El gasto disparado de las CCAA y el mayor coste de las pensiones: obstáculos para cumplir el déficit en los PGE

Sin regla de gasto, y en un año 2024 que se entiende como una suerte de transición, las cuentas de parte de las Administraciones públicas comienzan a presentar un diferencial negativo bastante acusado. Las CCAA han disparado su gasto hasta superar los 77.000 millones de euros en abril (último dato disponible), un 6,3% más que en 2023. Pero es que el déficit se ha disparado un 78,5%, hasta los 7.980 millones.

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) no dejan lugar a dudas: las regiones están incrementando sus desembolsos a un ritmo mucho más elevado que sus ingresos y todas menos Navarra y País Vasco —al margen del sistema de financiación autonómico— registran déficit.

El problema con las comunidades autónomas es que, en ausencia de aplicación de la regla de gasto, y con una competencia fiscal a la baja, su balance empeora mes a mes. El déficit medio ya se sitúa en el 0,52%, dos décimas más que el año pasado por las mismas fechas. La intención del Gobierno —que no lo pudo llevar a cabo por el voto en contra del Senado— era situar el déficit máximo para las regiones en el 0,1%.

Sin embargo, y volviendo al gasto, las reglas fiscales que se aplicarán a partir de 2025 tienen como novedad que pasan a tener como variable de control el gasto primario neto de medidas de ingreso, en lugar del déficit estructural (no el del gráfico anterior, sino el endeudamiento estimado que tiene lugar en las cuentas públicas asumiendo que la economía de un país funcionase a pleno rendimiento).

En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que este año las CCAA incrementarán su gasto primario un 5,7% de media. Es por eso por lo que la institución presidida por Cristina Herrero ya advirtió de que este año todas las comunidades incumplirán la regla de gasto, aunque pueda no tener consecuencias.

España, aunque por la mínima, se libró este año de entrar en el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea. Sin embargo, el Consejo Fiscal Europeo, un órgano independiente al estilo de la AIReF, ha censurado a Bruselas por ello. Y es que la Comisión Europea perdonó a España pese a incumplir el Pacto de Estabilidad. Por eso la posición de partida para la entrada de las nuevas reglas no es halagüeña. 

Para revertir esta situación, la AIReF propone un ajuste fiscal de entre el 0,43% y el 0,63% del PIB anual.

Esto, para el conjunto de las Administraciones, implicaría limitar el crecimiento del gasto público, pasando de un aumento del 3,8% anual (26.000 millones de euros) a un 2,4% (10.000 millones menos) o 2,7% (7.000 millones menos), en función de si se realiza en cuatro o siete años, respectivamente.

Seguridad Social

Mientras que el caso de las comunidades autónomas hay duda por la deriva emprendida, consistente en un aumento sine die del gasto al tiempo que rebajan impuestos, para la Seguridad Social la situación es diferente. Las múltiples reformas del sistema público de pensiones de los últimos años han llevado a una situación que obliga a mayores desembolsos.

Al igual que con las CCAA, el Sistema de la Seguridad Social presenta, hasta abril, un déficit del 0,08%. En el lado contrario está la Administración central, con un superávit del 0,1% y una tendencia de mejora, ya que el año pasado por las mismas fechas presentaba un diferencial negativo del 0,03%.

Pero hay otro problema añadido. La regla de gasto nacional se aplica al conjunto de las Administraciones y a cada una individualmente, pero excluye a la Seguridad Social. Sin embargo, las reglas europeas sí la tienen en cuenta. "De lo que pase en la Seguridad Social depende el éxito del resto de subsectores", advirtió este miércoles Cristina Herrero, presidenta de la AIReF.

De ahí que la AIReF apueste por objetivos de gasto diferenciados en función de la situación de cada administración. Y es que si se eximiera a la Seguridad Social de hacer ajustes y mantuviera su aumento del gasto inercial en el 3,9%, el resto de Administraciones tendría que limitar el suyo al 2,2% en lugar de a ese 2,7%. Es decir, que o cambia el paradigma o el creciente gasto en pensiones limitará otras partidas.