Estados Unidos ha puesto en marcha desde este jueves la polémica ley Helms-Burton, que permitirá a que ciudadanos estadounidenses reclamen bienes confiscados durante la Revolución cubana y que actualmente están en poder de empresas. Una situación que tiene un especial impacto en el sector hotelero de la Isla y donde las empresas españolas tienen una buena parte del mercado.

Meliá, Iberostar, Barceló, Globalia, Sercotel, NH, Blau o Roc son las señaladas que operan decenas de hoteles en diferentes ciudades en Cuba. No obstante, en el sector prefieren no hacer caso a posibles escenarios y los pocos que han hablado quitan hierro a esta nueva normativa, indicando que no tienen en propiedad los hoteles que gestionan. 

Desde Barceló Hotel Group indicaron a este periódico que los tres hoteles que gestiona en Cuba no son de su propiedad, por lo que cualquier reclamación y eventual expropiación se dirigiría a los dueños del inmueble. En el caso de Melía son aún más tajantes. Según han indicado a diversos medios no tienen propiedad, ni total ni parcial, de ningún activo que pueda ser reclamado.

Reuniones en España

Otras fuentes del sector han señalado a EL ESPAÑOL que se sigue trabajando con normalidad. Además, añaden que las empresas que operan en Cuba están muy acostumbradas a trabajar bajo las presiones de Estados Unidos.

Del mismo modo, este periódico ha confirmado que las últimas dos semanas la CEOE española ha mantenido contactos a diferentes niveles con la Administración Trump y con el gobierno español para analizar el impacto de esta normativas y las vías que se abren para proteger las inversiones de las empresas españolas en Cuba.

Desde la CEOE confirman la preocupación de los empresarios aunque prefieren mantenerse “discretos” sobre a qué compañías afecta esta medida aprobada por la administración Trump el miércoles 17 de abril. En esta línea, fuentes de la patronal aseguraron que se han mantenido reuniones con los ministerios de Industria y de Exteriores y con la embajada estadounidense en Madrid.

Apoyo de Moncloa a las empresas afectadas

El objetivo de las reuniones es evitar que la reactivación de este título tenga impacto sobre las empresas españolas y europeas. De hecho, las mismas fuentes señalan que Business Europe, la patronal europea se encuentra “defendiendo el mismo asunto” junto al Gobierno y la CEOE.

Hace dos semanas, el Gobierno señaló que las empresas que puedan verse afectadas pueden contar con el respaldo de la Administración. "El Gobierno de España va a estar respaldando a las empresas españolas en Cuba y entendemos que Europa va a apoyar, junto a España, a las empresas con actividades comerciales legítimas y bien organizadas en otros países", explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.

Historia de la normativa

La Ley aprobada en 1996 fue denunciada por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por perjudicar a las empresas europeas. Un acuerdo durante la presidencia de Bill Clinton en 1998 permitió mantener suspendidos los títulos III y IV de la norma y Bruselas anuló el procedimiento contra Washington.

Los sucesores de Clinton, George Bush y Barack Obama, enviaban una notificación al Congreso cada seis meses para que estos títulos no entrasen en vigor durante sus mandatos y permaneciesen suspendidos. Sin embargo, Trump pasó a enviar sus notificaciones cada 45 días y fue acortando el tiempo hasta mediados de abril, cuando la desbloqueó definitivamente.