Nació en 1971, es polaco, se llama Maciej Szpunar y desde 2013 es Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y este martes será uno de los nombres propios de la actualidad financiera española porque expondrá sus conclusiones sobre el 'caso IPRH'. De él, del informe que publique hacia las 9:30 horas, estarán muy pendientes los bancos españoles, de un lado, y alrededor de un millón de clientes que firmaron sus hipotecas con el IRPH como índice de referencia, de otro.

Si bien su pronunciamiento no es vinculante para la sentencia definitiva que el TJUE emitirá en unos meses, previsiblemente a comienzos de 2020, lo cierto es que lo que establece el Abogado General suele marcar el camino que luego sigue el Tribunal. Por eso es tan relevante lo que diga este martes. Por eso y, sobre todo, por la envergadura del caso, con ese millón de préstamos implicados y con un impacto para el sector bancario que en el peor de los escenarios para sus intereses incluso podría alcanzar los 60.000 millones de euros.   

Como ha ocurrido antes con otros casos sobre productos o índices bancarios, lo que se dirime son la transparencia y las prácticas del sector. Es decir, si el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios, más conocido por sus siglas IRPH, un índice oficial y elaborado por el Banco de España (BdE), fue usado por las entidades de manera transparente cuando lo incluían en los contratos sobre los préstamos que ofrecían a los clientes. 

La tesis del sector es que sí, que fue utilizado de manera informada y transparente. La de los clientes es que no, que no fueron informados de manera conveniente del cálculo del IRPH ni de lo que era y que eso les penalizó luego en forma de mayores intereses. 

"Lo que está dirimiéndose, una vez más, es la transparencia con la que la banca incluyó e informó a los clientes sobre el uso del IRPH en los préstamos hipotecarios"

El IRPH emergió principalmente entre 2006 y 2009 como alternativa a un euríbor a 12 meses que en ese intervalo, y al calor de la crecientes restricciones financieras provocadas por la crisis y de la subida de los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) ejecutó en julio de 2008, subió con fuerza. El IRPH se situó como el gran sustituto por la sensación de transmitir mayor estabilidad y menores oscilaciones. 

La 'sorpresa' vino luego, cuando el euríbor empezó a bajar con fuerza y el IRPH no le siguió, con lo que los préstamos vinculados al IRPH pasaron a pagar unos intereses más altos que los que estaban referenciados al euríbor. Según la estimación realizada por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), "pagaron de media 165 euros más al mes desde 2004 hasta este año, con respecto a los que estaban referenciados al euríbor, lo que supone un total de 24.987 euros de sobrepago, en términos generales". 

Esta realidad dio lugar a una litigiosidad que, a finales de 2017, deparó que el Tribunal Supremo fallara a favor de Kutxabank sobre el uso transparente del IRPH, pero sin unanimidad por parte de los magistrados. Meses después, en febrero de 2018, el juzgado de instrucción nº. 38 de Barcelona elevó la cuestión al TJUE porque ponía en duda que el Tribunal Supremo se estuviera ajustando a la doctrina europea tras haber fallado a favor de los bancos. Ahora, tras posponer unas conclusiones previstas inicialmente para junio, Szpunar comenzará a mostrar ya la posición de la Justicia europea sobre este caso. 

SENSIBILIDAD TOTAL

Los cálculos preliminares, con esos impactos de 25.000 euros por préstamo, dejan entrever que si el Abogado General, primero, y luego el TJUE fallan contra los bancos, el impacto para el sector será considerable. Con excepción de Bankinter, que no tiene hipotecas referenciadas al IRPH, los otros cinco bancos cotizados del Ibex 35 -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell- reconocieron en la presentación de sus resultados semestrales una exposición conjunta de 16.500 millones de euros al 'caso IRPH'. CaixaBank es la entidad más expuesta con 6.700 millones de euros, seguida de Banco Santander (4.300 millones de euros), BBVA (3.100 millones), Bankia (1.600 millones) y Sabadell (830 millones de euros).

Ahora bien, la 'factura' final puede ser mayor si el veredicto definitivo incluye algún tipo de retroactividad. Asufin habla de un impacto de 25.000 millones de euros y Goldman Sachs menciona otro de hasta 44.000 millones. 

Para los bancos, por tanto, la sensibilidad hacia la resolución del 'caso IRPH' es máxima. Un fallo a su favor les libraría de la principal incertidumbre judicial de la que están pendientes ahora y encontrarían así un argumento para rebotar en bolsa. Por el contrario, un fallo en su contra se traduciría en un impacto adicional que supondría un nuevo motivo para prolongar su debilidad en el parqué.