La posibilidad de que en Cataluña se celebre una repetición electoral está en el aire. Salvador Illa, del PSC, no ha logrado por ahora el apoyo de ERC a su investidura como president. Esto llevaría a que la Generalitat esté en funciones durante varios meses. 

En el Gobierno admiten que no se puede saber cuánto puede durar la Generalitat en esta situación de interinidad. Por ello, y si los plazos lo hacen necesario, están dispuestos  a iniciar los contactos para la quita fiscal catalana con un Govern en funciones y dirigido por un Pere Aragonès que con toda seguridad dejará de ser president. 

La idea del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, es comenzar a tratar la condonación de deuda con las regiones cuanto antes. Incluso antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé para finales de julio. 

¿Por qué se prioriza la cita con Cataluña? Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el orden de estas reuniones se ha decidido según la fecha en la que cada región recibió sus competencias autonómicas. 

Cataluña 

Excluido País Vasco (porque no pertenece al régimen fiscal común y no entra dentro de la condonación de deuda estatal), la primera región que recibió sus propias competencias fue Cataluña y por ello será la primera en negociar el perdón parcial de su deuda con el Estado. 

Le seguirán, según ha podido saber este periódico, Galicia y Andalucía.

Cabe recordar que el Gobierno todavía no ha revelado cómo va a ejecutar el compromiso de condonar parte de la deuda que generaron las comunidades autónomas para sostener los servicios públicos durante la crisis financiera. Ni tampoco qué criterios se van a aplicar. 

Se trata de unas variables que está trabajando internamente el Ministerio de Hacienda. La única cifra que se conoce es cuánto se le va a condonar a Cataluña: una quita de 15.000 millones, aproximadamente el 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado. 

Cuando el Gobierno tenga cerrado cómo va a aplicar esta medida a cada región y cuánto va a condonar, todo esto se tendrá que llevar al Congreso y tramitar a través de un proyecto de ley. 

Con todo, en el Ejecutivo no descartan que, si las negociaciones se cierran a tiempo, esta medida pueda formar parte de un proyecto de Presupuestos, quién sabe si los de 2025. 

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, presidente y vicepresidenta primera del Gobierno, en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, aseguró que el Gobierno está trabajando ya, precisamente, en la elaboración del anteproyecto de Presupuestos para el próximo año.

"Esto significa que empezamos ya con todos los ministerios a hacer la carga de necesidades y, posteriormente, con los datos que tengamos, respecto a lo que finalmente sea la propuesta de techo de gasto", explicó.

La idea de Montero es tener las cuentas en tiempo y forma, para poder tenerlas aprobadas antes de 2025. Si es que la situación política no provoca retrasos."Los grupos políticos han transmitido que son independientes, ambas cuestiones: que una cosa es la investidura del presidente de la Generalitat y otra cuestión distinta es la propia negociación y la elaboración presupuestaria", enfatizó.