El Gobierno ha aprobado una reforma de los planes de pensiones con la que, en teoría, busca incrementar la competencia en el sector, pero cuyas consecuencias más directas pasan por un incentivo al consumo a partir de 2025 y por un incremento y un adelanto de las recaudaciones fiscales.

Hasta ahora, para rescatar las aportaciones realizadas, había que esgrimir argumentos de fuerza, como el fallecimiento o una emergencia económica como la invalidez o el desempleo. Eso, o esperar al momento de la jubilación. A partir de ahora se podrá hacer libremente y recuperar el dinero, con sus intereses, cuando sólo hayan pasado diez años. El primer año en el que esto será así será el 2025, para las aportaciones realizadas antes de 2015.

El Gobierno tiene razón en algo: facilitar la retirada de fondos puede también animar a los usuarios a meter sus ahorros en este tipo de productos, sabiendo que se podrán aprovechar de sus importantes ventajas fiscales y conservando la capacidad de retirar su dinero después de tan sólo diez años, sin tener que esperar a la jubilación.

Pero esta ventaja también es el problema. Lo que ha hecho el Ejecutivo con esta reforma, en cierta forma, es transformar un sistema de ahorro en un sistema de libre disposición para el pago de gastos. Una forma de obtener efectivo en momentos de falta de liquidez que puede ser muy bueno en tiempos de crisis, pero que incrementa el riesgo de que en el momento de la jubilación no quede dinero disponible.

Tampoco olvidemos algo fundamental en esta historia: Hacienda te hará pasar por caja, como hasta ahora, cuando estas cantidades se rescaten. Lo que hace pensar que se ha generado una nueva vía de generar impuestos, en ocasiones mucho antes de lo que sucedería en caso de cobrar del plan en forma de renta.

Algo que no debería ser negativo si no fuera por la situación de un sistema de pensiones que difícilmente es sostenible. Con una tasa de poco más de dos cotizantes por cada jubilado -y bajando-, y descontando el tiempo para que la generación del Baby Boom se incorpore al sistema público, parece evidente que es más necesario que nunca proteger los sistemas de ahorro y garantizar que se usen de esta forma.

Un sistema difícil de sostener

No sólo el privado, que es el que nos ocupa, también el público. Por mucho que Fátima Báñez, ministra de Empleo, se empeñe en asegurar que la pensión pública está garantizada, ella sabe que no es así en los términos actuales. No a corto plazo, pero sí a futuro, cuando no sabremos cuánto nos va a quedar de pensión pública. Es necesario aplicar planes de contingencia -más allá de las reformas aplicadas hasta ahora- para garantizar su viabilidad futura.

La caída de las cotizaciones en los años de la crisis y el aumento de los pensionistas hace que para incrementar la recaudación de la Seguridad Social se necesiten más cotizantes. Sobre todo porque, como bien dijo la Ministra hace unos días en el Congreso, la pensión media de superación ya supera los 1.000 euros, con 1.500 euros entre los jubilados más frecuentes. Y eso, son los salarios actuales, parece complicado de cubrir si no es metiendo más trabajadores al sistema. Ojo, y de ahí también el interés del Gobierno en que ahora hay que subir los salarios.

Así que si el Estado gasta ahora en pensiones más de 140.000 millones de euros, en torno al 40% del presupuesto, imagine lo que ocurrirá en el futuro. Parece evidente que habrá que buscar fórmulas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social; o, por el contrario, aligerar su carga. ¿Cómo se hará? Reduciendo la tasa de sustitución -el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral-, que pasará del 80% actual al 50% que existe de media en los países de la OCDE.

La importancia de los planes privados

Habrá que jugar también con las aportaciones a planes de pensiones privados. Y eso, desde luego, no se logra con la reforma adoptada por el Ejecutivo en el último Consejo de Ministros, que elimina la ‘exigencia’ del ahorro en pos de una supuesta competencia entre las gestoras.

Algo inédito, habida cuenta de que se está incorporando un riesgo añadido a los fondos de inversión. Les obligará a realizar coberturas para cubrir las retiradas -ahora imprevisibles- y, por tanto, incrementando el riesgo ante posibles turbulencias financieras.

Se incluye además una reducción del tope de comisiones que pueden cobrar los fondos. Esto impedirá, según el economista Javier Santacruz, que haya movimiento de carteras para evitar los gastos de corretaje. Así que las rentabilidades irán a la baja. O más a la baja, teniendo en cuenta que en un mercado como el español la mayor parte de los fondos son de renta fija o fija-mixta.

Basta mirar los datos de Inverco. Allí se puede comprobar cómo, a pesar de que parece que las cosas van cambiando, la renta fija sigue pesando en la cartera más que la variable, que ha pasado de un 27,6% en 2016 al 33,6% en 2018.

La reacción de los sindicatos

En todo caso, desde CCOO no sólo coinciden en que el Gobierno está siendo incoherente con sus políticas, también dudan de que la reducción del techo de comisiones suponga un impacto para la mayor parte de los 8 millones de contribuyentes a fondos de pensiones en España y que afectará principalmente a los planes individuales, dado que "gracias a la negociación de trabajadores a través de comisiones de control con presencia salarial", soportan comisiones medias muy inferiores, que rondan el 0,2% y el 0,3% anual.

Para colmo, después de otro de los cambios recientes, se puso otra barrera al ahorro: a partir del 1 de enero de 2025, los acreedores podrán embargar el patrimonio de los planes de pensiones cuyos partícipes tengan cuentas pendientes con terceros.

¿Qué podría hacer el Gobierno si quiere estimular los planes de pensiones? Más allá de avanzar de un sistema como el sueco, en el cual cada cotizante dispone de una cuenta nocional en la que sabe cuánto dinero aporta y cuánta prestación va a recibir en el futuro, lo que mejoraría drásticamente la predictibilidad del sistema, habría otras formas de mantener la libertad de recuperar de forma anticipada los fondos. Como por ejemplo, hacer más rentable para los ciudadanos rescatarlos en forma de renta o ‘sueldo’ una vez jubilados. ¿Cómo hacer esto? Para empezar, bajando los impuestos que se cobran a quienes utilizan esta fórmula.