El fallo del juez Degreef establece que "el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado". Considera que "no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables". 

Además, añade que "nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores".

La deuda acumulada por el Reino de España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros. El laudo original era de 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado 4 millones de euros adicionales debido a los intereses de demora.

Adicionalmente, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros en concepto de condenas en costas por este mismo caso. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros.

En la decisión que ahora trasciende, la justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas.

Finalmente ha sido resuelta por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.

Para su defensa, el Reino de España se opondrá a la decisión judicial belga, "dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, aseguran que no se les ha notificado dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del mencionado laudo arbitral.

Reino Unido

La justicia belga sigue así a los tribunales británicos, que ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña o el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

También de cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

Los acreedores renovables aseguran que han identificado nuevos activos por valor de 5.000 millones de euros que podrían ser embargados por los laudos, pero prefieren negociar con el Estado español para llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Las empresas con laudos renovables denuncian que España tiene una deuda total con ellas de cerca de 1.900 millones de euros. Según sus abogados, de esta cifra, 1.560 millones corresponden al total de indemnizaciones en fallos contra España y más de 300 millones son intereses de demora.

Por su parte, el Gobierno de España defiende ante estos litigios que los pagos de los arbitrajes podrían violar el derecho de la Unión Europea y constituir una ayuda estatal ilegal incompatible con el mercado interno. 

El origen de los laudos renovables en España se remonta a mediados de la década de los 2000, cuando el Gobierno español introdujo incentivos para atraer inversores, lo que condujo a una expansión significativa de la industria solar.

Más de 66.000 familias y empresas solares comprometieron 65.000 millones de euros en incentivos para asegurar que España alcanzara el objetivo de la UE del 20% de energía renovable en 2010, superando a cualquier otro país europeo.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Efe

No obstante, la crisis económica a finales de la década de 2000 llevó a España a reconsiderar sus políticas de energía renovable. Como parte de sus medidas de austeridad y durante el primer mandato de Mariano Rajoy, España implementó una serie de cambios regulatorios que impactaron negativamente a los inversores en energía solar.

Específicamente, redujeron las tarifas de alimentación, introdujeron nuevos impuestos y establecieron límites a la producción de energía renovable. Estos cambios fueron retroactivos, de modo que las empresas afectadas demandan que el Estado violó los compromisos de España bajo varios tratados internacionales de inversión.