960 millones de euros este mismo año. El resto de la rebaja de los números rojos se tendrá que aplicar en 2024.

Los plazos establecidos no son casualidad. En 2024, los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que volver a aplicar las reglas fiscales, que obligarán a que el déficit público esté sujeto a un máximo del 3% del PIB. 

Superar este límite implicará correcciones adicionales. Lo que no está claro es cuáles. Precisamente, la Comisión Europea ha hecho una propuesta que ahora está negociando con los países que incluye imponer un ajuste automático del 0,5% del PIB al año a los países con déficit excesivo e incluso multas de 660 millones de euros cada seis meses si no se sigue la hoja de ruta fiscal. 

España quedaría libre de esta espada de Damocles si el Gobierno cumple la ruta fiscal prometida a Bruselas, que incluye más rebajas sucesivas del déficit público: al 2,7% del PIB en 2025 y 2,5% en 2026. De hecho, para 2025 el Ejecutivo prevé alcanzar superávit primario

¿Cómo prevé el Ejecutivo sostener este constante descenso de los números rojos? ¿Habrá tijeretazo en medidas sociales para ello? Por lo pronto, Hacienda descarta este escenario. O, al menos, no lo incluye en sus previsiones actuales. 

A falta de que se precisen estos planes, desde el Ministerio argumentan que la reducción del déficit se fundamenta en el "sólido crecimiento económico de España" y al "dinamismo en la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social". 

[El déficit público de 2022 baja al 4,8% del PIB y la recaudación fiscal se eleva a cifras de récord]

Estos son parte de los factores que han llevado a que los ingresos tributarios se elevaran en 2022 a cifras de récord (alcanzaron los 255.463 millones de euros en total) con un incremento del 14,4% respecto a 2021. En Hacienda consideran que este aumento es "estructural" y desdeñan el efecto de la inflación, que "sólo" aportó cinco puntos del crecimiento, según la Agencia Tributaria. 

Por tanto, la reducción del déficit público se basa, sobre todo, en el crecimiento de la recaudación y de los ingresos públicos. Sin embargo, hay dudas respecto a su proyección, avisan voces cercanas a la Agencia Tributaria. 

Por un lado, consideran que todavía se ignora cuánto de la recaudación adicional del año pasado es realmente estructural. Por el otro, dudan de que el mercado laboral vaya a sostener vaya a continuar creciendo al nivel al que lo hizo en 2022. 

Cabe recordar que una de las bases del incremento de la recaudación el año pasado, según la AEAT, fue el IRPF, que se elevó un histórico 15,8%. Esto fue gracias, entre otras cuestiones, al incremento de la masa salarial, que elevó en 2022 un 10,5% en el sector privado y un 4,7% en el público.  

Crecimientos menores

En 2023 la masa salarial crecerá de nuevo, pero se espera que en un mucho menor. Lo mismo ocurrirá con los impuestos indirectos como el IVA, hasta ahora impulsados por una inflación histórica.

Además, no hay que descartar que el Gobierno tenga que afrontar nuevos gastos que se sumarían al déficit, al menos este año. De hecho, el Gobierno podría tener que abonar hasta 4.200 millones por litigios pendientes en 2023. 

La nueva senda fiscal comprometerá al Gobierno que se forme en 2024 tras las Elecciones Generales que se tendrán que celebrar a finales de este año o principios del próximo. Esto ha provocado la protesta de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición. 

En un acto en Huesca, celebrado este jueves, el político gallego afeó el compromiso con Bruselas, dando por hecho que saldrá ganador de los futuros comicios. "¿También va a tener que hacer eso el PP? Ellos lo gastan, lo suben [el déficit] y ahora le ponen deberes a los demás", protestó.