La puesta en marcha de los créditos con aval del Estado ha sido una de las medidas estrella del Gobierno para intentar frenar la sangría económica de miles de empresas por la pandemia, algo en lo que coinciden empresarios y banqueros. Eso sí, tendrá como consecuencia la asunción de pérdidas según vayan aflorando los impagos tanto para el Estado como para los bancos, que ya han dotado millonarias provisiones como escudo protector.

El Gobierno, por su parte, estima que se enfrentará a una morosidad de los conocidos como créditos ICO del 10%, lo que se traduce en pérdidas de 10.000 millones de euros, según recoge el Informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2021-2024 publicado esta semana por la AIReF a raíz del plan que Hacienda ha remitido a Bruselas.

Como explica la autoridad independiente, el impacto no se notará hasta 2022 y 2023, cuando el Estado tendrá que asumir pérdidas de 6.000 millones y 4.000 millones, respectivamente. A este coste se suman los 3.000 millones que el Ejecutivo tiene reservados para asumir quitas de deuda.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, en el Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Tomando como referencia esta previsión y teniendo en cuenta que el Estado avala entre un 70% y un 80% del importe de los créditos, la banca se enfrentaría a unas pérdidas por impagos de entre 2.500 y 4.285 millones de euros. La mayoría de operaciones, de hecho, están garantizadas en un 80% al tratarse de transacciones solicitadas por autónomos y pymes, que tienen derecho a mayor aval que las grandes empresas.

Esta estimación únicamente se refiere a los impagos que puedan producirse en las líneas de financiación con aval del Estado, pero no incluye las que podrán afrontar los bancos por el resto de créditos que han ido concediendo durante la pandemia ni las pérdidas que tendrán que asumir con la aplicación de las quitas de deuda de estos créditos ICO, sobre las que el Gobierno ya ha publicado todos los detalles.

La normativa aprobada por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia deja claro que el riesgo de esta financiación con aval es compartido entre el Estado y los bancos, dado que "se trata de avales en rango pari passu".

"Las entidades financieras abonarán al ICO los importes derivados de la remuneración del aval y el porcentaje, en pari passu, de las recuperaciones equivalente al riesgo avalado que, en su caso, realicen de los importes impagados", señala la normativa. 

Provisiones millonarias

Precisamente para enfrentarse a este riesgo, los bancos comenzaron ya en el primer trimestre del pasado año a dotar provisiones millonarias, que se llevaron por delante gran parte de su beneficio.

El mayor esfuerzo lo realizaron durante el primer semestre, tras el cual ralentizaron el ritmo de dotación extraordinaria por la Covid-19 hasta el punto que las entidades que han realizado este tipo de provisiones en el primer trimestre de 2021 han sido la excepción.

Este escudo protector se verá reforzado por la ampliación del vencimiento (a diez años) y la carencia (según acuerdo entre las partes) de los créditos ICO que el Gobierno ha aprobado esta semana, que aliviará la carga financiera de las empresas y les permitirá repartir sus obligaciones en un plazo mayor. En consecuencia, minimizará el riesgo de impago.

Junto con esta medida, el Ejecutivo aprobó los criterios que deberán aplicar los bancos para renegociar la deuda de los clientes que lo soliciten, ya sea a través de estas ampliaciones, de la conversión del crédito en un préstamo participativo o de una quita, que será el último recurso.

Todas estas medidas ayudarán a la banca a esquivar el peor golpe, pero también al Estado, que se comprometió a conceder hasta 140.000 millones en avales para garantizar la llegada de la financiación a las empresas y que los bancos no tuvieran reticencias a la hora de conceder los créditos.

De ese importe, de acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre de abril, se han concedido ya 90.671,8 millones a través de casi un millón de operaciones, lo que ha movido una financiación de 119.394,3 millones. El 70% del importe corresponde a financiación recibida por autónomos y pymes y el resto, a empresas de mayor tamaño.